España sólo repatrió a 81 de los 4.441 menores marroquíes acogidos

La llegada de menores marroquíes a las costas españolas se ha convertido en un problema para Madrid y Rabat. No sólo porque su número se ha disparado en los últimos dos años, sino también por las dificultades para repatriarlos. De los 4.441 muchachos acogidos por las comunidades autónomas en 2004, las garantías legales sólo permitieron acordar el retorno de 526. Y la escasa efectividad de los consulados marroquíes redujo las repatriaciones a 81.

Los secretarios de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, y de Seguridad, Antonio Camacho, se reunirán este fin de semana con sus homólogos marroquíes en Marraquech para articular una solución a un problema que, paradójicamente, es consecuencia de la colaboración entre los Gobiernos de ambos países en la lucha contra la inmigración irregular.

Durante años, las redes de inmigración clandestina actuaron con casi total impunidad tanto en el norte de Marruecos como en el Sáhara Occidental, territorio controlado por las autoridades de Rabat desde 1976. Pero la situación cambió tras la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa. La mejoría que experimentaron las relaciones entre Madrid y Rabat se reflejó en un cambio de actitud en las fuerzas de seguridad marroquíes. Los mismos agentes que antes aceptaban sobornos de los traficantes a cambio de mirar hacia otro lado cuando zarpaban las pateras, comenzaron a aplicarse para impedir su salida hacia España.

Al mismo tiempo, la extensión del Sistema Integral de Vigilancia Electrónica (SIVE) -un despliegue de radares, cámaras infrarrojas y sensores térmicos- a toda la costa de Andalucía y parte de la de Canarias permitió detectar casi todas las pateras que lograban burlar los filtros marroquíes. Desde entonces, sus ocupantes son interceptados y devueltos a su país en menos de 24 horas. Parecía que a los traficantes de personas se les había agotado el negocio.

Pero las redes de inmigración clandestina encontraron un nuevo filón en el tráfico de menores, cuya repatriación es muy difícil por las numerosas garantías que establece la legislación española. Baste señalar que en el retorno de cada uno de esos muchachos deben intervenir tres secretarías de Estado, una subsecretaría, las delegaciones del Gobierno de la zona en la que se encuentra el chico y las consejerías de protección de menores y de sanidad de la comunidad autónoma.

Una fuente de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración explica así la situación: "Nuestra legislación protege, ante todo, el interés del menor. Y para garantizarlo ha desarrollado un procedimiento muy complejo, en el que intervienen muchos actores. Ante la menor duda sobre el efecto que el retorno de un muchacho pueda tener sobre éste, se suspende".

El resultado es que a lo largo del año pasado las autonomías tutelaron a 4.441 menores marroquíes no acompañados. Y que las garantías legales sólo permitieron acordar el retorno de 526; esto es: la octava parte.

La ley española sólo permite la vuelta de los muchachos a su país en dos supuestos: deben ser entregados a sus familiares o, en su defecto, a los servicios de protección de menores. Dado que en Marruecos no existen centros de este tipo, la única alternativa es localizar a las familias.

Ahí es donde entran en juego los consulados marroquíes. Las autoridades españolas les entregan la documentación que han acumulado sobre el menor, con el fin de que ellos la remitan a su Gobierno, el cual debe localizar a los familiares del chico. Pero también aquí falla el mecanismo: "En el 90% de los casos, los consulados no contestan", señala una fuente del Ministerio del Interior. El resultado es que de los 526 acuerdos de retorno que las autoridades españolas les remitieron en 2004, sólo se llevaron a cabo 81; esto es: la sexta parte.