La oposición asegura que la medida "llega tarde" e insiste en que hay que disolver el Ayuntamiento

Ningún grupo político andaluz puso ayer en cuestión el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía de retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella, gobernado por una amalgama de tránsfugas. Pero sí hubo una crítica explícita de la oposición (PP e IU) a que la medida "llega tarde" y no arregla nada, por lo que reclamaron el inicio de los trámites para disolver el Ayuntamiento y convocar de nuevo elecciones. Los socialistas aplaudieron la medida y reclamaron al Partido Popular que se sume a "lucha contra el urbanismo ilegal".

Javier Arenas (PP) y el diputado de IU, Antonio Romero, reclamaron ayer la disolución del Ayuntamiento de Marbella, una medida que jamás se ha aplicado en España. Al contrario que IU, el PP defiende ahora esta posición, aunque cuando Arenas era vicepresidente segundo del Gobierno explicó en el Congreso (septiembre de 2003) las dificultades para adoptar esta medida por las restricciones de la Ley de Bases de Régimen Local y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ya que las causas de la disolución deben incluir ataques graves a los intereses generales e incumplimientos reiterados de las obligaciones constitucionales.

La retirada de competencias "no va a arreglar absolutamente nada", opinó Arenas, quien consideró que Chaves se ha metido "en un lío monumental" porque su partido cree "inconstitucional quitarle competencias a un ayuntamiento".

Antonio Romero consideró "positiva" la medida, aunque "llega tarde". Esta opinión también la suscribió el presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Carlos Hernández Pezzi, para quien la retirada de competencias "es oportuna" aunque llegue "tarde" ya que quizás no se aplicó antes porque "no estaban los instrumentos legales".

La Asociación de Promotores de Turismo Residencial y Deportivos de Andalucía (Promotur) reclamó en un extenso comunicado que la medida cuente con todos los avales jurídicos de viabilidad oportunos, para "no incrementar la sensación de inseguridad jurídica". También advierten de que se pueda producir falta de garantías al no existir un desarrollo reglamentario de la ley y pidieron que la medida "no suponga de ninguna manera" la imposición del PGOU encargado por la Junta.