El plan de la discordia

El matrimonio de conveniencia entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella para elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que devuelva la paz urbanística al municipio ha saltado por los aires. Casi dos años después de alcanzar un convenio, por el cual el Gobierno autonómico financiaba el 60% de los gastos del documento, y ambas instituciones tutelaban el plan, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, ha anunciado que retirará las competencias urbanísticas a un Consistorio que "está haciendo imposible que se avance" en un plan más que necesario.

Desde mayo pasado, la armonía inicial entre Junta y Ayuntamiento se trocó en batalla dialéctica cada vez más subida de tono. El detonante fue la presentación en solitario por la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, del avance del PGOU, elaborado por el arquitecto Manuel González Fustegueras. La consejera instó al pleno municipal a aprobarlo en el plazo de un mes, algo a lo que la alcaldesa, Marisol Yagüe, se negó. Ahora, transcurrido el periodo de sugerencias, que finalizó en octubre pasado, queda la duda de cómo afectará a la tramitación del documento la decisión de la Junta. Ni Chaves ni Gutiérrez han querido aventurarlo. En principio, el polémico documento podría haber sido aprobado en el plazo de seis meses, de seguir los pasos habituales.

El documento reserva 6.000 hectáreas para espacios libres y suelo no urbanizable

Chaves no ha explicado cómo afectará la medida al avance del nuevo planeamiento

Más que en ningún otro sitio, Marbella necesita actualizar su ordenamiento urbanístico, pues el vigente data de 1986 y se da la circunstancia de que nunca fue aceptado por Jesús Gil, que dirigió la ciudad durante 11 años, y durante cuyo mandato proliferaron numerosas irregularidades urbanísticas en el municipio. Moya calculó la pasada semana en 6.500 millones de euros el coste de reparar las irregularidades, cifra que la Junta ha rechazado.

Viviendas irregulares

La ciudad cuenta con unas 30.000 viviendas irregulares impugnadas en los tribunales, de las que 25.000 podrían ser legalizadas según el nuevo PGOU. Las restantes 5.000, que se refieren a promociones realizadas en suelo no urbanizable, protegido o en suelos destinados a equipamientos públicos y sistemas generales de importancia estratégica, quedarán fuera de ordenación en manos de lo que decidan los juzgados al haber incurrido en delitos contra la ordenación del territorio.

El propio documento reconoce que el urbanismo ha sido gestionado en Marbella desde 1994 "con desprecio al plan vigente y sobre la base de un planeamiento inexistente". El redactor del plan, Manuel González Fustegueras, se ha mostrado sorprendido por la cantidad de irregularidades registradas, y considera que no debe hacerse una amnistía general. No obstante, propone que se estudie de forma individualizada cada caso de obra ilegal.

Frente a la voracidad urbanizadora de los últimos años, el plan prevé mantener 6.003 hectáreas de suelo no urbanizable, el 51% del término municipal. Contempla también la construcción de 50.000 nuevas viviendas -unas 4.000 o 5.000 al año- en las 3.661 hectáreas de suelo urbano en los próximos 15 años, el doble de la previsión de crecimiento de la población más optimista del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Hay un margen más que suficiente y el documento no es especialmente restrictivo, porque define un modelo equilibrado", aseguró en su día el jefe del servicio de Planeamiento Urbanístico de la Junta, Emilio García. No opinan lo mismo los promotores, para los que las 50.000 viviendas previstas son "a todas luces" insuficientes. "En Marbella se han vendido 15.000 viviendas al año, por lo que con esta previsión el plan estará completamente consumado en tres años", dijo en mayo el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, José Prado, que vaticinó un encarecimiento de los precios.

El texto reserva para espacios libres y suelo no urbanizable el 51% de las 12.000 hectáreas de superficie del municipio, con 1.500 hectáreas de espacios libres públicos con una ratio de 60 metros cuadrados por habitante en el caso de mayor crecimiento demográfico. Otra medida criticada por algunos ex concejales gilistas, que consideran que a otras poblaciones no se les exige una cifra similar a la de Marbella. Tampoco Yagüe, se muestra conforme con el sistema de compensaciones propuesto por González Fustegueras.

El avance del PGOU pone especial acento en la mejora del sistema de comunicaciones y las relaciones con otras ciudades del entorno, para lo que contempla una variante a la autopista A-7 y un nuevo viario intermedio entre esta y el trazado de la antigua N-340, que permitirá descongestionar la primera del tránsito interno y potenciar en la segunda el transporte público reservando carriles reservados. También se reserva suelo para el corredor ferroviario de la Costa del Sol y se libera el peaje entre San Pedro y Marbella.

Entre las nuevas infraestructuras prevé un puerto deportivo en San Pedro y la regeneración de las playas entre este núcleo urbano y Puerto Banús. Además plantea cuatro actuaciones estratégicas: un complejo con equipamiento educativo de primer nivel de carácter universitario con un parque tecnológico, parque residencial e intercambiador de transportes en Guadaiza, al oeste del término municipal; un palacio de congresos y centro de iniciativas turísticas con intercambiador de transportes en Holandalucía, junto a la urbanización Nueva Andalucía; un parque empresarial en el entorno del parque comercial La Cañada; y viviendas protegidas en Marbella Este.

En los cuatro meses que el avance ha permanecido en exposición pública, el Ayuntamiento ha recogido más de 2.000 sugerencias procedentes de colectivos, partidos políticos y particulares, que el coordinador del PGOU, Arturo Moya, remitirá "íntegramente" al equipo redactor junto a las recopiladas por la Junta en el CINTA.

En principio, el equipo de gobierno de Yagüe había decidido hacer suyas las propuestas de los colectivos sociales del municipio, "para no condicionar o interferir" en el trabajo del equipo redactor. "El equipo redactor decidirá si las incorpora o no", señalaron fuentes próximas a la alcaldesa antes de que la Junta anunciara la retirada de las competencias urbanísticas. El Consistorio confiaba en que se incorporasen algunas modificaciones, como las referidas al vivero de San Pedro Alcántara o el Albergue Africa, que aparecen como urbanizable; el Salto del Agua, con el que ocurre lo contrario; o algunas parcelas que han pasado de urbanizables a no urbanizables.

El siguiente paso, en condiciones normales, sería que una vez el equipo redactor estudie las propuestas, el documento pasara nuevamente por el pleno para su aprobación inicial. Posteriormente se abriría un periodo de información pública y presentación de alegaciones, que no de sugerencias. Una vez sean estudiadas y atendidas se produciría la aprobación provisional, también en el pleno. Finalmente, se remitiría el avance a la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía, para su aprobación definitiva.

Desde el Ayuntamiento, antes del anuncio de Chaves, se defendía que el arquitecto debería someter el texto a la comisión técnica bilateral formada por técnicos municipales y representantes de la Junta de Andalucía antes de que fuera aprobado inicialmente por el pleno. No obstante, aseguraban que "si existe voluntad política, en seis meses podría aprobarse definitivamente el PGOU".

Un optimismo que trataba de superar las constantes discrepancias entre la Junta y el Ayuntamiento desde que se presentó el avance en mayo pasado. Yagüe, llegó a decir que el documento de Fustegueras le encantaba, pero que era tan idílico que lo veía imposible de ejecutar. La alcaldesa tampoco se ha mostrado de acuerdo con los mecanismos para la legalización del 85% de las viviendas irregulares, que considera debe extenderse al 100%. El delegado provincial de Obras Públicas, José María Ruiz Povedano, ha reprochado a su vez a la alcaldesa que siga dando licencias de primera ocupación y permitiendo la conclusión de obras paralizadas o anuladas por los tribunales.