Un mayúsculo enredo político y urbanístico

La maraña actual de Marbella es consecuencia de una turbia gestión que esta semana le ha pasado a la ciudad su mayor factura. Desde que el PSOE perdió la alcaldía con la irrupción del polémico Jesús Gil y Gil en 1991, nada ha vuelto a ser igual.

La política local se ha convertido en una vertiginosa espiral en la que los desmanes urbanísticos han dado paso a un continuo desfile de concejales por los juzgados. La herencia de la gestión municipal durante la década de Gil y el breve paso de Julián Muñoz, ambos políticos inhabilitados, provocó un extraño matrimonio a tres bandas capitaneado por Marisol Yagüe, alcaldesa a la que la Junta ya ha impugnado tantas licencias de obra como a Gil y Muñoz juntos, en sólo dos años en el poder.

Apenas ha habido tregua. Tras una moción de censura en 2003, la expulsión de tres concejales del PA del equipo de gobierno el pasado septiembre, y la reciente inhabilitación de dos concejales, PP y PSOE afilan sus armas con vistas a las próximas elecciones. Ambas formaciones son conscientes de que tanto titular controvertido tiene que producirle un inevitable desgaste a esta jugosa alcaldía a la que no terminan de hincarle el diente. Las idas y venidas de tránsfugas y peleas internas han provocado un mapa político local con nada menos que nueve grupos municipales distintos, para una corporación de sólo 27 concejales.

Esta inestabilidad política, conjugada con una dudosa contabilidad y el rampante urbanismo, han dado lugar a un cóctel sumarial de ocho concejales condenados por procesos judiciales y 27 imputados desde 1991. El edil del PA Carlos Fernández ha sido sólo el último ejemplo, y su juicio por malversación ha quedado pendiente del veredicto del jurado esta semana.

El anuncio de retirar las competencias urbanísticas culmina el hartazgo de la Junta ante el imparable crecimiento de la ciudad. La Consejería de Obras Públicas ha expresado su preocupación al creer que la gestión municipal perseguía volver "irreversibles" unas obras cuyas licencias ya habían sido catalogadas de ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El nuevo PGOU, redactado por el arquitecto Manuel González Fustegueras, establece mecanismos para regularizar el 85% de las viviendas, y respecto a las 5.000 viviendas que quedarían fuera de ordenación, su futuro queda a expensas de la decisión de los tribunales.