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El PSPV rechaza la LUV, pese a que el PP le aprueba 80 enmiendas, porque es un "bodrio"

La norma urbanística supera el trámite de la comisión de las Cortes y pasa al pleno

El PP no consiguió ayer que los grupos de la oposición votaran a favor el proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV), que se debatió en la comisión de Obras Públicas de las Cortes. Y eso a pesar de que los populares aprobaron 80 enmiendas del PSPV y 13 de Esquerra Unida-L'Entesa, además de otras 28 que fueron objeto de transacción. Los populares hicieron gala de su magnanimidad a la hora de aceptar enmiendas y de adaptar el proyecto a las directrices de la Comisión Europea. Los socialistas justifican su voto en contra en que el proyecto es un "bodrio" que no resuelve los problemas, no pone límite al crecimiento, no apuesta por la VPO y agrava los problemas de los propietarios.

El PP se esforzó ayer en hacer ver que la nueva ley incorpora tanto las recomendaciones de la CE como muchas de las sugeridas, gracias a sus enmiendas, por los grupos de la oposición, pero no logró que estos apoyaran el texto. Ayer, en la comisión, el PP aprobó 80 de las 171 enmiendas presentadas por el PSPV y 13 de las 360 de EU-L'Entesa. Además, se aprobaron 267 presentadas por el PP, 158 de ellas de estilo.

Todo ello ha supuesto algunas mejoras respecto a la vigente Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Así, los socialistas lograron que el primer artículo incluya una referencia explícita a la función social del suelo. Y consiguieron eliminar la definición de suelo urbanizable que, de salir adelante el texto del PP sería aquel que, "conforme a la ordenación territorial y urbanística, no deba excluirse permanentemente del proceso de urbanización ni proceda a su clasificación como suelo urbano". Una definición que, según Adolf Sanmartín, portavoz del PSPV en la comisión, equivalía a decir que todo suelo se considera urbanizable.

También se ha modificado, a través de una enmienda transaccional del PP, el sistema de adjudicación, de manera que el empresario constructor que ejecute los proyectos de urbanización aprobados por la Administración será elegido por subasta. Además, se establece que en ningún caso el urbanizador o una empresa vinculada a él puedan participar en la licitación de un PAI.

Pero estos avances no fueron considerados suficientes por los socialistas, a pesar de que el popular Rafael Maluenda defendió que las enmiendas de su grupo adaptan la LUV tanto a las recomendaciones del Gobierno central como a las de la CE, al tiempo que destacó que una veintena de iniciativas del PSPV contradecían las directivas europeas. Los populares también destacaron que el nuevo texto "resuelve los aspectos negativos de la LRAU".

Los socialistas consideran que el texto es un "bodrio" producto de la "ceremonia de la confusión" que se ha generado en torno al proyecto, de manera que al final "no se sabe qué ley se va a aprobar". Eugenio Burriel, responsable de Territorio y Vivienda de la ejecutiva nacional del PSPV, lo resumió así: "Nuestras enmiendas son a la primera ley, la segunda ya no la podemos enmendar y la tercera, que es la que resulta de las transaccionadas, tampoco".

Por su parte, Carles Arnal, portavoz de EU-L'Entesa, justificó su rechazo en que el texto pretende "legalizar" y "dar carta de naturaleza" a la "reclasificación masiva" de suelo no urbanizable al margen de los planes generales de ordenación urbana "sin ningún límite ni obstáculo".

Reforma a peor

Los socialistas justifican su voto negativo porque el nuevo texto no sólo "no resuelve" los problemas generados por la LRAU, sino que la empeora. Según Eugenio Burriel, la nueva ley "no pone límite al crecimiento, sino todo lo contrario" y mantiene las modificaciones parciales del planeamiento urbanístico "a gusto del interesado". También consideran que no se apuesta por la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) y destacan en este sentido que la Comunidad Valenciana es, con Baleares, la única autonomía que no establece un mínimo en este sentido. Además, según Burriel, la nueva ley "empeora" la situación de los pequeños propietarios, que, debido a que se reducen los trámites de información, "se van a enterar sólo de una parte del proceso" y además pierden la posibilidad de presentar ofertas alternativas. El nuevo texto supone también "más desregulación" y "deja abierto el camino para que las empresas mixtas puedan actuar con más facilidad", al tiempo que establece un proceso "oscuro" y abierto a trampas al establecer que los promotores tendrán que elegir a los constructores.

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