Casas de papel

Una veintena de edificios han sufrido desperfectos de diversa índole en Cataluña en el último año. Algunos han sido desalojados, otros han desparecido. Hay un par de casos vinculados a explosiones de gas (uno en Lleida y otro en Tarragona) y otros dos de etiología distinta: el hundimiento del túnel de la línea 5 del metro que se construía en el barrio barcelonés del Carmel y el lento hundirse del barrio de la Estació, en Sallent. Ambos, pero sobre todo el primero, han supuesto realojos de centenares de personas, realojos que han corrido a cargo de las autoridades municipales o autonómicas, que luego intentan recuperar ese dinero de los promotores. Es una tarea, en el mejor de los casos, lenta y judicial. No siempre un propietario tiene un seguro. No siempre está clara la responsabilidad directa. La mayor parte de los casos está pendiente de una resolución judicial que permita, luego, proceder contra el declarado responsable.

La Administración reconoce tener dificultades para actuar de modo preventivo. Los responsables de la seguridad de los edificios son los ayuntamientos, que no siempre disponen de técnicos adecuados. La Administración autonómica es la encargada de conceder la cédula de habitabilidad, imprescindible para disponer de luz y agua, pero con frecuencia las empresas de servicio admiten la del propietario anterior.Una modificación de la ley obliga ahora a renovar esta cédula cada 15 años, pero los propios responsables del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda reconocen que la norma no es excesivamente conocida y menos, cumplida. Pero incluso si se solicita, la inspección municipal es, las más de las veces, sólo ocular y no descubre vicios ocultos. Los únicos edificios que se controlan son los que solicitan ayuda para rehabilitación, ya que es imprescindible el test de edificio que, además, corre a cargo de la Administración. Pero puede ocurrir que el propietario decida rehabilitar por libre y sin licencia.

Piera fue la primera población en sufrir la plaga de derrumbes en la Cataluña central. Vinieron después Sant Fruitós de Bages, Manresa (en dos ocasiones) y Navarcles. Las circunstancias del hundimiento son diversas y en ninguno de estos casos hubo que lamentar víctimas, pero coinciden dos elementos: las estructuras cedieron después de un periodo de lluvias, las paredes eran de adobe y los edificios habían quedado desprotegidos en una de las paredes laterales tras el derribo de la casa anexa. Sólo en uno de los casos de Manresa, una casa de la calle de Santa Clara, no coinciden estas circunstancias. Los problemas, en este caso, venían del avanzado estado de deterioro de un edificio que hacía tiempo que estaba abandonado.

- Piera. Piera es un caso singular. La subdirectora de Vivienda, Núria Pedrals, explica que en la casa que se cayó en esta localidad el pasado 15 de octubre se realizaban obras de las instalaciones de agua y electricidad aunque el propietario carecía de cédula de habitabilidad.En la vieja casa, un piso patera, fallecieron 5 de los 12 inmigrantes que malvivían en ella. Cedió la pared maestra del edificio, de adobe, y arrastró los techos de dos pisos. Coincidían varios elementos que podían influir en la debilidad de la estructura: la casa anexa estaba sin tejado desde hacía varios años y la lluvia y la humedad podían hacer mella en la vivienda siniestrada, se trataba de una casa pendiente de rehabilitación y en el interior de la misma se habían realizado obras, en la planta baja, con la supuesta intención de ampliar la zona de vivienda y poder aumentar el número de personas en régimen de alquiler pagando unos 100 euros al mes por una cama.

En el caso de Piera, los dos edificios afectados, los números 1 y 3 de la calle de Sant Bonifaci, se deben derribar. La casa número 5 se mantiene en pie, aunque tendrá que ser reforzada. El matrimonio que la ocupaba fue desalojado y pasó a vivir con familiares. El Ayuntamiento, de momento, ha asumido las obras de derribo y desescombro, un gasto que podrá imputar al responsable del derribo tras el proceso judicial.

- Sant Fruitós. En Sant Fruitós de Bages cayó una casa de un centenar de años que tenía escasa cimentación. El edificio no había presentado ningún problema aparente hasta que se inició el derribo de la casa contigua. El promotor había sacado tierras para construir un garaje subterráneo. La obra presentaba problemas y las casas vecinas tenían grietas. El Ayuntamiento había requerido a la constructora para que construyera una cimentación en esta planta subterránea con el fin de estabilizar las dos casas vecinas, pero una de ellas cedió antes de finalizar la construcción del muro. En el patio se había acumulado una gran cantidad de agua en el periodo de lluvias de octubre. En este caso no hubo víctimas de milagro, porque la abuela se despertó de madrugada, alertada por el crujir de las vigas. Avisó a su hijo y salieron todos, ella y un matrimonio con dos hijos a la calle. Momentos después el comedor de un piso y la habitación de la abuela se desplomaron. La familia tuvo que ser desalojada.

- Navarcles. En Navarcles (Bages) cayó otra casa el 14 de noviembre. La familia había denunciado reiteradamente la existencia de grietas desde que hace más de un año se derribó la vivienda contigua. Los problemas se agravaron un lunes. Por la mañana apareció una grieta muy aparatosa y al anochecer se agrandó. La familia avisó a la Policía Local y ésta a los técnicos municipales, quienes indicaron que se debía realizar una evacuación urgente. El peligro era tan inminente que la casa cayó cuando los técnicos, la policía y la familia habían salido a la calle. Los cascotes del edificio atraparon al coche de la Policía Local.

- Manresa. El Ayuntamiento de Manresa ha asumido, en el caso de un edificio que cedió en la calle de Santa Maria por idénticos motivos y sin causar víctimas, el alojamiento de las familias afectadas. Para un matrimonio mayor se aceleró el ingreso de ambos en una residencia, mientras que a una familia con hijos menores se la alojó en un hotel hasta que su piso sea de nuevo habitable. El Ayuntamiento repercutirá el gasto del alojamiento de la familia en el responsable del hundimiento, que se considera que es el propietario del patio anexo, ya que derribó sin proteger de la humedad la pared de la casa contigua. Los gastos de reparación del inmueble recaen en su propietario y éste deberá dirimir con el vecino el pago de las obras.

- Tarragona. El pasado 10 de noviembre, un inmueble entero quedó reducido a escombros como consecuencia de una explosión de gas en pleno centro de Tarragona. En el suceso perdieron la vida cinco personas y el Ayuntamiento ha decidido derribar todo el bloque, el número 72 de la Rambla Nova, por seguridad. El concejal de Urbanismo, Jordi Sendra, explica que el consistorio ha asumido los costes de apuntalamiento y de limpieza de la vía pública, tareas que se prolongaron hasta una semana después de la explosión. El concejal asegura no tener cuantificados los costes de estos trabajos, pero puntualiza que en función de cómo termine la investigación, aún en marcha, que debe determinar la responsabilidad civil, quien termine por pagar los desperfectos del inmueble tendrá que hacerse cargo también de estos gastos.

La Administración de Tarragona ha tenido que hacer frente también a otros problemas en inmuebles. El 3 de febrero pasado, el avance de las grietas producidas por el mal estado de las cloacas y cañerías hizo que hubiera que desalojar a 35 vecinos de la calle de Compte y la plaza de Pallol. Hasta junio no pudieron regresar a casa. El Ayuntamiento costeó noches de hotel y dietas, aunque negoció con los afectados unas condiciones muy beneficiosas: los vecinos pedirían subvenciones al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda y las cederían al consistorio, y quedaba por escrito que el Ayuntamiento se desentendía de la responsabilidad civil del incidente.

El pasado 14 de noviembre las fuertes lluvias causaron el derrumbe de 20 metros de la muralla romana, en un tramo que es titularidad del arzobispado. La Generalitat y el Ayuntamiento han firmado un convenio de colaboración mediante el cual el Gobierno catalán aportará 1,2 millones de euros en tres años para reconstruir el tramo afectado e impermeabilizar el kilómetro y medio de murallas que hay en Tarragona, para que no se vuelva a repetir un derrumbe.

- Vilanova. El pasado 2 de junio se derrumbó un edificio de tres plantas en el número 25 de la calle de Fossar Vell de Vilanova i la Geltrú (Garraf), en el casco antiguo de la localidad. Unas obras en el edificio contiguo originaron el desplome del inmueble, en el que vivían una veintena de inmigrantes, sin que hubiera ninguna víctima mortal. Algunos inquilinos se dieron cuenta de la aparición de unas grietas y alertaron a un técnico. Cuando éste llegó, hizo desalojar el inmueble y sólo unos minutos más tarde el edificio se vino abajo. El propietario del bloque costeó a los inmigrantes la estancia en un hostal durante unos días.

- Martorell. En Martorell, el Ayuntamiento ha anunciado que actuará de forma subsidiaria para arreglar el hundimiento de la calzada de la calle de Joan Miró, que ha repercutido sobre las viviendas de los números 5 y 6 de la plaza de Santa Anna, en las que han aparecido numerosas grietas. Sus residentes fueron desalojados durante más de tres horas en la madrugada del 28 de octubre por el temor de que se vinieran abajo después de que una vecina oyera en plena noche cómo se desplazaban las juntas de dilatación. Un informe técnico indica que el hundimiento de la vía se debe a "una mala compactación del terreno", de gran pendiente, explicó la alcaldesa, Dora Ramon. El Ayuntamiento y los vecinos han optado por la vía judicial para reclamar responsabilidades a la empresa, Tipacsa 86, que llevó a cabo la edificación y la urbanización de la calle hace siete años.- Lleida. El hundimiento parcial de un edificio de cinco plantas en la calle de Cavallers de Lleida, el 19 de noviembre, ha vuelto a cuestionar el estado de salud del centro histórico de la ciudad. El Ayuntamiento culpa del siniestro al propietario del solar contiguo al inmueble desplomado por no haber hecho las obras de refuerzo exigidas por los técnicos municipales y éste, a su vez, culpa a la empresa que efectuó la demolición el pasado mes de abril. Pero mientras se dirime esta cuestión por vía administrativa o judicial, el consistorio ha tenido que hacerse cargo de las ocho personas que han perdido su piso y de otro centenar que fueron desalojadas de los edificios próximos por motivos de seguridad. De estos últimos, una treintena de inquilinos del edificio situado en el número 32 de la calle de Companya no han podido volver a sus casas por haber sido declaradas en ruina inminente.

Candi Villafañe, concejal de Servicios Personales, afirma que, sin contar con los gastos ocasionados por el derribo del edificio siniestrado y la retirada de los escombros, el accidente comportará un quebranto económico para las arcas municipales. La atención básica de los afectados durante la primera semana, del 19 al 27, cuesta al consistorio 12.520 euros en concepto de dietas, cenas y alojamiento en hoteles. El Ayuntamiento está realizando gestiones para facilitar temporalmente en el mismo barrio una vivienda de protección oficial a las cuatro familias afectadas por el derribo del edificio situado en el número 60 de la calle de Cavallers. De los otros vecinos desalojados de Companya deberá hacerse cargo la inmobiliaria propietaria del inmueble. El alcalde de Lleida, el socialista Àngel Ros, ha anunciado que el consistorio tiene intención de personarse en la causa judicial para reclamar daños y perjuicios a la persona o empresa que sea considerada por el juez responsable del hundimiento de la casa.

Un caso diferente es el causado por una explosión de gas en el barrio de La Mariola, uno de los más deprimidos de Lleida. La explosión supuso el hundimiento parcial de un bloque y causó dos muertos además de tres heridos, uno de ellos grave y otro muy grave. Un total de 24 familias de los bloques colindantes tuvieron que ser desalojadas provisionalmente.

- Barcelona. A principios de año, un escape de agua por la rotura de una tubería obligó a desalojar precipitadamente a 96 familias del Turó de la Peira, en el distrito de Nou Barris. El escape originó un movimiento de tierras que deterioró seis inmuebles del barrio. No hubo salvación para esta media docena de edificios, que tuvieron que ser derribados. Los inmuebles sacrificados fueron los números 3, 5 y 49 de la calle de Sant Iscle, y los números 2-4, 6-8 y 10 de la calle de Montsant. Los derribos comenzaron el 14 de enero y los vecinos atribuyeron el accidente a las obras para instalar un colector en el subsuelo del barrio. La manzana que comprende estos edificios estaba afectada ya por la rehabilitación prevista en el barrio y antes o después, los vecinos deberían haber abandonado sus viviendas. De hecho, a 40 de estas familias les faltaba sólo un mes para trasladarse a sus nuevos domicilios. Así, tras el desalojo pasaron una breve temporada en hoteles.

El problema se presentaba sobre todo para las otras 56 familias afectadas, porque sus pisos tardarán aún tres años en estar construidos. Se alojaron en hoteles hasta que, más de dos meses después del accidente, el Ayuntamiento de Barcelona les reubicó provisionalmente en los llamados pisos puente.

- Olot. La veintena de inquilinos que el 20 de octubre fueron desalojados de un inmueble de tres plantas de Olot a causa de un serio peligro de hundimiento están en su mayor parte alojados en los bungalós de un cámping de la localidad. Fuentes del Ayuntamiento de Olot aseguraron que la entidad que gestiona el alquiler de las viviendas, la Cámara de la Propiedad Urbana, se ha hecho cargo de los gastos del alojamiento, circunstancia que no acostumbra a ser habitual en estos casos. En los bajos de la vivienda se había habilitado un oratorio musulmán. Durante la celebración del Ramadán, el consistorio permitió el uso del pabellón municipal para los rezos, pero actualmente los usuarios del centro se han repartido por otros recintos religiosos. El arquitecto municipal, Llorenç Panella, asegura que el desalojo se produjo por causas muy justificadas, puesto que una inspección detectó vigas muy deformadas e incluso rotas en diversas partes.

- Sabadell. El 25 de marzo una explosión en Sabadell acabó con la vida de Mohammed S. C., de 24 años, y su vecina, Dolors J. M., de 78. Eran las 20.30 horas cuando el joven Mohammed, que estaba manipulando gasolina, vio como el suelo se hundía bajo sus pies. Fragmentos de acera acabaron en las terrazas de las viviendas próximas y una viga de cuatro metros cruzó toda la calle e impactó en la casa de enfrente. La casa donde residía la familia de Mohammed, el número 67 de la calle de Sagarra de Sabadell, y la de al lado, el 65 quedaron destrozadas e irrecuperables. Según el Ayuntamiento de Sabadell a los ocho miembros de la familia de Mohammed, que salieron con vida del accidente, se les pagó durante tres semanas la estancia en un hostal de la ciudad. En estos momentos, sin embargo, según una portavoz del consistorio, "se desconoce dónde viven". En el caso del hijo de Dolors J. M., que residía en la vivienda de al lado, se "le proporcionó un piso de la empresa pública Adigsa".

No ha sido el único incidente en lo que va de año en el municipio. El pasado 27 de septiembre, a Antonia Albareda, de 69 años, el derrumbe la sorprendió mientras dormía en su casa de la calle del Canonge Roncar de la Creu Alta de Sabadell. Hacia las 8.50 horas, le cayó encima la pared de su dormitorio. Los bomberos tuvieron que perforar el armario de la habitación para rescatarla. Una excavadora que limpiaba el barro acumulado por las últimas lluvias en la finca vecina fue la causante del accidente. La pala mecánica que provocó el derrumbe pertenecía a la empresa Construcciones Ribera, que realizaba las obras. Antonia vivía con su madre y su tía. Los vecinos del inmueble pudieron volver a sus casas. A la tía y a la madre de Antonia, el Ayuntamiento de Sabadell les proporcionó alojamiento en la Residencia Albada de Sabadell. Antonia está, por el momento, al cuidado de sus familiares.

- Estartit. Un caso diferente es lo que ocurre en Estartit, donde la inestabilidad de una montaña ha hecho desalojar nueve edificios. Las administraciones ya llevan gastados unos tres millones de euros en los intentos de evitar los desprendimientos de la montaña del Cap de la Barra, en Estartit (Baix Empordà), y las previsiones municipales estiman que faltan todavía obras de consolidación por un valor de 2,7 millones. Los nueve edificios desalojados en la ladera de la montaña afectan a un total de 20 propietarios. Al tratarse de segundas residencias -salvo en un caso-, el Ayuntamiento no se ha visto obligado a buscar vivienda a los vecinos.Los edificios de la ladera de la montaña del Cap de la Barra se construyeron respetando todas las normativas urbanísticas. "Construir en esa zona no comportaba entonces ningún riesgo. Era una zona urbanizable como otra cualquiera", afirma el alcalde de Torroella de Montgrí-Estartit, Carles Negre- Carmel. Pero los dos casos que han supuesto mayor número de afectados y, en cierta medida, alarma social son el hundimiento del Carmel y el de Sallent. En enero, un túnel del metro de la línea 5 se hundía en el subsuelo del barrio del Carmel. El conocido socavón del Carmel fue el caso más grave tanto por las dimensiones de la tragedia -más de 1.200 afectados- como por las repercusiones políticas y sociales.El derrumbe de tres edificios en el Carmel comportó que 94 personas, agrupadas en 34 familias, perdieran su vivienda. Para compensar la pérdida, la Generalitat les ha dado en propiedad un piso de protección oficial. Además, el Gobierno catalán aceptó descalificar estas viviendas protegidas para que puedan ser vendidas en el mercado libre. Las familias han recibido también una compensación económica. La indemnización pactada con la Generalitat, que ya ha sido abonada a todos, asciende a 70.000 euros para la adquisición de mobiliario (y 10.000 más por persona a partir del segundo miembro de la familia) y otros 30.000 euros para cada afectado en concepto de daños morales.

- Sallent. El barrio de la Estación de Sallent (Bages) se hunde de manera progresiva. Está construido sobre una vieja galería de una mina de potasa clausurada en su día por no poder resolver los problemas con la filtración de agua. En el interior se ha formado, como mínimo, una gran cavidad donde los expertos dicen que se podría albergar la catedral de Barcelona. En algunos puntos, las sondas de control indican que la velocidad de sedimentación llega a 5 centímetros por año a unos 100 metros de profundidad. En la superfície, las casas se agrietan, algunas de manera alarmante hasta tener que desalojar a los vecinos.

La decisión del Gobierno es firme: se debe desalojar el barrio donde viven en la actualidad unas 700 personas. Hasta la fechas, en dos actuaciones distintas, se han derruido unos 120 pisos y un par de casas unifamiliares. 57 familias han debido ser realojadas en pisos de Adigsa y varias decenas residen en otras viviendas que ya tenían en propiedad en el momento de decidir el derribo. El Gobierno ha llegado a un acuerdo económico con los propietarios de los pisos de los bloques de carácter social, a quienes ofrece una indemnización de 1.200 euros por metro cuadrado útil o una propuesta de cambiar piso viejo por piso nuevo.

La empresa cerró la mina sabiendo que se había iniciado un proceso denominado de subsidencia (asentamiento del suelo) y había informado a la autoridad competente en materia minera (la Dirección General de Minas, del Ministerio de Industria), pero la explotación ha pasado por diversas manos: Potasas Ibéricas, Explosivos Río Tinto, Potasas del Llobregat-INI y, en la actualidad, Iberpotash.

El Ayuntamiento, cuando empezó la construcción no tenía conocimiento de los problemas que podría haber, pero, en cambio, en el año 2000, con los estudios ya iniciados y aparentes grietas, se concedieron permisos.