Calidad, equidad y libertad de la educación

Nunca como en la actualidad la educación había estado en el ojo del huracán de la noticia, de la discusión en la calle y del debate político. Ni siquiera durante las grandes reformas de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), de 1985, o de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990, se produjo un despliegue semejante en los medios de comunicación. Este protagonismo de la educación podría considerarse como un síntoma de salud democrática, una prueba de que la sociedad está preocupada por una cuestión a la que se le concede la máxima importancia. Pero mucho me temo que se trate más bien de la manifestación de una peligrosa fractura social en el campo de la educación. Y lo digo porque el clima de entendimiento y los esfuerzos de aproximación realizados por algunas de nuestras instituciones se han ido enrareciendo cada vez más como consecuencia de la tramitación de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Hoy la mayor parte de las posiciones, y es triste decirlo, están más radicalizadas y divididas que antes.

La LOE resulta agresiva para la continuidad de la oferta educativa de los centros privados concertados

Con mirada desapasionada y objetiva hemos de reconocer un avance importante en el ejercicio del derecho a la educación. Hoy todos los niños y jóvenes, incluidos los inmigrantes que llegan una vez comenzado el curso, son convenientemente escolarizados, y el absentismo escolar no alcanza cotas preocupantes. Pero, a pesar de todo, no podemos negar que nuestra educación está enferma de fracaso escolar, de malos resultados en las evaluaciones internacionales, de exceso de reformas y de instrumentación política. Y con la educación, como con la salud, no se juega.

La LOE es para la escuela concertada una ley inaceptable tal y como está redactada. No sólo no ataja los males educativos, en especial el fracaso escolar, sino que, además, resulta agresiva para la continuidad de la oferta educativa de los centros privados concertados. Todavía hay quien piensa que la forma de mejorar la escuela pública es ajustarle las cuentas a la concertada. Pero entrar en una dinámica de enfrentamiento no conseguiría sino agravar aún más la salud de nuestro enfermo sistema educativo. Que en el compromiso social de la educación y en la atención a los alumnos con dificultades, tanto la escuela pública como la concertada han de arrimar el hombro de manera solidaria y equilibrada, estamos de acuerdo. Lo hacemos y lo seguiremos haciendo siempre que este equilibrio no se quiera alcanzar a costa de una limitación de derechos y libertades. Y esto es posible con fórmulas como las descritas en el documento de pacto social que finalmente no llegó a firmarse.

Que el proyecto de LOE no haya suscitado entusiasmo alguno no es un signo de equilibrio o equidistancia entre posiciones extremas, sino la expresión del hastío que padecen las comunidades educativas de los centros y la propia sociedad ante la sucesión acelerada de reformas que fallan en lo sustancial, pues se demuestran incapaces de aunar los esfuerzos precisos para afrontar los problemas de la educación. Así, una de las novedades más importantes del proyecto, la introducción de la educación para la ciudadanía, se mantiene en el texto a pesar del rechazo mayoritario del Consejo Escolar del Estado.

Por otro lado, las propuestas pedagógicas de la LOE son fácilmente reconocibles y, lo que es peor, en algunos casos ya han sido experimentadas con resultados negativos. El hecho de que los cambios más importantes que introduce el proyecto estén relacionados con la regulación restrictiva de los derechos y libertades de los padres y de los centros (libertad de enseñanza y de elección de centro, autonomía, etcétera), manifiesta esa ausencia de iniciativas significativas para mejorar la calidad. O dicho de otra forma: la solución de la LOE para afrontar el fracaso escolar y los bajos niveles de aprendizaje es más de lo mismo y, de paso, aprovecha para recortar los derechos y libertades educativas. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de mejorar la escuela pública, pero creemos que no se conseguirá por el hecho de ahogar a la enseñanza privada concertada.

La aportación de la enseñanza privada concertada en España ha sido y es de capital importancia, tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el económico-cuantitativo. La enseñanza privada concertada aporta a nuestro sistema educativo la pluralidad que reclama una sociedad también plural y que exige el propio ordenamiento constitucional. La LOE pretende desvirtuar dicha pluralidad y la libertad para ofertar y elegir centro por parte de las familias. Cuantitativamente, en el curso 2002-2003 se escolarizaban en los centros privados concertados 1.741.697 alumnos (el 25,5% del total de alumnos de enseñanza general no universitaria), para los cuales se destina el 15,7% del gasto público en educación. Hoy nadie discute que la cuantía de la partida de "otros gastos" del módulo económico de conciertos no garantiza la gratuidad porque genera déficit. La LOE no soluciona este problema sino que lo agrava hasta poner en riesgo la continuidad de los centros.

Por las citadas razones, FERE-CECA y EyG valoran muy negativamente el proyecto de ley en los términos actualmente conocidos. Nosotros no somos el problema, aunque sí compartimos las dificultades que aquejan a nuestra educación. Consideramos que sólo será posible salir de esta situación a través de un pacto político que incluya a todos. Y la educación necesita estabilidad y acuerdo. Por eso nuestra vocación negociadora es insoslayable.

Manuel de Castro Barco es secretario general de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE-CECA) y Educación y Gestión.