El laicismo, un hecho diferencial

En Cataluña defender el laicismo no es algo nuevo, que haya surgido como reacción a las manifestaciones airadas de la jerarquía eclesiástica y la derecha tras la propuesta del Gobierno central de reformar el sistema educativo. El laicismo cuenta con una larga tradición que se remonta al siglo XIX. La industrialización, la aparición de los primeros movimientos obreros y la emergencia de una intelectualidad defensora de los valores republicanos e ilustrados trajeron consigo la aspiración al Estado laico. Hoy, esta tradición tiene como principal heredera la Liga por la Laicidad, que ha presentado una batería de 64 propuestas para avanzar hacia ella, en el bien entendido de que la laicidad no significa la persecución del hecho religioso, sino un espacio común de convivencia entre todos los ciudadanos, creyentes de diferentes confesiones religiosas y no creyentes.

Ferrer i Guàrdia fundó en 1901 la Escuela Moderna, que eliminó la religión del temario

La Liga por la Laicidad la promueven, entre otras entidades, la Fundación Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya, sindicatos, movimientos de maestros de renovación pedagógica, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cataluña, dos logias masónicas y organizaciones no gubernamentales. "Ha llegado la hora de afrontar, con valentía, los retos que nunca se han cumplido para consolidar la democracia", entre ellos el laicismo, aseguran en el documento que recoge sus tesis.

Jordi Serrano, director de la Fundación Francesc Ferrer i Guàrdia, sitúa el origen de las reivindicaciones laicistas en Cataluña a comienzos del siglo XIX, cuando se forja la primera conciencia republicana: "La revolución liberal y la industrialización crean una nueva estructura económica y una nueva clase social, la trabajadora, que, aliada con la intelectualidad, consigue importantes avances sociales", explica. En cambio, en el resto de España, la divulgación del pensamiento laicista fue minoritaria, en consonancia con el menor desarrollo económico, que no llegó hasta mediados del siglo XX. España avanzaba a dos velocidades, tanto en el aspecto económico, como en el ideológico y el religioso.

En Cataluña, estos movimientos republicanos, que albergaban grupos de fuerte vocación anticlerical, estallarían en la Revolución de 1868, de la que surgió la primera Constitución que proclamó la libertad de culto. Seis años después, con la restauración borbónica, volvió la confesionalidad del Estado. En este clima, Francesc Ferrer i Guàrdia fundó en 1901 la Escuela Moderna, centro que sacó de su temario la asignatura de religión y destacó por sus avances pedagógicos, como proclamaba su propio nombre. "Fue el primer centro educativo en Cataluña y España que planteó la coeducación: niños y niñas compartían el aula, en la que tampoco había segregación social", comenta Serrano.

La vida de la Escuela Moderna fue muy corta. Fue clausurada en 1909, coincidiendo con la ejecución de Francesc Ferrer i Guàrdia, acusado de ser el promotor intelectual de la Semana Trágica, el levantamiento popular que tuvo lugar en Barcelona en julio de ese año. "La Segunda República volvió a recuperar la separación entre Iglesia y Estado y la escuela pública laica, a la que puso fin la Cruzada Nacional-católica y los 40 años de dictadura franquista", añade Serrano. Estos episodios, según Albert Riba, presidente de Ateos de Cataluña, "ilustran que el laicismo no es una batalla actual", y que "cada vez que la Iglesia católica ve amenazada su posición, monta un cristo". "En la transición", añade, "a cambio de la no beligerancia de la Iglesia católica, ésta conservó todos sus privilegios, se anestesió la laicidad en aras de la democracia".

Por esta razón, la Liga por la Laicidad pide derogar los acuerdos internacionales de 1976 y 1979 entre el Estado español y la Santa Sede. "Es en estos acuerdos, y no en la Constitución, en los que se establece la fórmula actual de financiación de la Iglesia a través del impuesto de la renta o la inclusión en las escuelas públicas de una asignatura de religión confesional optativa, cuyos profesores son elegidos directamente por los obispos pero pagados por el dinero de todos los contribuyentes", destaca Jordi Serrano, director de la Fundación Francesc Ferrer i Guàrdia. Serrano también denuncia que estos acuerdos "no derogan el Concordato con el Vaticano de 1953, sino que lo actualizan".