Noruega exige 1,6 millones a uno de los pesqueros apresados

El Gobierno noruego ha dejado patente su pretensión de imponer un castigo ejemplar a los buques gallegos apresados bajo la acusación de pesca ilegal. Las autoridades del país han exigido al propietario de uno de esos buques, el Monte Meixueiro, una fianza de 12,8 millones de coronas (1,6 millones de euros), para poder abandonar el puerto de Tromso, donde se encuentra retenido desde hace una semana. Los representantes de la compañía armadora tratan de negociar una rebaja de la fianza.

Noruega ha fijado esa cuantía por la cantidad de pesca ilegal encontrada en las bodegas del arrastrero gallego, más de 241 toneladas de fletán. Esta especie está sometida a una moratoria de pesca en los caladeros de las islas Svalbard, cerca del Círculo Polar Ártico, donde fue apresado el Monte Meixueiro. La tripulación ha alegado que parte del fletán que llevaba había sido capturado anteriormente en aguas del Gran Sol. Tanto la compañía armadora como el Gobierno español y la Unión Europea no reconocen la jurisdicción de Noruega sobre las aguas donde se produjo el apresamiento.

Otro pesquero gallego capturado el pasado lunes cerca de las Svalbard, el Garoya Segundo, arribó ayer por la tarde al puerto de Tromso, en el norte de Noruega, donde tendrá que afrontar el mismo proceso que el Monte Meixueiro. El capitán del Garoya Segundo, que declarará el lunes ante la policía, ha reconocido que transporta en sus bodegas unas 180 toneladas de fletán, lo que, con el mismo baremo aplicado en el otro caso, le condenaría a pagar alrededor de 1,2 millones de euros de fianza.

Garantías

Las fianzas se exigen para autorizar la salida de los barcos y garantizar la comparecencia de sus propietarios en los juicios que se celebren en su día. Los pesqueros, en cualquier caso, podrán quedarse con las capturas. La armadora del Garoya Segundo está negociando con las autoridades noruegas para que acepten la cantidad de pesca declarada por el capitán y ahorrarse de ese modo una estancia de varios días en puerto mientras la policía inspecciona las bodegas y contabiliza las capturas.

La ministra de Agricultura y Pesca, Elena Espinosa, insistió ayer en que el Gobierno español llevará el caso ante el Tribunal Internacional de La Haya si Noruega persiste en su propósito de sancionar a los buques. Espinosa insistió en que la pesca en las Svalbard, un caladero tradicional para la flota española del bacalao, está regulada por un tratado de 1920 que concede a Noruega competencias para regular las faenas e inspeccionar los buques, pero otorga la capacidad sancionadora al país en que está abanderado cada pesquero. "En caso de que se compruebe que estamos hablando efectivamente de pesca ilegal, debe de ser España la que sancione, con absoluta transparencia y lealtad hacia Noruega", declaró la ministra en Bruselas, según informa Efe.