El coste de la movilidad de los pacientes

Montones de formularios aguardan en los despachos de un hospital andaluz a que alguien los rellene. Cuando sean cumplimentados y tramitados, si acaban siéndolo, permitirán al Estado español cobrar el coste de la atención prestada por la sanidad pública a ciudadanos del resto de la UE.

Magda Rosenmoller, autora de un estudio europeo sobre movilidad de pacientes, Europe for patients, coordinado por la escuela de negocios IESE, pudo observar en Andalucía como los profesionales sanitarios a menudo ni siquiera piden los datos a los pacientes extranjeros, pero esta situación se da en todos los centros sanitarios públicos de las áreas más turísticas de España (Cataluña, Baleares, Valencia y Canarias), de manera que el Estado español ingresa sólo una mínima parte del dinero que el resto de países de la UE deberían pagarle por prestar atención sanitaria a sus ciudadanos.

En 2004 sólo consta que fueran atendidos en España 182.921 turistas europeos

Sólo 113.839 jubilados comunitarios han transferido su derecho de asistencia a España

"Los profesionales sanitarios españoles no están acostumbrados a cobrar por la atención médica porque se trata de un sistema universal y gratuito. Cuando les viene un paciente extranjero muchas veces ni se ocupan de pedir sus datos y si lo hacen, los documentos a menudo quedan arrinconados porque no hay tiempo para tareas administrativas", explica Magda Rosenmoller.

La "desidia" de los hospitales o los centros de atención primaria públicos se debe en gran medida a que estos centros no gestionan la caja sanitaria, que su esfuerzo no se traducirá en que los gastos ocasionados por los pacientes extranjeros reviertan en el centro como ingresos adicionales.

"El país al que pertenece el usuario extranjero paga el importe al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que destina una cantidad al denominado Fondo de Cohesión, por el que el Gobierno español compensa económicamente a las comunidades autónomas, y no a los hospitales, por la atención que prestan a pacientes de fuera de su territorio", explica Rosenmoller, quien participó la semana pasada en Barcelona en el Fórum Euromed Salud, donde se congregaron responsables sanitarios de 38 países de la UE y de la cuenca mediterránea.

Según los datos facilitados por Isabel de la Mata, representante del Ministerio de Sanidad en la UE, en el año 2004 España facturó a otros países de la UE el coste de la atención prestada a 182.921 viajeros comunitarios que poseían la Tarjeta Sanitaria Europea (documento que permite a un turista de la UE recibir atención sanitaria en el país al que acude como si fuera uno más de sus ciudadanos). De estos turistas que enfermaron o tuvieron algún accidente durante su paso por España, casi la mitad fueron atendidos en Valencia (71.000), 32.000 lo fueron en Cataluña, 23.000 en Canarias y 13.000 en Andalucía.

La cifra de 182.921 extranjeros atendidos en España contrasta con la de turistas españoles que recibieron asistencia en algún país de la Unión Europea: 53.625. La atención médica de estos ciudadanos españoles fue facturada a España por los países que prestaron el servicio.

Isabel de la Mata reconoce que la cifra real de europeos atendidos en los centros sanitarios de España, país que recibe a unos 43 millones de turistas al año, es mucho mayor de la que consta oficialmente, aunque no se dispone de datos al respecto.

Tampoco puede cuantificarse el coste que representa para la sanidad española el denominado turismo de larga estancia. Se sabe que es un fenómeno creciente y alimentado básicamente por jubilados de otros países de la UE que deciden fijar su residencia por largas temporadas o de manera definitiva en España, atraídos no sólo por la bondad del clima, sino también por un sistema sanitario accesible y de calidad. Magda Rosenmoller explica que no es raro que a la hora de elegir la ubicación de su segunda residencia en España, los jubilados extranjeros tengan muy en cuenta la proximidad de un centro sanitario. Baleares, las costas andaluza y la valenciana, y la Costa Brava, en Cataluña, han visto como en los últimos años el asentamiento de jubilados extranjeros aumenta sin cesar.

Según datos facilitados por la representante del Ministerio de Sanidad en la UE, un total de 113.839 jubilados comunitarios (ingleses, alemanes y franceses, principalmente) han optado por transferir sus derechos de pensionista, de manera que sus países pagan a España una cuota anual de 2.092 euros para que el anciano tenga los mismos derechos de asistencia sanitaria y de prestación farmacéutica que cualquier ciudadano español.

El problema, según Magda Rosenmoller, es que muchos jubilados extranjeros no transfieren su derecho de pensionista a España porque no quieren renunciar a las prestaciones que les ofrece el sistema sanitario de su país, al que no descartan volver si su estado de salud se deteriora. Estos jubilados, que normalmente no se empadronan en los municipios donde pasan largas temporadas, tienen derecho a recibir cualquier tipo de atención urgente y no es raro que, dada su avanzada edad, requieran algún tipo de intervención quirúrgica durante sus estancias en España. El traspaso de sus derechos de pensionistas a España permite a estos jubilados extranjeros tener derecho, como cualquier jubilado español, a los medicamentos gratuitos, un privilegio que no suelen tener en sus países.

Pero el precio que España debe pagar por tener uno de los sistemas sanitarios más accesibles y universales del mundo también traspasa las barreras de la Unión Europea. Marina Geli, consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, admite que la reagrupación familiar de la que gozan muchos inmigrantes extracomunitarios permite que sus allegados, a los que también da cobertura la tarjeta sanitaria, se beneficien de la sanidad española incluso cuando aún no se han instalado en España. En muchos casos se trata de tratamientos caros a los que no tienen acceso de manera gratuita en sus respectivos países. Algunos de trasplantes realizados recientemente se han hecho en pacientes extranjeros que han acudido a un hospital en estado muy grave. Otras veces, los inmigrantes han traído a parientes para ser tratados de dolencias raras que en sus países no recibían atención.

La consejera catalana de Salud señala que se trata de una práctica totalmente legal, pero admite que los Gobiernos estatal y autonómico deben estar preparados para afrontar esta nueva realidad y tenerla en cuenta a la hora de planificar los recursos y decidir los presupuestos sanitarios.