El tripartito y CiU rechazan el término identidad nacional para definir a Cataluña

El Gobierno central continúa las conversaciones con los responsables de los cuatro partidos catalanes que han aprobado la propuesta de reforma del Estatuto (CiU, PSC, ERC e ICV) y se ha encontrado con que la sugerencia del presidente para cambiar el término nación por el de identidad nacional en el artículo primero del nuevo texto no cuenta con el respaldo de los legisladores catalanes. Los temas más controvertidos del nuevo Estatuto, como la financiación o las competencias, han quedado para el final de la negociación.

Nadie renuncia al término nación entre los partidos que aprobaron la propuesta de reforma del Estatuto en el Parlamento catalán. Los socialistas catalanes han llegado a proponer al Gobierno central una fórmula para salvar el obstáculo del artículo primero que consiste en unir en un solo apartado los dos primeros enunciados. De manera que quedaría así: "Cataluña es una nación que ejerce su autogobierno mediante instituciones propias, constituida como comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto". La fórmula no convenció a los representantes del Gobierno central.

Las conversaciones en torno a las modificaciones del texto estatutario que se está tramitando en el Congreso tienen un carácter especialmente discreto. Francisco Caamaño, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, lleva la parte más técnica de las conversaciones y se reúne, en Madrid o en Barcelona, con los representantes de los partidos catalanes que apoyan el nuevo Estatuto. La negociación política por parte del Gobierno central la llevan el portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el ministro de Industria y primer secretario del PSC, José Montilla.

Comisión Constitucional

El calendario fijado para alcanzar un acuerdo finalizaría en febrero de 2006, cuando está previsto que arranquen los trabajos de la Comisión Constitucional, donde se debatirán las enmiendas al texto. Los interlocutores del Gobierno central y de los partidos catalanes han visto ya varios títulos del Estatuto sin encontrar grandes obstáculos, salvo en la definición de Cataluña. Respecto a la modificación de Leyes Orgánicas que defiende la reforma del Estatuto, los partidos catalanes intentan arrancar del Ejecutivo un compromiso de que esas leyes se modificarán a cambio de renunciar a parte del texto estatutario.

Los socialistas catalanes defienden mejorar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se empezará a tramitar en breve en el Congreso, para que los consejos de justicia autonómicos tengan competencias propias sin que dependan exclusivamente del criterio del Consejo General del Poder Judicial para la delegación de determinados poderes. El resto de los partidos también plantea reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y de la Ley del Tribunal Constitucional para que Cataluña tenga una serie de derechos y competencias de los que hoy carece.

La financiación es el tema más delicado. Mientras los partidos catalanes defienden que su modelo es constitucional y que se puede generalizar al resto de autonomías, el Gobierno rechaza cualquier sistema propio que no se haya pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y trasladado a la Ley Orgánica de Financiación. Las mejoras de esta Ley anunciadas por el Gobierno no convencen a la mayoría de los partidos catalanes. El problema se ha aplazado hasta el final de la negociación.