El miedo cierra la boca a los testigos

Una visita a la sede de la Policía Nacional Civil, en un palacio barroco del centro de la capital guatemalteca, ilustra a la perfección las limitaciones del Estado a la hora de combatir la delincuencia. En un despacho del Servicio de Investigación Criminal (SIC) dos inspectores exponen en un largo rosario de lamentos las carencias de la unidad. Un vetusto ordenador apagado y un teléfono al que constantemente acuden policías de otras dependencias son las dos únicas muestras de la tecnología del SIC.

De los 63 agentes, una decena se dedica a la investigación de los homicidios de mujeres. Cada uno se ocupa de unos 40 casos. "No somos suficientes", dice uno de los responsables de la sección, que se niega a revelar su identidad. Pero no sólo es una cuestión de medios humanos sino de recursos técnicos. "Falta equipo científico, no podemos realizar pruebas de ADN y en muchas ocasiones ni siquiera se toman huellas. Aquí sólo utilizamos la investigación de campo a base de entrevistas y análisis balístico". Con estos medios no es extraño, como reconocen los inspectores consultados, que se resuelvan pocos casos.

La queja más generalizada, tanto de policías como de fiscales, es la falta de colaboración de los testigos. "Es muy difícil contar con testigos dispuestos a declarar contra un enemigo que está bien organizado y con una gran capacidad para delinquir como es la mara", apunta la fiscal Lima del Cid. Aunque hayan presenciado un hecho delictivo no se atreven a contar la verdad al ministerio público porque tienen miedo. "Tengo casos en que han matado a los testigos. Muchas veces, no podemos llevar a los sospechosos ante el juez por falta de pruebas, aunque tengamos la certeza de que cometieron un crimen. Tenemos las manos atadas", añade la fiscal.

El miedo a posibles represalias de los asesinos, que suelen merodear por el lugar del crimen, confluye con la desconfianza hacia la policía y el Ministerio Público. En plena entrevista, una señora llama por teléfono para preguntar qué garantías obtendrá si declara sobre un asesinato. Resulta que el novio de su hija fue acribillado en un autobús en presencia de la chica, que reconoció perfectamente al asesino. La mujer teme por su vida y por la de su hija en el caso de que acepten declarar como testigos. Al otro extremo del hilo telefónico, el agente trata de convencer sin gran entusiasmo a su interlocutora de la necesidad de colaborar: "El ministerio público las protegerá". La fiscalía ha puesto en marcha el programa de protección al testigo, que según reconocen todas las fuentes consultadas, ha dado escaso resultado por la falta de recursos. Muy pocas personas se han acogido a la iniciativa. "Los llevan a pensiones, hotelitos de mala muerte, de la zona roja, que es una de las más peligrosas de la capital. Les ponen uno o dos policías", dice Norma Cruz, presidenta de la organización Sobrevivientes, que agrupa a familiares de víctimas y a mujeres que fueron agredidas y salvaron la vida.

Las denuncias que se presentan ante la Policía Nacional suponen el 24% de los delitos. La gente no denuncia porque no confía en las autoridades. Y el Estado ha tirado la toalla. En el plano judicial no se resuelve casi nada. La fiscal Celeste Díaz dibuja un panorama sombrío cuando afirma: "La criminalidad sigue y seguirá aumentando". ¿Cómo ve el futuro? "Con pesimismo, sobre todo si no se aplican políticas socioeconómicas y no sólo anticriminales. La falta de trabajo es un factor muy importante. Son políticas de Estado. Nosotros, el Ministerio Público, llegamos cuando el crimen ya se ha cometido. Pero no lo prevenimos. Las condenas ya no asustan a los delincuentes. Todo lo contrario, son un reto para ellos".

La Fiscalía de Delitos contra la Vida ha abierto hace dos meses dos agencias que se ocupan únicamente de muertes violentas de mujeres. En un futuro próximo se crearán otras dos agencias. "Hacen falta porque en los últimos tiempos las muertes de mujeres han aumentado dramáticamente", admite la fiscal Celeste Díaz, titular de la Agencia 14. Las dos fiscales instruyen unos 140 casos cada una, que heredaron de la Fiscalía de la Mujer. No hay un solo detenido en todas estas causas, cuya investigación lleva meses e incluso años. El Poder Judicial está completamente desbordado. "El número de muertes cotidianas que se producen en este país sobrepasa la capacidad de cualquier institución para investigar a fondo y dar con los culpables", dice Carla Villagrán.