La aplicación plena de la ley y el futuro de las cajas

Seis años después de su aprobación, la Ley de Cajas andaluza se aplica por primera vez de forma plena en las seis cajas de ahorros de la comunidad. Se trata de una norma que ha dado numerosos quebraderos de cabeza al Gobierno andaluz como consecuencia de los errores que se cometieron durante su tramitación parlamentaria y por la rebelión que protagonizaron entonces tres de los seis presidentes de las cajas. Cada uno a su manera y con los resortes de los que disponían, los ex presidentes Isidoro Beneroso (El Monte), Juan Manuel López Benjumea y Miguel Castillejo (Cajasur) hicieron todo lo posible por sortear la ley, lo que dio lugar a la llamada guerra de las cajas.

Esta guerra acabó ayer con la adaptación plena de Cajasur a la legislación autonómica. En sus seis años de vida, la norma ha sufrido varios cambios, el último, precisamente, para dar rango de ley al discutido peso de la Iglesia en Cajasur, donde controla el 30% del Consejo de Administración y el 34% de la Asamblea General.

A partir de ahora, Cajasur, que tiene encima la lupa del Banco de España, entrará en una fase de cambios. El diálogo entre la Junta, los partidos políticos y la Iglesia será clave para que estos cambios se produzcan sin sobresaltos, aunque no va a ser fácil vencer algunas inercias instaladas desde hace años en la caja cordobesa.

El sector financiero andaluz parece haber encontrado la estabilidad que los partidos han pregonado que defendían, aunque ninguno se ha resistido a la tentación de usarlo en sus estrategias particulares. En cualquier caso, en el horizonte hay varios asuntos que van a mantener a las cajas en el debate político. En primer lugar, el Banco Europeo de Finanzas, en el que las seis cajas van a cooperar a través de sus participaciones industriales. En segundo lugar, las fusiones parciales de las cajas, un asunto que alienta los discursos sobre los agravios territoriales. Y por último, la idea de la Junta de aspirar a una gran caja andaluza.