El Gobierno aprueba un plan de 1.647 millones para construir prisiones

Las apreturas del sistema penitenciario español, acosado por un incesante crecimiento en el número de presos, han llevado al Gobierno a aprobar un plan de 1.647 millones de euros para edificar nuevas prisiones y centros de inserción social (CIS). El proyecto incluye la construcción de 11 presidios nuevos, que se sumarán a los cuatro ya proyectados y a la ampliación de otros tres ya en marcha. Además, levantará 32 CIS y cinco unidades para que las madres presas puedan cumplir pena con sus hijos menores. Todo antes de 2012.

El crecimiento de la población reclusa en España ha sido de un 33,4% entre los años 1996 y 2004. Pero dicho aumento no se ha visto acompañado de la construcción de nuevos presidios, una vez que se agotó el plan de infraestructuras que lanzó el socialista Antoni Asunción antes de la derrota de Felipe González. El sistema alberga ya a 61.261 personas. De ellas, 8.333 están recluidas en Cataluña, comunidad que tiene transferidas plenamente las competencias de prisiones.

Los 66 centros bajo jurisdicción del Ministerio del Interior disponen de 38.785 plazas, en las que el pasado día 11 (último del que se disponen estadísticas) había 52.928 personas. Es decir, que el mandato legal de que sólo haya un preso por celda es, a día de hoy, imposible de cumplir. "La construcción de nuevos centros es una necesidad urgente", aseguró ayer el ministro del Interior, José Antonio Alonso, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que presentó el nuevo plan de construcción de infraestructuras penitenciarias.

El plan supondrá una inversión de 1.647 millones de euros para la construcción de 11 nuevas cárceles en Andalucía (probablemente Málaga), Ceuta, Comunidad Valenciana (no se precisa la localidad de ubicación), Fuerteventura, Gran Canaria, San Sebastián (para sustituir a la vetusta Martutene), otra en un lugar del País Vasco aún sin cerrar, Menorca, Murcia, Pamplona y Soria. Éstas se sumarán a las cuatro ya previstas en Morón de la Frontera (Sevilla, cuyo concurso de adjudicación ya está convocado), El Puerto de Santa María (Cádiz, la única ya iniciada), Albocàsser (Castellón) y Estremera (Madrid), estas últimas aún pendientes de licitación.

El plan de centros ordinarios incluye la ampliación de las cárceles de El Dueso (Cantabria), La Isleta (Las Palmas) y Arrecife de Lanzarote, así como la creación de cinco unidades de madres para el cumplimiento de mujeres con hijos menores en Andalucía, Baleares, Canarias, Madrid y la Comunidad Valenciana. La ubicación de estos últimos centros no se ha concretado. Cataluña, por su parte, está construyendo otros tres centros (uno para jóvenes) y pretende levantar otros seis.

Las zonas de construcción son aquéllas en las que se presentan "tasas de sobreocupación más elevadas o que carecen de plazas suficientes para internar a la población vinculada a la zona o aquéllas en las que las actuales infraestructuras son obsoletas o inadecuadas". Andalucía es la región con más presos (casi 13.000), seguida de Cataluña (8.333), Madrid (casi 8.000) y Castilla y León (6.435, con un alto porcentaje de reclusos extranjeros).

Apuesta por la semilibertad

El proyecto más ambicioso y novedoso es la creación de 30 nuevos centros de inserción social (CIS), aquéllos en los que los presos pueden cumplir la pena en régimen de semilibertad (tercer grado), más la conclusión de dos cuyas obras están ya en marcha o a punto de empezar. Hasta ahora, según Alonso, únicamente el 5,32% de las celdas se dedicaba al cumplimiento en régimen de semilibertad, "lo que implica que la capacidad del sistema para desarrollar políticas activas de inserción es muy limitada". La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, es una firme convencida de que el sistema necesita este tipo de centros, de los que inicialmente estaba prevista la construcción de 18. El titular de Interior insistió en que el Gobierno va a apostar "decididamente" por el principio constitucional de reinserción, por ser "una razón de justicia" y estar recogido en la Constitución. A su juicio, si se consigue la reinserción se producirá un aumento de la seguridad ciudadana.

Las obras aportarán 18.000 nuevas plazas al sistema, de las que unas 12.000 serán de cumplimiento ordinario y el resto, para régimen de semilibertad. El Gobierno asegura que los 1.647 millones de inversión, que tendrán que ser invertidos en su totalidad en el sexenio 2006-2012, se sumarán "a otros 1.504 millones ya aprobados por anteriores Consejos de Ministros". Todo ese dineral será administrado por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, cuyo único accionista es el Estado a través de la Dirección General de Patrimonio.

El Gobierno ya cuenta con que tendrá dificultades con los vecinos de algunos municipios en los que están previstas las prisiones. Además, cuando estén construidas será necesario disparar los presupuestos de Instituciones Penitenciarias para dotar los centros de trabajadores, seguridad, mantenerlos... Un centro penitenciario tipo necesita de 500 funcionarios, 35 contratados laborales, unos 100 agentes de policía y, además, líneas de suministro... Más de tres millones de euros al año por centro.