"Vamos a darle una oportunidad al presidente"

Existe una "esperanza razonable de poder mejorar" el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), pero "somos razonablemente escépticos". Así resumió el presidente de la Concapa, Luis Carbonel, la reunión de ayer entre el presidente del Gobierno y los convocantes de la manifestación contra la reforma educativa que reunió a unas 375.000 personas el sábado pasado. Los representantes expresaron su desacuerdo con el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, que definió la educación como "servicio público". También aclararon que la mayoría de ellas son no confesionales.

Moraleda provocó "malestar" a las asociaciones que se manifestaron contra la reforma educativa al afirmar que la educación es un "servicio público". Para ellos, debería ser antes "un derecho fundamental". El otro concepto convierte al Estado en "el titular de la educación de los hijos y no a los padres", aseguraron las organizaciones en un comunicado. Con ello ponían en papel las frases expresadas mientras Moraleda hablaba en la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvieron ayer con el Gobierno. "No se ha enterado", decían algunos de los representantes de las asociaciones en los pasillos del Palacio de la Moncloa.

Las asociaciones también se mostraron molestas porque se las denominara "confesionales", pues de las diez, sólo dos lo son: La Confederación Nacional Católica de Padres (Concapa) y la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE-CECA).

"La valoración de la reunión es positiva", aseguró el secretario general de la FERE-CECA, Manuel de Castro. "Es bueno que el presidente haya escuchado las propuestas de las asociaciones y ofrecido el diálogo con el Gobierno, a través del PSOE, para buscar acuerdos, explicó. Aunque, "en todo caso el tiempo dirá si estas conversaciones han merecido la pena y se llega a un consenso", matizó.

"La manifestación ha sido tan importante que el presidente ha convocado esta reunión de forma inmediata. Zapatero ha derrochado un talante dialogante", aseguró Isabel Bazo, la presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE). Según Bazo, para que los padres elijan libremente dónde estudiarán sus hijos, debe haber centros con idearios distintos. "No se debe recortar la libertad de creación de centros educativos", afirmó.

Autoridad del profesor

"El presidente ha dado esperanzas con ciertas vaguedades. Habrá que ver", aseguró la portavoz de la Asociación de Profesores de Secundaria (APS), Marisa Hernanz. La autoridad del profesor ha sido desprestigiada y no se ha tomado ninguna medida, según Hernanz. "La escuela se ha convertido en una guardería de adolescentes y la ley no da armas para que esto cambie", dijo.

Aunque el vicepresidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco consideró positivo el balance de la reunión de ayer, aseguró que "es un retroceso gravísimo" que el Gobierno considere la educación un servicio público. "Es el término de mayor intervencionismo administrativo. El servicio público implica que no hay derechos previos para los ciudadanos, sino sólo los que les otorga el estado", explicó.

Para el secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato USO, José Luis Fernández, "parece que ahora sí puede haber un diálogo real y sincero entre el Gobierno y las organizaciones". La reunión con el Gobierno "confirma que esta ley [LOE] nacía sin consenso. Esperamos que a partir de ahora sea posible el acuerdo", aseguró. Para el representante de USO es muy importante que las asociaciones estén juntas en sus reivindicaciones contra la reforma a la educación. "Al ser tan diversas [las asociaciones], somos un reflejo de la sociedad. Por lo tanto, hemos demostrado que se puede encontrar acuerdos en muchas cosas, como lo hemos hecho nosotras siendo tan diferentes", aseguró.