Uno de los actuales socios de Gimeno edificó en un solar de El Pinar que recalificó el ex alcalde

El ex alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, tuvo varias actuaciones polémicas durante sus trece años de mandato. Una de las que causó más contundente respuesta y reacción entre los grupos de la oposición y los vecinos de la capital de La Plana fue la de la recalificación a urbanizable de 8.500 metros cuadrados que, antes de la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), estaban calificados como zona verde y formaban parte del único gran parque de la ciudad, El Pinar del Grau. Uno de sus actuales socios fue beneficiario de aquella operación.

Los ciudadanos de Castellón reunieron 12.000 firmas contra el proyecto

Tras la recalificación de la zona de El Pinar del Grau, un constructor compró y explotó el suelo en el que ahora se levantan unas viviendas. Ese mismo constructor, Eustaquio Alemany, es ahora socio del ex alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, en la mercantil Playa Farnals Residencial, que comparten con Francisco José Gimeno, uno de los miembros del Grupo Gimeno, adjudicatario y concesionario de obras y servicios tanto de la Generalitat Valenciana como del Ayuntamiento de Castellón.

Alemany compró, dos meses después de la aprobación de la recalificación según figura en la escritura de compraventa, un total de 5.831 metros cuadrados de aquella zona, por los que pagó 842.994 euros, según indica el mismo documento. La compra se efectuó a nombre de una empresa, Taquer, de la que el constructor era administrador único y a través de la que, un año después, presentó la solicitud de licencia de obras.

La recalificación del suelo de El Pinar del Grau no provocó revuelo en el momento de la aprobación de la revisión del PGOU, en marzo de 2000, sino tres meses más tarde cuando se conoció la intención de edificar en un espacio que es la única gran zona verde municipal con la que cuenta Castellón, ubicada junto a un campo de golf, en un lugar muy cercano a la playa y reivindicada y frecuentada por cientos de castellonenses.

Ni la postura de los partidos de la oposición, ni la de los ecologistas, ni las 12.000 firmas que se recogieron en contra de la "ocupación" de ese espacio fueron óbice para que el equipo de gobierno popular del Ayuntamiento de Castellón, liderado por Gimeno y con el ahora alcalde Alberto Fabra como concejal de Urbanismo, se negara a modificar el Plan y así recuperar la zona verde. La única salvedad que las protestas lograron arrancar del PP fue el de la obligación al constructor de replantar los pinos que se talaran para ejecutar las obras o plantar árboles nuevos en el caso de que la anterior opción no fuera posible.

Sin embargo, la polémica no acabó con la ratificación de la decisión del PP de permitir la urbanización de la zona ya que, tres meses después, Alemany procedió a vallar la zona en la que se iban a construir varios chalés con la salvedad de que la empresa contratada para el vallado carecía del permiso necesario para acometer dicha actuación y, además, lo hizo sin cumplir la normativa al respecto, con lo que la valla no reunía las condiciones marcadas en el plan general, ni en la medida ni en la forma, lo que provocó que las protestas se reavivaran.

A todo ello se unió la duda sobre la titularidad del suelo ya que, según denunció en su día el grupo municipal socialista, el propietario original de los terrenos era el Ayuntamiento y en el Consistorio no figuraba la venta de esas parcelas a la misma persona que en las escrituras aparecía como vendedor de las mismas y sí un acuerdo plenario por el que se cedía el suelo a condición de que los nuevos propietarios urbanizaran un área anexa, una actuación que nunca se llevó a cabo y motivo por el cual los socialistas consideraron que los solares no habían sido cedidos.

La edificación de los diez chalés proyectados llegó a paralizarse unos días tras un fallo de trámite por parte de la constructora. El Bloc Nacionalista Valencià logró paralizar la tala de árboles ya que Taquer presentó el proyecto básico de la obra para solicitar la licencia, pero no entregó en el Ayuntamiento de Castellón el proyecto de ejecución, el que determina con detalle la edificación, requisito indispensable para iniciar las obras.