Una acción judicial a instancia de particulares

El asunto de las escalas en Baleares de los supuestos aviones de la CIA mantiene abierta una vertiente judicial que se inició por la actuación de dos grupos distintos de particulares ante la fiscalía y los juzgados de Palma de Mallorca, con base en informaciones periodísticas locales e internacionales. Los alegatos de estas acciones penales populares señalaron la supuesta existencia de delitos de secuestro, detención ilegal y de torturas de supuestos terroristas, hechos perseguibles por la jurisdicción penal española.

Las diligencias indagatorias probablemente se remitirán a la Audiencia Nacional porque el juez instructor, Antonio García, firmó su inhibición el pasado 4 de octubre, al observar que "los hechos denunciados hacen referencia a delitos cometidos en el extranjero", supuestamente por extranjeros y que son "susceptibles de tipificarse según la ley española". El juez cita que la Sala de lo Penal de la Audiencia extenderá su instrucción "al conocimiento de los delitos conexos con todos los acontecimientos reseñados".

El trayecto judicial se inició en marzo con una denuncia ante la fiscalía que se archivó a los dos meses tras una investigación sobre los vuelos, sus tripulantes y pasajeros encomendada a la Guardia Civil. Al cerrarse esta vía, el mes de junio se presentó una querella ante el juzgado de instrucción y otra denuncia, en paralelo, por sendos colectivos.

La primera (del 15 de junio) corresponde a un grupo de profesionales de izquierda hoy sin militancia (Ignasi Ribas, Ferran Gomila y Antoni M. Thomàs, entre otros). El 2 de junio, el juez abrió las diligencias previas 2630/2005 S al recibir la denuncia de un grupo de jóvenes universitarios encuadrados en la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, institución que debatió y rechazó firmar la denuncia. Una y otra acción están integradas en la misma causa. Ambos grupos ratificarán eventuales querellas si la Audiencia Nacional asume el asunto.