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Tribuna:

Encuentros en la tercera fase

Tiene razón Joan Saura, una vez más, cuando asegura, utilizando responsablemente la autoridad que le da hablar en nombre del Gobierno de Cataluña, que, una vez atravesada la puerta del Congreso de los Diputados y cubierta con ello la segunda fase del proceso institucional al que está sometido el texto del proyecto de Estatuto aprobado por el Parlament, con el consabido 80,8% de sus miembros, el proceso ya no tiene vuelta atrás. Pero la innegable contundencia de esta afirmación no puede hacernos olvidar que ha llegado el momento de los encuentros en la tercera fase, de la cual lo menos que se puede decir es que el asunto "está complicao", utilizando las palabras de un político tan experimentado como Alfonso Guerra, que además es presidente de la Comisión Constitucional, en la que van a medirse las diversas capacidades de entendimiento. Es decir, si bien el proceso no tiene vuelta atrás, los encuentros en la tercera fase tampoco van a ser cuestión de coser y cantar.

No hay que atemorizar a los ciudadanos con la ruptura de España o con el hundimiento de la identidad catalana

Dejemos momentáneamente de lado, pero sin olvidarlos, los obstáculos y las dificultades que acompañaron al proceso que culminó con la aprobación del "prolijo e indigesto proyecto", según Santos Juliá, que tan brillantemente defendieron nuestros representantes ante el Congreso de los Diputados. Pero apresurémonos a evitar euforias peligrosas y constatemos que no todos los votos positivos estaban libres de serias reservas sobre los contenidos del proyecto y, lo que es quizá más importante, un amplio estado de opinión social se movía entre la frialdad y la reserva, en el mejor de los casos, y el rechazo. Al mismo tiempo, en la negativa frontal de los representantes del Partido Popular, si bien les dejó en una evidente soledad en el momento de la votación, no todos los votos coincidían con la pétrea cerrazón de sus líderes.

Un ejemplo que no hay que magnificar, pero tampoco justificar pudorosamente como insuficiencias en la información, fue la práctica ausencia de intelectuales españoles en el acto que, coincidiendo con el debate parlamentario, organizó Òmnium Cultural en el Círculo de Bellas Artes. Al margen de la digna presencia política de Santiago Carrillo y Gaspar Llamazares, sólo contó con la entrañable presencia de Paco Ibáñez.

Seguramente harían mal nuestros representantes si, apoyándose en el resultado de una votación tan amplia -que no hay que olvidar que fue fruto de concesiones, ambigüedades y actos voluntaristas-, no tuvieran en cuenta toda la dificultad que forzosamente ha de acompañar a un nuevo diálogo. Un diálogo que, si bien puede resumirse en el "está complicao" de Alfonso Guerra, es suficientemente complejo como para poner en cuestión el futuro mismo de Rodríguez Zapatero como presidente, con lo que ello comportaría para el futuro de Cataluña y del conjunto de España.

No hay que jugar con fuego ni atemorizar a los ciudadanos con la apocalíptica ruptura del Estado español, por una parte, o con el peligro de hundimientos de las paredes maestras de la identidad catalana, por otra. Todos, a excepción quizá de algunos iluminados, sabemos que habrá que negociar, y no precisamente con petulancia ni con la heroica y estéril resistencia numantina. Con esta realista convicción, con mayor o menor claridad, se han alzado entre nosotros voces que, por encima de cualquier duda sobre su catalanidad y sin atisbo de sombra de intereses electoralistas en sus afirmaciones, han hablado de la necesidad de estar predispuestos a hablar de podar el proyecto. En estas mismas páginas hablaba Xavier Vidal-Folch de "la poda del ciruelo", contraponiéndola a la del olivo o el membrillo, y no callaba que el preámbulo era poco empeorable ni que el resultado final "debe ser asumible por toda España". Hábil artículo, que pocos días antes había estado precedido por otro firmado por seis prestigiosos intelectuales catalanesencabezados por Víctor Ferreres Comella y Josep Ramoneda en el que, bajo el título Discutamos el Estatuto, afirmaban textualmente que "el nuevo Estatuto incluye preceptos inconstitucionales y es poco razonable en algunos extremos", y sobre el sistema de financiación añadían que "existen sólidos argumentos para sostener que con la Constitución en la mano no es posible extender a Cataluña ni al resto de comunidades ese tipo singular de financiación". Cierto es que estas afirmaciones, y ello sin entrar en las más contundentes expuestas por una personalidad tan relevante como Juan-José López Burniol, que ha merecido una respuesta paternalista y conciliadora de Jordi Pujol, no tienen más autoridad que la que se desprende de la consideración personal que nos merezcan y que se les puede contraponer, como argumento de autoridad, el incuestionable valor institucional que tiene el amplio voto afirmativo del Parlament. Pero el sentido común parece aconsejar que los políticos, a la hora de esgrimir argumentos y tomar decisiones, han de tener en cuenta las voces críticas no sólo de los adversarios, sino también las que proceden de su propio campo y desean contribuir a la superación de los problemas sin reclamar falsas adhesiones con el manido argumento de que no hay que dar razones al adversario. La experiencia enseña que la unidad en el error, aunque el error sea parcial o mínimo, no fortalece, sino que engaña y hace, por lo tanto, más endeble la defensa. Que nadie se equivoque, pues: con la tercera fase, ha llegado la hora de la verdad, y en esta hora parece sensato recuperar las voces críticas de los amigos probados. Ni valen los gestos grandilocuentes ni se puede olvidar que todos compartimos un ámbito común, por lo que nadie puede ni debe ser considerado como un extraterrestre.

Antoni Gutiérrez Díaz es ex vicepresidente del Parlamento Europeo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de noviembre de 2005