El Gobierno francés amplía otros tres meses el estado de emergencia

Pese a que el nivel de violencia en las calles volvió a descender sensiblemente la noche del domingo al lunes, el Gobierno francés decidió ayer dotarse de la posibilidad de extender por otros tres meses el estado de emergencia en vigor para hacer frente a la rebelión de los jóvenes de los barrios degradados y que autoriza a imponer el toque de queda. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley que modifica el texto legal de 1955, que sólo permite aplicar esta medida de excepción durante 12 días. El saldo de la 18ª noche de disturbios fue de 284 vehículos calcinados y 115 detenidos.

El Gobierno de Dominique de Villepin considera que, aunque el toque de queda se ha utilizado relativamente poco estos últimos días -unas 40 zonas seguían ayer en esta categoría-, la posibilidad de aplicarlo está teniendo un efecto psicológico en los barrios, al reforzar la autoridad de los padres de los menores que salen por la noche a incendiar coches y a quienes se está pidiendo desde las autoridades que ejerzan la responsabilidad sobre sus hijos. Según el comunicado emitido tras la reunión del Gabinete, la extensión del estado de emergencia se justifica por "la gravedad y la extensión a numerosos centros urbanos" de la ola de violencia, dirigida "sin distinción contra las personas y los bienes".

La prórroga es "estrictamente temporal" y se aplicará de acuerdo con las autoridades municipales "sólo donde sea necesario", según explicó el ministro portavoz, Jean-François Copé, citando al presidente, Jacques Chirac, quien presidió el Consejo de ministros extraordinario. El estado de emergencia actualmente en vigor expira el domingo día 20, de ahí la urgencia de modificar la ley que hoy mismo se debatirá en la Asamblea Nacional y que después debe pasar por el Senado.

La holgada mayoría de la que dispone el partido del Gobierno, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), en ambas cámaras garantiza que el proyecto de ley saldrá adelante.

Pero, a diferencia de cuando el estado de emergencia fue decretado, el pasado martes, en esta ocasión las críticas de la oposición han sido mucho más duras al recordar que se trata de una ley "colonial" que fue aprobada por la IV República para hacer frente al estado de insurrección que vivía Francia durante la guerra de Argelia y sólo fue aplicada en otra ocasión: durante la insurrección en la isla de Nueva Caledonia, en 1984.

Según el director general de la Policía Nacional, Michel Gaudin, la noche del domingo al lunes vio de nuevo un descenso de la violencia que afecta al país desde el pasado 27 de octubre. La tendencia a la calma se acentúa en la región de París, aunque en provincias todavía la situación está lejos de ser controlada; los actos de vandalismo afectaron a 120 localidades, según la Dirección General de la Policía Nacional. Gaudin anunció ayer que la policía científica y los Grupos de Intervención Regional han puesto en marcha una serie de operaciones para identificar y detener a los autores de los disturbios. Se trata, según el máximo responsable policial, de desmantelar las "zonas de economía subterránea" que existen en muchos barrios.

El ministro del Interior insistió ayer en que ha dado orden para que se inicien los trámites de expulsión de los extranjeros que hayan sido condenados en relación con los disturbios. Según Sarkozy, se trata simplemente de "aplicar la ley de la República". Las primeras expulsiones, añadió, podrían tener lugar esta misma semana. Fuentes de Interior apuntaban a un total de 130 extranjeros detenidos, aunque no especificaban cuántos de ellos habían sido condenados.

Las asociaciones de derechos humanos han criticado duramente esta medida y más concretamente el deliberado eco que el Gobierno ha querido darle. Estos grupos subrayan que a pesar de que afectaría a una muy pequeña minoría, la medida sirve para identificar como inmigrantes extranjeros a quienes se han levantado en las banlieues, cuando se trata en su inmensa mayoría de ciudadanos franceses.

El líder del ultraderechista Frente Nacional (FN), Jean-Marie Le Pen, convocó ayer una manifestación en París en su lugar favorito, al pie de la estatua de Juana de Arco, a la que asistieron varios centenares de personas. Le Pen, que denunció "la inmigración masiva" llegada del Tercer Mundo, intenta capitalizar esta crisis con el argumento de que él ya lo había advertido.