La policía relaciona 17 grupos delictivos con el despacho de Marbella y ha bloqueado 72 millones en 28 bancos

La dimensión de la operación Ballena Blanca se ha agrandado tras las investigaciones de la policía en los últimos meses. El dinero bloqueado en 28 entidades bancarias asciende ya a 72 millones de euros, los inmuebles incautados se acercan a los 400 y el número de organizaciones criminales relacionadas con el despacho Del Valle Abogados (DVA) de Marbella asciende a 17, cuando inicialmente se habló de nueve grupos. La operación sigue su curso y el juez Miguel Ángel Torres ha conseguido que el Consejo General del Poder Judicial le autorice a seguir con la instrucción y a no tomar posesión de la plaza que le habían adjudicado en un juzgado de Granada.

La operación Ballena Blanca, la investigación sobre blanqueo de dinero más importante iniciada en España, sigue abierta y la policía baraja nuevas detenciones. El sumario acumula ya 58 detenidos entre profesionales tan característicos como notarios, abogados, empresarios, promotores inmobiliarios y, desde hace un mes, un alcalde, el de Manilva (Málaga). El sumario seguirá estando parcialmente secreto durante un tiempo que no será largo, porque se pretende cerrarlo y abrir, en su caso, otras instrucciones para evitar un macrojuicio que pueda perjudicar la investigación original.

El bufete de abogados de Fernando del Valle manejaba casi 1.000 sociedades, la mitad bajo sospecha de la policía

Los investigadores han detenido a 58 personas, incluidos abogados, notarios, empresarios y un alcalde malagueño

Del Valle participa en 143 sociedades con sede en Delaware y en 25 radicadas en Gibraltar

Las ramificaciones del despacho llegan a Reino Unido, Holanda, Francia, Suecia o Israel

El número de inmuebles confiscados en la operación se acerca ya a los 400, fundamentalmente en la Costa del Sol

Han transcurrido ya casi dos años de investigación en un caso que puede sentar un importante precedente en el negocio inmobiliario de la Costa del Sol. La policía acumulaba fundadas sospechas sobre la actuación de algunos despachos de abogados, pero no había tenido la oportunidad de emprender una investigación a fondo. Uno de los despachos sospechosos era el presidido por el abogado chileno Fernando del Valle, cuya expansión le había permitido disponer de sucursales en Marbella, San Pedro de Alcántara, Benissa, Orihuela (Alicante) y tenía la intención de abrir otro despacho en Almería. A la policía no se le escapó un curioso detalle: casi todo el personal de dicho despacho, tanto en la central como en las sucursales, estaba formado por mujeres jóvenes, en su mayoría abogadas con poca experiencia profesional.

Fue una investigación de rutina, relacionada con un narcotraficante de origen tunecino llamado Sophiani Hambli -encarcelado en Francia, de donde se escapó de la prisión de Metz para refugiarse en España- la que permitió relacionar a un delincuente buscado por la policía francesa con el despacho de Fernando del Valle. Un lugarteniente de Hambli fue detenido en Marbella con 3,2 toneladas de hachís en abril de 2004. Unas semanas después, era detenido en Marbella tras un tiroteo con la policía el propio Hambli. La policía francesa sospechaba que este narcotraficante estaba blanqueando dinero en España a través de su familia, afincada en la Costa del Sol. Como consecuencia de unas comisiones rogatorias de las autoridades francesas, aparecieron en escena sociedades como Silverkey Properties SL, Garden Gates Inversiones SL o Funfair Inversiones SL. Estas empresas se constituyeron en el despacho de Del Valle.

El 2 de mayo de 2004, el juez Torres tomó una decisión muy importante, a juicio de la policía: intervenir los teléfonos tanto de Del Valle como de la empleada de su despacho Estela Elena Herrera. A partir de ese momento, la investigación policial cobró una nueva dimensión. "No es fácil y todavía sigue siendo una cuestión muy restringida", confiesan fuentes policiales, "obtener la intervención telefónica de determinados despachos de abogados".

Lo que en otras ocasiones era una mera investigación de tipo fiscal, cobró la velocidad y las posibilidades de una investigación policial. Y el caso tomó otro rumbo. "Tengamos en cuenta que se trataba de gente que estaba convencida de que actuaba en la más completa impunidad", dicen fuentes del Ministerio del Interior. "Eso les dio a los investigadores una gran ventaja y poder contar con el factor sorpresa", añaden.

Según avanzaron las investigaciones, la policía fue descubriendo el auténtico perfil de algunos de los clientes del despacho DVA Abogados. En su entorno aparecían personajes con antecedentes policiales por diversos delitos, generalmente por narcotráfico, fraude, prostitución y también un caso de asesinato. La intervención de los teléfonos de Del Valle permitió también, según consta en el sumario, determinar que el abogado era consciente en algunas ocasiones del verdadero carácter de sus clientes. Así sucedió, en una llamada que recibió Fernando del Valle de un empleado suyo preocupado por un cliente con malas pulgas.

"Tenemos un pequeño problema", le advirtió ese empleado al abogado. "Hay un cliente al que le vendimos una propiedad y dio un depósito, pero ahora no puede conseguir la hipoteca. Ha aparecido esta mañana en la oficina y ha amenazado a Richard, diciéndole que si no tiene el depósito para mañana por la mañana a las diez le va a pegar un tiro".

Fue entonces cuando Fernando del Valle contestó lo siguiente: "Hay que tener cuidado. Ese tipo ha estado en la cárcel y, al parecer, ha disparado a alguien en Holanda. Eso dijo en la oficina". Del Valle se quedó encargado de hablar con ese cliente y de calmarle. Para la policía, esa frase era una prueba de que Del Valle sabía que su cliente era un delincuente.

La investigación de los movimientos de Del Valle y el trabajo desarrollado por sus despachos comenzó a dar frutos espectaculares. Cuando la policía decidió detener a Del Valle, en una operación desarrollada el 11 de marzo (para lo cual se llegaron a formar hasta 15 equipos policiales para practicar registros y detenciones), los datos en su haber eran contundentes: el abogado Fernando del Valle participaba en 194 sociedades extranjeras, de las cuales 143 tenían su domicilio en el Estado de Delaware (Estados Unidos) y 25 en Gibraltar, además de otras en conocidos paraísos fiscales.

Su despacho manejaba un total de casi 1.000 sociedades físicas o jurídicas, de las cuales 523 estaban bajo la sospecha de la policía. Se daba el caso de que una empleada de su bufete, Estela Elena Herrera, sin tener medios económicos acreditados, aparecía como socia o administradora de 257 sociedades y como representante de otras 43. El despacho constituía con mucha frecuencia sociedades con participación de mercantiles domiciliadas en el extranjero. De ellas, 330 se constituyeron en tres notarías de Marbella, en las que se aceptaba que la citada empleada "acreditara de forma verbal" su representación de esas compañías.

En algunas de esas notarías, se constituían varias de esas empresas en la misma semana. A veces en el mismo día. Algunos de los notarios detenidos declaraba en el juzgado que no le llamó la atención ese procedimiento porque "es muy usual en Marbella la constitución de empresas con socios extranjeros", según la confesión de uno de ellos. Tampoco les llamó la atención el papel de Estela Herrera. Ninguno de las notarías advirtió a las autoridades de estos pormenores.

La investigación de dichas sociedades señalaba, a juicio de la policía, una intención manifiesta de ocultar el origen del dinero y la identidad de los propietarios del mismo. Sobre las sociedades domiciliadas en Delaware, la policía destacaba el modus operandi: "Partían todas ellas de un mismo domicilio en Delaware, y en Marbella hacían lo que se llama el kit comanche, es decir, Del Valle se quedaba como representante y se otorgaba una mayoría de acciones al portador a su auténtico dueño". Esas sociedades, aunque domiciliadas todas en la misma dirección, podían haberse constituido en otras partes de Estados Unidos o del mundo.

Sucesivas investigaciones han ido engrosando el número de empresas y el número de grupos criminales relacionados con las mismas. Las ramificaciones del despacho llegan hasta numerosos países de Europa, fundamentalmente Holanda, Reino Unido y Francia, pero también Suecia o Finlandia. Muy pronto se establecieron oscuras conexiones de la red de empresas con ciudadanos rusos y de otros países del Este, con la petrolera Yukos, y también con Israel. Esa parte del sumario permanece aún secreta.