Un banco concedía créditos por terrenos pendientes de recalificar
Empresas del abogado Del Valle recibieron dos préstamos de 12 millones de euros
La operación Ballena Blanca obligó a bloquear cuentas corrientes, depósitos y cajas de seguridad de 28 bancos. Al principio fueron 35,6 millones de euros en efectivo, pero la cifra se eleva ya a 72 millones. Sin embargo, a juicio de Interior, la investigación ha revelado que fallaron los controles internos en los bancos. Algunos concedieron préstamos a empresas y avalistas "no suficientemente acreditados". Una entidad incluso dio créditos condicionados a futuras recalificaciones de suelo.
Uno de los casos que muestra ese comportamiento de los bancos salió a relucir tras la detención de Antonio Flores Romero, director de la sucursal del Banco de Andalucía en la Línea de la Concepción durante 2003 y 2004, periodo en el que dicha entidad tuvo una estrecha relación con empresas vinculadas con el entramado del abogado Fernando Del Valle.
En su declaración ante el juez, Flores dibujó la importancia que tenía una sucursal que gozaba "de unos 3.800 clientes y un volumen de negocio de alrededor de 20.000 millones de pesetas", una cifra muy alta para una localidad de 62.000 habitantes. El Banco de Andalucía pertenece al Banco Popular y su línea de créditos hipotecarios se canaliza a través del Banco Popular Hipotecario.
El propio director de la sucursal reconoce que le "sorprendió" que el Popular Hipotecario concediera un crédito de 8,9 millones de euros a una empresa, condicionado a una futura recalificación de terrenos. "Lo usual es que el préstamo no se conceda hasta que no se han determinado las condiciones de la parcela y no se haya verificado la recalificación de los terrenos", dijo el acusado. Éste llegó a confesar que el BBVA estuvo a punto de participar en una sociedad con una de esas empresas, pero decidió retirarse. Flores no explicó la razón de la retirada.
Según fuentes de la investigación, declaraciones como ésta revelan algunas de las prácticas habituales en el entorno de la construcción inmobiliaria en la costa, donde la posibilidad de que un terreno sea recalificado se contempla con "la mayor naturalidad del mundo". ¿Cómo se efectúa esa recalificación? Ahí se entra en asuntos que todavía están bajo secreto de sumario. No obstante, una de las ramas de la investigación permitió llegar hasta el alcalde de Manilva, localidad muy próxima a La Línea de la Concepción, precisamente por un asunto de recalificaciones. Pedro Tirado, alcalde que fue del GIL y que ahora presidía el Partido Democrático de Manilva, fue detenido. La policía encontró en su domicilio una bolsa que contenía casi 770.000 euros en billetes.
Otra de las cuestiones en las que trata de profundizar la investigación es sobre la concesión de créditos bancarios a empresas relacionadas con la organización del despacho DVA Abogados de Marbella. Uno de los casos que ha salido a la luz con el levantamiento parcial del secreto sumarial es el de la concesión de dos préstamos de 12 millones de euros cada uno a la empresa Allerton Holding para sus promociones urbanísticas en la Villa (104 viviendas) y Regency (118), ambas en la zona de La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción. Precisamente es en estas urbanizaciones donde se intervinieron cautelarmente gran cantidad de bienes inmobiliarios.
Según se da cuenta en el sumario, el banco admitió en los préstamos a sociedades israelíes como avalistas "sin acreditar su solvencia". Curiosamente, otro abogado detenido, Jorge Poggio, llegó a enviar una carta al Servicio de Blanqueo de Capitales del Banco de España, manifestando sus dudas sobre algunas de estas empresas que manejaban cuentas corrientes por cantidades muy elevadas. "La ley", dice una fuente de Interior, "obliga a los profesionales a informar, pero también a no intervenir en operaciones sospechosas".
[El abogado Fernando del Valle ha colgado en la página web de su despacho (www.dva-lawyers.com) un comunicado para sus clientes, en el que afirma que ni su bufete ni sus letrados tienen impedimento alguno para continuar con su actividad. La carta advierte de que la policía ha bloqueado fondos de clientes "que ni estaban ni están bajo investigación", anuncia que se está trabajando para que se liberen dichos fondos y describe cuál va a ser la estrategia a seguir.]
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