La banca ante un futuro de jubilados

El sector financiero mundial se enfrenta, en los próximos cuatro años, a un entorno marcado por una proporción cada vez mayor de jubilados en los países más desarrollados, lo que obligará a adaptar la oferta de productos. La protección al inversor y el accionista, así como la mayor carga regulatoria, impondrán obligaciones de transparencia que se traducirán en mayores gastos.

Las NIIF harán los balances de situación más volátiles y las comparaciones, de un ejercicio a otro, más difíciles de establecer

La cada vez mayor longevidad de la población en los países más desarrollados marcará la evolución de las entidades financieras en los próximos cuatro años. Los sistemas de pensiones públicos cada vez se verán sometidos a una mayor presión y el sector privado se convertirá en un complemento necesario para cubrir las necesidades de los jubilados. Así concluye un informe de PricewaterhouseCoopers (PwC) sobre El futuro de los servicios financieros.

El estudio identifica cinco motores que configurarán el entorno que se avecina: el factor demográfico, la previsible ralentización del ciclo económico, el esfuerzo político por proteger a inversores y accionistas, un aumento de la carga regulatoria y una gestión de las relaciones con los clientes que cada vez dependerá más de las posibilidades que ofrece la tecnología.

El envejecimiento obligará a las entidades financieras a diseñar, cada vez más, productos no sólo para complementar las pensiones públicas, sino también para rentabilizar esas rentas percibidas. En EE UU, el debate ha llegado al extremo de que uno de los puntos estrella de la agenda económica de Bush para su segundo mandato era abrir la posibilidad a los trabajadores más jóvenes de dirigir sus cotizaciones sociales a cuentas privadas, obviando el sistema público de Seguridad Social.

La propuesta no ha conseguido salir adelante, dada la fuerte oposición que encontró incluso entre las filas republicanas, y parece poco plausible que en Europa se planteen propuestas radicales en este sentido. "Es difícil pensar en un retroceso del sistema de bienestar en España porque no sería políticamente vendible", opina Antonio Greño, socio responsable de servicios financieros de PwC. "Otra cosa es que cada vez más se complementará con productos de ahorro a largo plazo privados, que combinarán los fondos de pensiones con los seguros", añade. Otro campo en el que las entidades financieras deberán avanzar en España es el desarrollo de productos globales que permitan transmitir el patrimonio a los herederos de la forma fiscalmente más ventajosa.

Movimientos migratorios

Greño apunta otro importante factor demográfico que condicionará el negocio financiero de los próximos años: los movimientos migratorios. Las grandes entidades de ahorro españolas ya han tomado buena nota y se han lanzado de lleno a captar el negocio de las remesas que los inmigrantes envían a sus países de origen. "Estamos en los primeros pasos, pero en unos años es un sector de la población que presentará ya un cierto nivel de ahorro", señala el socio de PwC.

Mientras las entidades financieras en los países desarrollados se enfrentarán al reto del envejecimiento de la población, los países en desarrollo ofrecerán nuevas oportunidades de negocio. China e India ya se perfilan como los mercados del futuro.

La avalancha de regulación que se echará encima de las entidades financieras en los próximos años también condicionará el negocio de estas entidades. Greño apunta, por ejemplo, a las disposiciones sobre control de los flujos de financiación del terrorismo que impone la Patriot Act, la normativa antiterrorista aprobada por EE UU tras el 11-S, o en España la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), órgano dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, que, a partir de este año, obliga a las entidades financieras a someter a una auditoría externa sus sistemas de prevención del blanqueo de dinero. "No sólo es el gasto que ello acarrea, sino que añade un riesgo más de imagen, de reputación en caso de incumplimiento", dice Greño.

Pero quizá los cambios más profundos vengan por otra vía. La nueva normativa sobre solvencia de las entidades financieras, conocida como Basilea II, obliga a mantener unos niveles de recursos propios muy estrictos, en relación con los riesgos asumidos. La consecuencia inmediata, dice Greño, es que las entidades financieras acabarán por desprenderse de los negocios en los que sean menos fuertes y se concentrarán en aquellos en los que estén más especializados. "Creo que cada vez habrá menos entidades globales que estén presentes en todos los países", señala. Además, como los requisitos de Basilea II deberán hacerse públicos, los analistas y agencias de calificación crediticia dispondrán de una información sobre el riesgo de cada entidad que no estaba a su alcance hasta ahora, lo que creará una mayor presión competitiva.

Pero si hay un cambio que tendrá consecuencias inmediatas es la aplicación, obligatoria a partir de este ejercicio en Europa, de las nuevas normas contables, las normas internacionales de información financiera (NIIF). Un dato. Muchos activos se valorarán a precios de mercado, no a coste histórico como hasta ahora, lo que supone que los balances serán más volátiles y que las comparaciones, de un ejercicio a otro, serán más difíciles de establecer.