Sanidad deja en manos privadas la atención de más de 300.000 ciudadanos en Alicante

El modelo sanitario de gestión privada entrará en funcionamiento en la provincia de Alicante antes del próximo verano, cuando el nuevo hospital de Torrevieja inicie su andadura. En un par de años, la Generalitat habrá dejado en manos privadas la atención de, al menos, 300.000 ciudadanos de Alicante, según cálculos de CC OO. El grupo empresarial Beanaca, propiedad de Carlos Paz, próximo a los círculos de poder del PP, ha sido el que más ha incrementado su cuota de participación en los servicios sanitarios cedidos por Sanidad al sector privado.

La empresa Beanaca, que gestiona el hospital clínica de Benidorm desde su creación, es concesionaria de los diagnósticos por resonancia magnética

[tecnología para realizar diagnósticos a través de imágenes] en la provincia de Alicante desde 2000. La mercantil también participa en la gestión del hospital de Torrevieja, con un 10% de las acciones, que entrará a funcionar antes del próximo verano, según fuentes sanitarias. La firma de Carlos Paz no deja de crecer a la par que Sanidad va desprendiéndose de servicios. Desde el pasado junio, Beanaca ha engordado su cartera de servicios sanitarios tras lograr la atención oncológica de los enfermos de la comarca de la Marina Baixa.

El "oscuro" proceso de adjudicación que, según CC OO, se ha mantenido "en secreto" dos años, lleva a la organización sindical a sospechar de un posible trato de favor a la empresa, cuyo propietario mantiene estrechos lazos con dirigentes del PP, especialmente con el ex ministro y actual portavoz en el Congreso de este partido, Eduardo Zaplana.

El ex presidente fue, precisamente, el artífice en 1996 del plan de choque, una fórmula para acabar con las listas de espera, que sentó las bases para privatizar la Sanidad pública. Este periódico trató sin éxito de contactar con Carlos Paz para que respondiera a las acusaciones del sindicato. Fuentes de su clínica también declinaron manifestarse al respecto.

El déficit de medios para asistir a los enfermos de cáncer en la Marina Baixa fue la excusa esgrimida por Sanidad para privatizar este servicio. Sin embargo, a sabiendas de que ninguna empresa podría cubrir las prestaciones a externalizar, el departamento de Vicente Rambla recurrió a una fórmula legal, incluido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Estado, que permite a la Administración contactar de forma directa con las empresas y proponerles la oferta. Pero llama la atención el período transcurrido desde que Sanidad inicia el expediente (documento en el que se especifican las necesidades y los medios que deben disponer la empresa aspirantes al servicio sanitario), el 22 de abril de 2003, hasta su adjudicación definitiva, el 18 de mayo de 2005.

Acuerdo "pactado"

Un acuerdo "pactado" con anterioridad justifica, según la organización sindical, el "excesivo" tiempo desde la aprobación del expediente hasta su adjudicación. Salvador Roig, responsable de Comunicación de CCOO en L'Alacantí-Les Marines, especula que la clínica de Benidorm sabría que su inversión inicial con la compra de tecnología de vanguardia sería ampliamente amortizada con esta concesión. Roig reprocha al ejecutivo valenciano que ceda la atención oncológica -diagnóstico, radio y quimioterapia- en lugar de crear un servicio en el hospital de La Vila Joiosa.

Siguiendo la estela del modelo de gestión privada, en el plazo de un año, entrará en funcionamiento el hospital de Dénia, el segundo centro sanitario de gestión privada en la provincia de Alicante. El nuevo centro de la Marina Alta está participado en un 65% por la aseguradora alemana DKV, y en un 35% por Ribera Salud, una entidad integrada por Bancaixa y la CAM.

Además de los citados hospitales, otro flanco de la Sanidad pública privatizado por el Ejecutivo valenciano es el transporte, normal y urgente, conocido como Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y el Soporte Vital Básico (SVB). La firma Ambulancia Ayuda, SL, es otra de las empresas beneficiadas por la política privatizadora del PP.

Los socialistas a través de Encarna Llinares, portavoz de Sanidad, han advertido en numerosas ocasiones del sobrecoste de los servicios externalizados, especialmente las resonancias, muy por encima de las previsiones.

CCOO también se mostró beligerante con una fórmula de gestión que, a su entender, beneficia exclusivamente a intereses privados. El sindicato insiste en el riesgo que entrañan las situaciones de monopolio de varias empresas, que se rigen por criterios economicistas y no en base a las necesidades sanitarias de la población. "La Sanidad no es una empresa que tiene que dar beneficios", apostilla Salvador Roig.

El consejero de Sanidad, Vicente Rambla, admitió el pasado miércoles en las Cortes Valencianas el aumento de los costes de forma que se replanteará "lo antes posible" el concierto para la prestación del servicio de resonancia. CCOO ve en este anuncio una consecuencia del enfrentamiento interno del PP en Alicante. Rambla, alineado en el sector campista, quiere ahora, según este sindicato, cerrar el grifo a este empresario.