Comercio prorrogará hasta mediados de 2006 la suspensión de permisos a grandes superficies

La Generalitat no llegará a tiempo para levantar a final de año la suspensión de licencias de apertura de grandes centros comerciales que aprobó en diciembre pasado. Para dejar sin efecto la suspensión, tendría que ver aprobada en el Parlament la nueva ley que regulará la apertura de nuevos centros y aprobar seguidamente el decreto que debe desarrollar las condiciones para autorizar las aperturas. Pero la discusión parlamentaria de la nueva norma avanza a un ritmo más lento del esperado y, según diversas fuentes implicadas en la redacción de la ley, deberá decretarse una nueva prórroga, hasta mediados de 2006, para la concesión de licencias de apertura, hasta que esté lista la nueva normativa.

Hace casi un año el Departamento de Comercio, Turismo y Consumo suspendió por 12 meses, prorrogables por seis más, los permisos para abrir nuevos centros comerciales hasta que se aprobara la nueva legislación. El primer plazo acaba en enero y, aunque la ley que regulará la apertura de grandes superficies podría quedar aprobada por el Parlament en la sesión que se celebrará a mediados de diciembre, se requiere, además, tener listo el decreto que desarrolle los requisitos de las aperturas. Este decreto debe ser sometido a consultas de ayuntamientos, sindicatos y patronales, trámites que pueden prolongarse durante varios meses, dicen las fuentes consultadas. El propio director general de Comercio, Raimon Serret, afirma que será necesaria otra prórroga de la suspensión de licencias porque el plazo de consultas a los afectados durará varios meses.

El Gobierno tripartito decidió hace más de un año sustituir la ley que rige las aperturas de grandes centros comerciales, que el anterior Ejecutivo de CiU había impulsado en 2000. El proyecto de ley entró en el Parlament antes de las vacaciones de verano. Pero no está resultando fácil su consenso entre el PSC, ERC e ICV, los grupos que respaldan al Gobierno catalán. La principal novedad del proyecto de ley de equipamientos comerciales es que sólo permite, con excepciones limitadas, abrir grandes superficies en lo que el texto define como "tramas urbanas consolidadas". El núcleo duro de la discusión parlamentaria se centra precisamente en definir qué son "zonas urbanas consolidadas".

Sólo en ciudades grandes

Fuentes parlamentarias explican que ha habido algunas discrepancias sobre lo que deben ser las zonas urbanas donde se podrán implantar los nuevos centros comerciales. De momento, hay un principio de acuerdo entre los grupos del tripartito para que estas zonas se limiten a las ciudades de más de 25.000 habitantes y las capitales de comarca. Esto es lo que aparece en el borrador que se debate en el Parlament y se justifica "porque así se pretende garantizar a los consumidores una oferta diversificada y plural, de forma que su aumento se produciría fundamentalmente donde esté justificado para atender, en las mejores condiciones, las necesidades de los ciudadanos y evitar las movilidades innecesarias".

El texto que se debate en el Parlament sólo concreta que será trama urbana consolidada el área "donde resida mayoritariamente la población" y haya "continuidad de edificios residenciales plurifamiliares". Por eso, deberá haber un decreto, un plan territorial de equipamientos comerciales, que fije ciudad por ciudad todos los terrenos donde se podrán abrir centros comerciales. Ubicar una gran superficie fuera de estas zonas será dificil y requerirá que se prevean construir como mínimo "450 viviendas plurifamiliares con una densidad de población mayor de 50 viviendas por hectárea", se afirma en el proyecto de ley.

Aun así, el texto fija algunas excepciones para los negocios que necesitan mucha superficie de exposición, como las tiendas de muebles, de coches y de maquinaria. Fuera de los centros urbanos, también se podrá autorizar la apertura de grandes superficies en las zonas en las que se encuentran estaciones de ferrocarril, puertos y aeropuertos, así como en las situadas a menos de 15 kilómetros de un paso fronterizo.

Desde los tiempos en los que CiU gobernaba, la patronal de las grandes superficies, Anged, ha criticado los límites al crecimiento de los centros comerciales, y fuentes empresariales del sector tachan de "intervencionista" la nueva norma que preparan los grupos del tripartito. Según la Asociación Española de Centros Comerciales, en Cataluña existen 45 grandes superficies. Madrid tiene 92; Andalucia, 80, y la Comunidad Valenciana, 45.

Fuentes de CiU aseguran que la ley que se debate en el Parlament es mucho más expansiva que la suya, en vigor, a la hora de autorizar la apertura de centros comerciales. "El texto es indeterminado, crea inseguridad y prevé muchas excepciones, por lo que puede ser un coladero de nuevos centros", reprochan desde CiU. Por su parte, fuentes empresariales del sector afirman que no está claro que la nueva ley sea más expansiva: "Parece más generosa a la hora de autorizar centros, pero es pronto para ver el resultado final e incluso puede acabar siendo más restrictiva. Todo dependerá de la normativa que contenga el decreto sobre en qué zonas se podrá abrir".

Sobre el tamaño de los centros que requerirán autorización no existen diferencias con la actual ley. Se prevé que necesitarán permiso expreso de la Generalitat los que tengan más de 2.500 metros cuadrados y estén situados en poblacioens de más de 240.000 habitantes, en la práctica sólo las ciudades de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat. También deberán obtener el permiso del Gobierno catalán los que tengan más de 2.000 metros y se instalen en poblaciones de más de 25.000 habitantes y menos de 240.000; los que se tengan más de 1.300 metros en localidades de más de 10.000 y menos de 25.000 habitantes, y los de más de 800 metros en municipios de hasta 10.000 habitantes.