Cerca de 18.000 inmigrantes han obtenido la tarjeta sanitaria desde 2004

Osakidetza ha concedido durante 2004 y en lo que va de este año un total de 17.608 tarjetas individuales sanitarias a otros tantos ciudadanos extranjeros empadronados en Euskadi para que puedan acceder a la sanidad pública. El 20% de ellos se hallaba activo laboralmente cuando se le concedió la tarjeta. Estos datos figuran en una respuesta que el titular de Sanidad, Gabriel Inclán ha dado a una pregunta parlamentaria del PP.

Inclán precisa en su contestación a la popular Juana Iturmendi que el sistema de tarjetas sanitarias, que acredita el derecho a acceder a la sanidad pública, sirve para adecuar los recursos a las necesidades que abren las migraciones.

El 61% de las tarjetas fueron entegradas a inmigrantes residentes en Vizcaya (10.757), el 21% a extranjeros que viven en Guipúzcoa (3.755) y el restante 18%, en Álava (3.096).La mayoría de las tarjetas se han entegrado en las capitales: 5.251 en Bilbao, 2.803 en Vitoria y 1.306 en San Sebastián.

Por otra parte, los primeros 16 inmigrantes ya han sido normalizados en Euskadi a través del procedimiento del arraigo, en su doble vertiente social y laboral. Aunque se trata de los primeros casos, ya que la legislación fue modificada en agosto, al acabar el proceso extraordinario de normalización, la Administración periférica del Estado cree que desde el próximo año ése será el procedimiento más habitual para conseguir la documentación. De momento, de las 56 solicitudes presentadas en Euskadi, se han concedido 16: trece en Álava, dos en Vizcaya y tan sólo una en Guipúzcoa. Otras 18 han sido denegadas y las demás siguen en trámite.

La subdelegada del Gobierno central en Álava, Gloria Sánchez, considera que el arraigo será la vía "normal" a partir de ahora y ha de convertirse en la habitual "para legalizar la documentación de los inmigrantes" una vez finalizado el proceso de normalización, en el que en Euskadi se han regularizado más de 11.000 inmigrantes.

Sánchez destaca la importancia de abrir el procedimiento del arraigo, restringido por decisión del anterior Ejecutivo del PP desde enero de 2002.

El nuevo reglamento establece dos procedimientos: el arraigo social y el laboral. El más habitual está siendo el primero, ya que de las 56 solicitudes, 51 se han presentado por esta vía. En este caso, los ayuntamientos y los servicios sociales juegan un papel determinante, ya que es preceptivo un informe en el que proponen que les sean o no concedidos los papeles en función de la trayectoria del inmigrante que lo pide.

Además del informe de los servicios sociales, los inmigrantes han de acreditar para conseguir la documentación, una estancia de tres años en España, tener vínculos familiares y el certificado de penales de su país natal.

"El arraigo laboral está más pensado para que afloren casos de explotación del trabajador inmigrante", explica Sánchez, "ya que es necesario o bien un contrato de trabajo, o una sentencia judicial que acredite la relación laboral, o bien una resolución de la Inspección de Trabajo". Es una vía más difícil para la que también se exige no tener antecedentes penales en el país de origen y una estancia acreditada de dos años en España.