Futuro autonómico

Como ha ocurrido otras veces, el debate sobre la autonomía catalana marcará el rumbo de las reformas territoriales en marcha y determinará en gran medida el modelo autonómico que vaya a configurarse. Si es esto lo que está en juego, conviene actuar con prudencia: marcar claramente los objetivos y límites del nuevo marco autonómico y

no dar por imposible un consenso en el Parlamento español tan amplio como el producido en Cataluña. Esto implicaría la participación del PP, más allá de las proclamas reiteradas ayer por Rajoy en términos de todo o nada. El debate sobre el Estado de las Autonomías, que se inicia mañana en el Senado, recuperando una tradición interrumpida hace casi una década, será la ocasión para concretar esos criterios en un marco multilateral.

El Gobierno está a favor de reformas que amplíen las competencias autonómicas, siempre que respeten ciertos límites. Escuchará las demandas de todas las comunidades y actualizará sus criterios de acuerdo con la experiencia de los proyectos vasco y catalán, que tan distinta suerte corrieron en su acogida por las Cortes. La ausencia de Ibarretxe alegando que antes hay que discutir el derecho a decidir de los vascos ilustra una diferencia sustancial entre su plan y la reforma catalana: la aceptación o no de la existencia de ámbitos de decisión multilaterales, como expresión de la diferencia entre soberanismo y federalismo o autonomismo.

Las referencias de Santillana, hace dos años, a la cohesión social e igualdad de derechos se concretan ahora (a la vista del proyecto catalán) en la apelación a la unidad de mercado y al sistema de financiación. Esto último en términos muy genéricos, algo lógico cuando está pendiente la negociación pormenorizada del que ambas partes consideran asunto central de la reforma catalana. Pero que se aborde en el pleno del Senado es una forma de marcar el terreno en el que se inscribe cualquier discusión sobre financiación.

El debate dará ocasión para comprobar la disponibilidad real del PP a participar en el intento de encajar el proyecto en la Constitución. A los socialistas les interesa asociar a los populares a ese proyecto, para que el resultado cuente con la máxima legitimidad, y ese posible beneficio es lo que alimenta la resistencia de Rajoy. Pero los dividendos que éste espera obtener de su oposición a la reforma dependen de que haya demostrado previamente que su actitud no era de boicoteo o veto a cualquier cambio, sino a uno que considera anticonstitucional. Tal vez haya un terreno de interés compartido, el de la reforma de la reforma, que viene a coincidir con algo sobre lo que existe acuerdo mayoritario según las encuestas: que el resultado de la negociación debe adecuarse con los principios constitucionales.