El Gobierno culpa a la Iglesia de la ruptura de la negociación educativa

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, admitió ayer el fracaso de la negociación que ha mantenido el Ejecutivo con la Iglesia sobre la Ley de Educación (LOE) al señalar que no ha habido acuerdo y que lo "ve muy difícil". "Nos hubiese gustado que lo hubiese, pero no ha sido posible y lo lamentamos", dijo la vicepresidenta al finalizar el Consejo de Ministros. También se refirió a la manifestación contra el Gobierno del día 12, a la que han convocado algunos obispos, y les requirió que "deben explicarse ante los ciudadanos".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acompañada de la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, ha protagonizado desde marzo, por encargo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, las negociaciones con los interlocutores de la Iglesia sobre diversos temas, en los que las cuestiones educativas han sido las prioritarias.

Las reuniones, celebradas con discreción y saldadas con un fracaso, según admitió ayer la vicepresidenta primera, han tenido como representantes habituales por parte de la Iglesia al presidente de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal, Antonio Dorado, y al arzobispo primado de Toledo, Antonio Cañizares. También ha participado en las mismas conversaciones, como interlocutor directo con la vicepresidenta primera, el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez.

La negociación ha encallado en el tratamiento de la asignatura de religión, según señalan fuentes gubernamentales. Los interlocutores de la Iglesia pretenden que dicha asignatura compute como una materia más en las evaluaciones y en los currículos de los alumnos. La interlocución del Gobierno asume que la asignatura de religión conste en los programas, pero rechaza que sea evaluable y que influya en los currículos de los alumnos.

"Hemos mantenido varios encuentros. Ha habido diálogo, pero no ha habido acuerdo. Nos hubiera gustado que lo hubiese, pero no ha sido posible y lo lamentamos", dijo la vicepresidente como explicación pública. Más adelante, precisó: "Las puertas del Gobierno están siempre abiertas al diálogo, aunque en este tema, francamente, lo veo muy difícil. No lo creo, más bien, me inclino a pensar lo contrario".

Interés general

Fernández de la Vega dejó claro, también, que el Gobierno no puede ceder a las pretensiones de la Iglesia en cuanto al tratamiento de la asignatura de religión con el argumento de la defensa del interés general de los ciudadanos. "El Gobierno tiene la obligación de gobernar para todos los ciudadanos y de acuerdo con las decisiones que emanan del Parlamento", dijo Fernández de la Vega.

La vicepresidenta primera del Gobierno admitió que, desde marzo, cuando Zapatero le responsabilizó de la negociación con la Iglesia , ha tenido "varios encuentros" con distintos miembros de la jerarquía eclesiástica.

El nombramiento, en marzo, del obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez como presidente de la Conferencia Episcopal, en sustitución del cardenal-arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, fue acogido por el Gobierno con satisfacción por considerar que representaba un "perfil abierto", en un momento en que ya se habían producido algunos choques de la Iglesia con el Gobierno, a cuenta de la legislación social, anunciada por el Ejecutivo, como la ley de matrimonios homosexuales.

El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no ocultó que, a su juicio, se abrían expectativas de acuerdo en la negociación, y el Gobierno y la Iglesia acordaron abrir un "diálogo fluido". Zapatero mantuvo una conversación telefónica con Blázquez y lo recibió en la Moncloa, en un ambiente de cordialidad, en el que no faltaron los anuncios de que se abría una "nueva etapa" en las relaciones entre ambas instituciones.

Sin embargo, a lo largo de la celebración de las negociaciones del Gobierno con la Iglesia, desde marzo hasta ahora, las posiciones de los interlocutores de la jerarquía eclesiástica han ido variando. Mientras el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez mantenía con la vicepresidente primera del Gobierno la posición inicial de "diálogo fluido", las de otros interlocutores como el arzobispo primado de Toledo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares, o la del portavoz de la Conferencia Episcopal, Martínez Camino, se han ido endureciendo.

La gota que ha rebasado el vaso de esta actitud de endurecimiento de un sector de la Iglesia es la manifestación convocada por la confederación católica de padres (Concapa), contra la Ley Orgánica de Educación (LOE) para el próximo 12 de noviembre, con el respaldo de una parte de la jerarquía eclesiástica.

La nota más significativa ha procedido del arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, que anunció el miércoles que hará un llamamiento a los párrocos de Madrid para que este fin de semana pidan a los fieles en sus parroquias que acudan a la manifestación.

La vicepresidenta primera del Gobierno, ayer, tras el Consejo de Ministros, se refirió al papel de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica en la convocatoria de la manifestación, como Rouco Varela, y mantuvo una actitud de firmeza al reclamarse que se expliquen ante los ciudadanos.

"No es la primera vez que algunos obispos llaman a participar en una manifestación contra el Gobierno", dijo en alusión a la manifestación contra la ley de matrimonio homosexuales, convocada en junio, en Madrid, con la participación de algunos obispos, entre ellos Rouco Varela.

Fernández de la Vega se dirigió a este sector de los obispos, en estos términos: "No lo digo con alegría, pero también creo que son ellos los que deben explicarse frente a los ciudadanos".