Los conciertos educativos reviven las protestas de 1985

La educación ha sido uno de los elementos de discordia entre la Iglesia y los gobiernos socialistas. La regulación de los conciertos educativos en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 sacó a los religiosos a la calle en sonadas manifestaciones. Años después, en 1994, dos sentencias del Supremo establecieron que la religión no podía tener una asignatura alternativa de la categoría de matemáticas o lengua, ni siquiera una hora de estudio, porque los alumnos que cursaran religión perderían los contenidos que, en esa hora, aprendieran los otros. Y así está desde entonces porque, aunque los gobiernos de Aznar han intentado que haya dos asignaturas obligatorias y evaluables, la religión y otra (se llamaba Valores Cívicos cuando Mariano Rajoy era ministro de Educación y Hecho Religioso cuando lo fue Pilar del Castillo) en ningún caso sucedió. La última vez porque los socialistas ganaron el gobierno y paralizaron la reforma.

La Iglesia pide ahora al Gobierno de Zapatero que les devuelva la ley que paralizaron. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha contestado con una reforma educativa que a la Iglesia le parece intolerable porque, dicen, no sólo no deja las cosas como estaban antes del PP, sino que es "más rectrictiva con los conciertos educativos que la antigua LODE" socialista.

Inicio templado

Las relaciones Iglesia-Gobierno empezaron templadas. "Respeto mutuo" se declararon la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino en marzo de este año. La borrasca no ha tardado. Fuentes conocedoras de las negociaciones admiten que hay dos obstáculos: uno, la línea dura de la Conferencia Episcopal Española (CEE), léase el cardenal Rouco Varela, el arzobispo Antonio Cañizares, y el propio Martínez Camino; y dos, los socios a la izquierda del Gobierno.

El presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, dicen las mismas fuentes, sería más proclive a acuerdos. La línea moderada reconoce que las relaciones con el Gobierno han sido cordiales y se podían haber fijado algunos puntos en común. La clase de religión no es el principal problema, sino una ley que deja en manos de la Administración la decisión de concertar o no los colegios aunque reúnan las condiciones para ello y tengan demanda de las familias.

La LODE, dicen, vale que vale, pero ir más atrás, no. Siempre han pedido una financiación pública "que cubra los gastos escolares", pero es que ahora, la nueva ley, impide además recaudar mediante cuotas a las familias. Es demasiado, se quejan. Esto y algunas presiones políticas añadidas, sacarán a los religiosos de nuevo a la calle.