El Gobierno acelerará la unidad de acción exterior y la reforma de la Escuela Diplomática

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dio ayer un paso hacia la primera reforma integral del servicio exterior realizada en la España democrática, que arrancará con medidas urgentes orientadas a hacer efectiva la unidad de acción, frecuentemente precaria, entre los funcionarios de los distintos ministerios que ejecutan la política exterior española y con una "reforma en profundidad" de la Escuela Diplomática. El grueso del proyecto, más allá de éstas y otras tareas urgentes, queda pendiente de la Ley del Servicio Exterior que se aprobará en 2006.

Esto es, al menos, lo que promete el informe elaborado por la comisión interministerial que se ocupa del tema desde junio de 2004, aprobado ayer por el Consejo de Ministros. El borrador ha tenido un arranque azaroso, en la medida en que, estando listo desde junio pasado, ha debido de hacer cuatro meses de antesala del Consejo por diversos problemas, no sólo de agenda.

Al día de hoy, y tras su aprobación por el pleno del Ejecutivo, la información pública sobre un proyecto que ha sido reiteradamente debatido en diversas instancias sigue siendo mínima. El portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores, Gustavo de Arístegui, se apoyó ayer en ese hecho para declararse "indignado" por el "secretismo y mala fe" con la que el Gobierno está llevando este asunto.

En el planteamiento general del informe que el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, hizo ayer ante el Consejo, destaca la distinción entre "medidas urgentes", que serán reguladas por decreto ley; medidas a corto plazo, como será la propia ley marco del Servicio Exterior, y otras medidas a medio plazo.

Las urgentes comienzan por "la reforma en profundidad del sistema de ingreso en la carrera diplomática", aunque, al parecer, el procedimiento de oposición no se cuestiona, y por "la primacía de la formación continua y el establecimiento de la Escuela Diplomática como centro abierto y aglutinador para la formación de todo el personal del Servicio Exterior". Pero insisten también en la necesidad de que todas las agregadurías, especialmente las de Comercio y Defensa, estén en una sede única de la Embajada y no en sedes separadas de la cancillería, como es frecuente ahora. El informe prevé, además, que las inspecciones de esos servicios sean únicas, a cargo de servicios interministeriales, y no de cada ministerio competente por lo que se refiere a su área de influencia.

El proyecto trata, así, de avanzar con celeridad hacia un horizonte de cooperación y coordinación, para el que propone explícitamente como modelo el funcionamiento de la Representación Permanente ante la Unión Europea, en Bruselas. El grado de entendimiento logrado allí entre más ministerios que cualquier otra legación diplomática española no es moneda corriente. El Consejo de Ministros respaldó la petición de Moratinos de que cunda el ejemplo en las demás embajadas.

Otra medida de urgencia que el informe plantea para adaptar a las necesidades actuales las anquilosadas estructuras de la acción española en el mundo es "la definición de un instrumento jurídico consensuado de condiciones laborales fundamentales mínimas para el personal laboral, con independencia de la legislación laboral que regule sus contratos". Se trata de resolver la situación de los contratados en el exterior, muchas veces en países que no ofrecen garantías laborales mínimas, lo que da lugar a continuos conflictos.

El informe propone también potenciar Internet en la Administración Exterior, facilitar conexiones en tiempo real de las embajadas con los servicios centrales de gestión económica de los ministerios y simplificar los procedimientos administrativos de las decisiones de gasto de las legaciones.

Se considera igualmente urgente promulgar un estatuto del cooperante y redefinir el Consejo de Política Exterior creado en julio de 2000, que ha caído en la inoperancia. El borrador propone incorporar a la vicepresidenta primera del Gobierno a ese organismo, presidido por al jefe del Ejecutivo, donde están el vicepresidente segundo y los ministros de Exteriores, Defensa y Educación.