Degradados 17 cabos de la policía de Málaga por unas oposiciones amañadas

El Ayuntamiento de Málaga se ha visto obligado a degradar a 17 cabos de la policía local en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El texto anula las oposiciones de promoción interna de 1991 en las que lograron el ascenso por estar amañadas, ya que dos miembros del tribunal represaliaron así a los aspirantes afiliados al sindicato Unión de Policía Local y Bomberos (UPLB), que no lograron ninguna plaza. Falta por saber qué ocurrirá con cuatro subinspectores que ascendieron a este puesto después de haber logrado su promoción a cabo en la prueba anulada.

El concurso oposición para cubrir 21 plazas de cabo fue convocado en la última etapa como alcalde de Pedro Aparicio (PSOE), cuando existía una fuerte conflictividad laboral entre el sindicato y el Ayuntamiento. La resolución, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, concluye que en el proceso selectivo se incurrió en "desviación de poder", ya que los resultados de las pruebas se produjeron "bajo una apariencia de legalidad, que encubría una represalia contra un determinado colectivo de funcionarios".

La sentencia considera acreditada la enemistad manifiesta hacia UPLB de dos miembros del

tribunal, José González Perich, entonces concejal delegado de Seguridad Ciudadana, y Antonio Jiménez Alarcón, representante de UGT en la policía local. Por ley, ambos debieron abstenerse de participar en el procedimiento, aunque su presencia no lo invalida por sí.

A esto se añade la "irregularidad" observada en los resultados de los exámenes tipo test de algunos afiliados a UGT. A las pruebas concurrieron 29 miembros de esta central, que consiguieron 15 de las 21 plazas. Ninguno de los 50 afiliados a UPLB que se presentaron ascendieron.

En dicho examen, 11 aspirantes de UGT y uno de CC OO contestaron sin fallo alguno las preguntas del último bloque, de la 18 a la 40. Tras escuchar la opinión de un perito experto en Matemáticas sobre las probabilidades de dicha coincidencia, el tribunal afirma que "desde el punto de vista de la Estadística, se observa cierta irregularidad". Para la sala, es "patente la presencia de un factor externo que determinó dichos resultados".

La sentencia, dictada en 2001, es firme, después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso de casación del Ayuntamiento. Pese a que los hechos ocurrieron bajo mandato del PSOE, el equipo de gobierno de Francisco de la Torre (PP) ha planteado todos los recursos posibles. Ayer, día en que la UPLB anunciaba el contenido del texto, que da un plazo de 10 días para su ejecución voluntaria, la Alcaldía dictó el decreto por el que, más de diez años después, los 17 cabos vuelven a ser policías. El Consistorio consultará al tribunal acerca de los cuatro cabos que han ascendido a subinspectores.