El 'gulag' de la CIA

La Unión Europea no debe tolerar que en su territorio haya agujeros negros carcelarios al margen del derecho europeo e internacional. El diario norteamericano The Washington Post y la organización Human Rights Watch avalan una información que, de confirmarse totalmente, es de suma gravedad: la CIA mantiene en detención ilegal en países europeos a supuestos terroristas de Al Qaeda, a los que probablemente somete a torturas y tratos inhumanos. No basta un mero examen o recogida de información, como anunció ayer la Comisión Europea, sino que es necesaria una investigación en toda regla, y si se confirma, la imposición de sanciones a los países infractores, y una condena a Estados Unidos por estas prácticas que alimentan a los terroristas y a sus partidarios lejos de servir para eliminar esta lacra.

A petición de la Administración de Bush, el diario no ha revelado la lista de los países implicados. Human Rights Watch ha apuntado a Polonia, miembro de la UE, y a Rumania, aspirante a ingresar en 2007, con el tratado de adhesión ya firmado, entre otros Estados europeos de la antigua órbita soviética, como probables territorios que albergan esas cárceles secretas, irónicamente instaladas en algunos antiguos centros de internamiento soviéticos. La vuelta de tuerca del horror está dada. La CIA ha creado su propio archipiélago gulag.

Desde la invasión de Afganistán a finales de 2001, la Administración de Bush ha estado externalizando las detenciones y las torturas no sólo en Guantánamo (Cuba), sino en países como el propio Afganistán, Egipto, Jordania y otros como Tailandia. Esto es algo que ha motivado la rebelión del Senado de EE UU, que aprobó por 90 votos a favor y nueve en contra una enmienda a la ley de los presupuestos militares que obliga a respetar las normas internacionales y americanas en el trato de prisioneros. Pero la Casa Blanca amenaza con vetarla y está impidiendo que las reglas para los militares americanos se escriban según la Convención de Ginebra y las propias leyes contra la tortura.

Los hilos de este tenebroso asunto conducen de nuevo hasta el vicepresidente Cheney, que quiere legalizar estos centros secretos y la tortura por agentes de información. Tras la renuncia de su jefe de Gabinete, Lewis Libby, arquitecto principal de la política de torturas, una parte de sus funciones ha sido asumida por David Addington, el infame autor del famoso memorándum de 2002 que pretendía legalizar estas prácticas. Y ahora se descubre que en nombre de la "guerra contra el terrorismo" ha exportado a Europa este horror. No debemos tolerarlo.