Irán purga a sus diplomáticos reformistas en plena crisis

El presidente de Irán, el ultraconservador Mahmud Ahmadineyad, parece dispuesto a borrar las huellas reformistas de su antecesor, Mohamed Jatamí, y recuperar las esencias de la revolución de 1979. Así se interpreta la criba iniciada en el cuerpo diplomático, que afectará a una cuarentena de embajadores y jefes de misión de línea moderada, justo en el momento en que Teherán desafía a la comunidad internacional con la reanudación de su programa nuclear y con sus llamamientos a la destrucción de Israel.

Los primeros afectados son, precisamente, los embajadores en Francia, el Reino Unido, Alemania y Naciones Unidas en Ginebra, implicados en las negociaciones sobre el programa nuclear desde la época de Jatamí. Su salida ha despertado la inquietud en las capitales occidentales, sobre todo porque las conversaciones habían entrado en punto muerto.

El diario árabe As-Sharq al Awsat, que no duda en hablar de "purga", asegura que otros 27 representantes iraníes en países árabes serán reemplazados en las próximas semanas, en un giro que tiene como objetivo recuperar la beligerancia del imán Jomeini, fundador de la república islámica en 1979, y "convertir al Estado iraní en una entidad dominada por los Guardias de la Revolución".

Precisamente ayer, miles de jóvenes celebraron en las calles de Teherán el 26 aniversario de la toma de la Embajada de Estados Unidos, en la que militantes islámicos mantuvieron secuestrados durante 14 meses a 52 estadounidenses para exigir la extradición del depuesto Sha, sometido en ese entonces a tratamiento médico en EE UU. Un poco más tarde, una bomba explotó cerca de las oficinas de dos compañías británicas, la British Petroleum y la British Airways, sin causar víctimas.

Simultáneamente, Ahmadineyad, elegido presidente en junio, presentaba ante el Parlamento los nombres de los candidatos para cuatro ministerios aún vacantes (Petróleo, Educación, Cooperación y Bienestar Social). La Cámara, que había rechazado a sus cuatro candidatos anteriores por no tener experiencia política, dispone de siete días para responder al presidente.