"La rigidez de la ley de Suelo impide que se hagan más viviendas y más baratas"

El presidente de la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, Karmelo Sainz de la Maza, está preocupado por los derroteros que está tomando el proyecto de ley de Suelo elaborado por el Departamento de Vivienda. Apremia al consejero Javier Madrazo a que dialogue y trate de pactar con todos los agentes implicados los aspectos más controvertidos del texto. Según Sainz de la Maza, el actual texto es "rígido" e impide la construcción de más vivienda y más barata.

Pregunta. En la anterior legislatura no se alcanzó el consenso sobre el proyecto de ley de Suelo y ahora el Departamento de Vivienda remite al Parlamento el mismo texto. ¿Qué futuro le augura?

Respuesta. Aunque se envía el mismo proyecto, lo que yo entiendo es que el Gobierno ha encargado al consejero de Vivienda, Javier Madrazo, que abra un periodo de diálogo y consenso. Como él no nos llama, le hemos llamado desde Eudel para decirle que cuente con nosotros para el diálogo porque la ley precisa de un amplio consenso. Se trata de una norma estructural del país y que afecta de manera muy importante a los gobiernos locales y a la gestión de las ciudades.

"El proyecto de Vivienda no da respuesta a los ciudadanos que no pueden acceder al mercado libre ni a los pisos de protección oficial"

"No voy a tolerar que se acuse a los alcaldes de especular con el suelo, ni voy a permitir una broma ni un insulto más"

P. ¿Y qué le ha contestado el consejero Javier Madrazo a su oferta de diálogo?

R. Pues que ya hablaríamos, pero le veo en una posición muy rígida.

P. El hecho de que Ezker Batua, el partido del consejero, no tenga ningún alcalde ¿puede llevarle a tener una visión diferente de la realidad municipal y del papel que juegan los ayuntamientos?

R. Ezker Batua tiene ese déficit, no tienen alcaldes. No conoce muy bien lo que es la gestión de la ciudad. Eudel ya tuvo una tarascada con el consejero en la legislatura pasada a cuenta del sorteo de pisos protegidos. Madrazo nos pidió disculpas en privado, pero dimos un espectáculo lamentable ante la ciudadanía. Lo que no voy a permitir ahora es ninguna broma ni insulto. Hay un principio que se está instalando en el discurso del Departamento de Vivienda que no es correcto: afirma que la política sobre vivienda corresponde al Gobierno vasco y eso es falso. Esa política es del Gobierno y de los ayuntamientos.

P. ¿Cuáles son los principales debes del actual proyecto de ley de Suelo?

R. Hay varias piezas básicas sobre las que hay que ponerse de acuerdo para construir más pisos protegidos. En primer lugar, la tipología de viviendas protegidas. Deber existir la vivienda protegida tradicional, que para los ayuntamientos es una prioridad. Pero también hay que dar respuesta a un segmento de la población que está olvidado. Se trata de gente que puede hacer un esfuerzo económico razonable, que no puede acceder a la vivienda protegida porque supera el nivel de ingresos, pero que tampoco tiene capacidad para entrar en el mercado libre. El peligro es que esos ciudadanos, cuyo destino natural es la vivienda tasada (de precio pactado), se desesperen y se metan en créditos hipotecarios inasumibles o intenten colarse en los sorteos de vivienda protegida falseando algún dato. Hay un segmento de personas, gente joven sobre todo, abandonadas a su suerte y este proyecto de ley no les da respuesta.

P. Otro de los aspectos conflictivos es el porcentaje que establece el proyecto de ley para edificar VPO.

R. Los ayuntamientos deben tener capacidad de maniobra en este campo. No voy a tolerar que se acuse a los alcaldes de especular con el suelo. Deben existir unos porcentajes de referencia, pero tiene que haber unas horquillas de flexibilidad. Los porcentajes tienen que modularse de acuerdo con la propia realidad de cada municipio, a la topografía del suelo, al estudio económico-financiero del área en la que se actúa. Hay porcentajes que son muy bonitos para enseñar, pero son inviables. Si se reserva el 70% de un área para VPO y si por la topografía o por la propia sociología del pueblo no da, pues no da.

P. ¿Y qué pasa con el modelo de gestión de los suelos que recoge el proyecto?

R. Hasta ahora había tres formas. Expropiación, compensación y cooperación con los propietarios de los solares. Los alcaldes pedimos también la incorporación de los agentes urbanizador y edificador. Así, podemos contar con cuatro fórmulas y cada ayuntamiento elegir la que mejor se acomode a sus necesidades. Pero el proyecto de ley elimina tres y sólo deja el agente urbanizador.

P. ¿Es un proyecto muy intervencionista?

R. Creo que es un proyecto rígido. Tal y como está redactado impide que se generen las viviendas que sí se podrían producir con modelos más flexibles en porcentajes de VPO, gestión y tipología de pisos. Con esa flexibilidad se podría producir más vivienda libre y más barata, más VPO y más pisos de diferentes tipos. Si no se mueve el consejero, el proyecto va a encallar. No pretendo que sea la ley de los alcaldes, pero una ley sin el consenso con los alcaldes, ni con las diputaciones, ni con la iniciativa privada, ni con los colegios de aparejadores y arquitectos, ni con los sindicatos....Una ley así no va bien.

P. Las relaciones entre Eudel y el departamento se han vuelto a complicar con la amenaza del consejero de acudir a los tribunales para paralizar algunas promociones de vivienda tasada de municipios vizcaínos.

R. Los ayuntamientos sólo tenemos un modelo de VPO, un porcentaje de VPO y una forma de gestión. Recuerdo que los ayuntamientos somos gobiernos locales, no sucursales de nadie. Debemos tener capacidad para adoptar decisiones políticas alternativas y ejercer una política de vivienda. Los ayuntamientos tratan de ayudar a esos ciudadanos abandonados a la mano de Dios y los alcaldes responden a esa necesidad.

P. Los ayuntamientos son la primera ventanilla a la que acuden los ciudadanos, pero a veces no tienen recursos para hacer frente a todas las competencias que les han ido cayendo.

R. Como alcalde, no le puedo explicar a un ciudadano que el ayuntamiento se tiene que hacer cargo de algo que no es de su competencia. El problema radica en los programas y en las políticas que se ponen en marcha por iniciativa del Gobierno y de las diputaciones que comprometen recursos de los ayuntamientos y después te dejan colgado. Hay que alcanzar un acuerdo con el resto de instituciones, como política social, suelo, y el desarrollo conjunto del país. Y que se especifique qué hace cada institución y el dinero que tiene que percibir para ello.