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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La lista de Volcker

El malaventurado programa Petróleo por Alimentos de la ONU para Irak (1996-2003) tenía cuando se gestó un buen fin: aliviar el sufrimiento de la población iraquí de las consecuecias del embargo internacional al régimen de Sadam. Los resultados, sin embargo, no pudieron ser más contrarios al objetivo. El ex dictador se enriqueció, los iraquíes continuaron malviviendo, la gestión de la ONU quedó gravemente en entredicho, la honorabilidad de los Gobiernos de no pocos países (Rusia, Francia y China, principalmente) se vio manchada y, finalmente, más de 2.000 empresas pagaron sobornos o comisiones al régimen depuesto. En ese listado figuran 45 firmas españolas, que unánimemente niegan haber cometido alguna irregularidad.

Una investigación de más de un año y medio, tan exhaustiva como la realizada por Paul Volcker, el ex respetado presidente de la Reserva Federal de EE UU, no debería, en cualquier caso, quedarse en un voluminoso dossier de pruebas y opiniones destinado a morir en el archivo de la ONU. Harían bien las autoridades políticas y judiciales de los países envueltos, entre ellos España, en leer con atención el informe y a no cruzarse de brazos aceptando sin más los mentís rotundos de las empresas. En Francia, por ejemplo, media docena de los presuntos implicados en el escándalo, entre ellos el ex embajador ante Naciones Unidas, están procesados por presuntas irregularidades. El informe habla también de que el ex ministro conservador Pasqua se habría beneficiado. En el caso español se cita a un tal Javier Robert, identificado en el documento como "parlamentario del Spanish People's Party" como intermediario. Sería sensato abrir una investigación para esclarecer la identidad de esa persona, bien por parte del propio PP o del Parlamento.

Que el programa Petróleo por Alimentos estuviera sirviendo sobre todo para favorecer los intereses políticos y económicos del régimen de Sadam era bien conocido en las cancillerías occidentales. Menos sabido era el alto nivel de contribución, directa o indirecta, de poderosas empresas en todo ese entramado fraudulento que el Gobierno iraquí alentó con quienes eran contrarios al embargo y a una eventual guerra. La primera parte del informe Volcker dejó seriamente tocada a la propia ONU y a Kofi Annan, su secretario general, no sólo por la implicación de su hijo Kojo, sino por las corruptelas en la unidad que gestionó el programa. Si alguna enseñanza hay que extraer de este caso es que cuando se imponen sanciones hay que ser más riguroso y que las soluciones intermedias conducen al caos.

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