La solución federal

Acaba de ser publicada la traducción española del libro de Stéphane Dion La política de la claridad, un conjunto de conferencias y ensayos en que el profesor canadiense examina una serie de aspectos en torno a la relación conflictiva entre el nacionalismo quebequés y el Estado federal. El profesor Dion fue ministro de Asuntos Intergubernamentales a partir de 1995, y su gestión supuso un nuevo giro para el tratamiento del separatismo que en ese mismo año había estado a punto de ganar un referéndum en que con una enrevesada pregunta se escondía la meta soberanista. Sus observaciones resultan perfectamente aplicables a la situación actual de España.

En primer término, Dion recomienda la claridad. El independentismo quebequés, lo mismo que el vasco o que el catalán, juega siempre dos bazas que le otorgan de entrada una ventaja decisiva en el juego político con el beneplácito de todos los demócratas. La primera, dar por supuesto que sus exigencias son algo natural -"de sentit comú", como diría mi amigo Miquel Caminal-, y que conciernen exclusivamente al sujeto político definido por los nacionalistas. La segunda que, en consecuencia, tienen perfecta capacidad para plantear sus propuestas en la forma que estimen oportuna, siempre lógicamente aquella que maximiza sus posibilidades de victoria. Dion se opone de modo tajante a esta pretensión que constituye en sí misma una manipulación inaceptable de las reglas democráticas. Si alguien plantea la independencia, o la formación de un Estado asociado, esos serán los términos del referéndum, no "una soberanía en el caso de que no sea aceptado..." o una "convivencia amable" con España desde el estatus de libre asociación. Para el caso catalán, si alguien plantea, como en el proyecto de "nou Estatut" que España es un Estado plurinacional, sin siquiera subrayar que la nación catalana forma parte del mismo, la propuesta de organización federal concierne a ese Estado externo a Cataluña, cuya relación será de bilateralidad. Pero el tema es demasiado grave como para encerrar su debate en las definiciones, rodeadas de eufemismos. Cabe exigir nitidez en los planteamientos.

La otra observación del ministro canadiense se refiere a las demandas nacionalistas. Aun cuando obtuvieran respaldo en el espacio político de origen, no pueden darse por buena sin más su aceptación si afectan a los derechos de los demás componentes del Estado. Es el caso de la financiación planteado en el Estatut. El cambio del régimen actual puede ser necesario; su solución ha de alcanzarse siempre más allá de la bilateralidad. Por supuesto, la insólita pretensión de que la autodeterminación es algo natural -en democracia, habría de leerse desde el otro ángulo: como rechazo al uso de la fuerza ante una secesión- se regularía siempre en relación a las relaciones constitucionales preestablecidas. Más aún si recordamos que la consideración de Cataluña y Euskadi como naciones exentas responde a un mito nacionalista, no a la realidad sociológica, política, cultural e histórica de ambas naciones respecto a la nación española, a la niegan unas veces, e ignoran otras (como ocurre recurrentemente en el proyecto de Estatut).

En la línea de Dion, la consecuencia es obvia de cara a la cuestión que va a ser abordada el día 2 en las Cortes. Los partidarios de defender abiertamente la persistencia del Estado democrático en España, tanto frente a tendencias secesionistas como disgregadoras, han de asumir un papel activo en el proceso, no limitarse, como con distintos contenidos están haciendo Zapatero y Rajoy, el Gobierno y el PP, a servir de filtro o de frontón ante la reivindicación nacionalista. No se trata, como en el caso del segundo, de alzar una barrera en nombre de una no menos mítica España. Tampoco, caso de Zapatero, de ver si encaja o no este punto en la letra de la Constitución, sino de hacer una valoración, más allá del contraste formal, con lo que representa la exigencia de cohesión del Estado. El peligro no reside en el aspecto cuantitativo de las transferencias, sino en el cualitativo, lo que desde la economía a la cultura, afecte a la supervivencia de un Estado viable, que además desde 1978 está funcionando razonablemente bien con todos y para todos. Apuntando hacia la mejor salida: una España federal.