PP y CiU presentan enmiendas a la totalidad de la ley educativa
El grupo catalán pide que la concertada pueda cobrar a las familias
![Carmen Morán Breña](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F62d31e9f-9943-4d92-997c-a15aa4a35bf9.png?auth=8424e1fb56009e0c1a0500325c8d01c9aba1ec2b74a4d4518db4efbcae00ece7&width=100&height=100&smart=true)
Dos enmiendas a la totalidad se presentaron ayer en el Parlamento para pedir la retirada de la Ley Orgánica de Educación, la del PP y la de CiU. Los socialistas estuvieron negociando hasta última hora con el grupo catalán, pero, aunque hubo algunos "avances", no se llegó a una "solución satisfactoria", dijo el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida. El PP presenta un texto alternativo que, con algunos retoques, reedita la Ley de Calidad aprobada en el mandato de Aznar.
CiU no descarta llegar a un acuerdo antes del día 3 de noviembre, cuando se debatirán las enmiendas, y retirar la suya, pero, por ahora, hay algunos puntos en el texto presentado por la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, que no le satisfacen. El grupo catalán considera excesivamente "reglamentista" la nueva ley, además de "restrictiva" para la libertad de creación y elección de centro escolar. Pide que se modifiquen varios artículos que regulan el equilibro de alumnos con necesidad de apoyos educativos entre la red pública y la concertada. Y que se suprima el 88, que impide a los centros concertados, que están financiados con fondos públicos, cobrar a las familias una cuota en concepto de fundaciones o asociaciones de padres, por ejemplo. "Es la administración la que obliga a la escuela concertada a cobrar estas cuotas porque el pago que reciben para cubrir los gastos de un puesto escolar no llega ni de lejos", explicó el portavoz parlamentario del grupo, Josep Antoni Duran i Lleida.
CiU quiere también que la Administración cubra a los centros concertados el gasto por alquiler y amortización y responsabilidad civil de los centros así como los riesgos laborales, "algo que los públicos tienen asegurado". Este ha sido uno de los puntos de mayor desacuerdo con el grupo socialista. Es un error "que la Administración piense que la enseñanza es un servicio público y que el Estado puede conceder la creación o no de un centro de enseñanza con su ideario como si fuera la concesión de la Inspección Técnica de Vehículos", añadió Duran i Lleida.
Por su parte, el PP presentó también su enmienda a la totalidad acompañada de un texto alternativo y de la memoria económica. El texto que ya trascendió hace unos días recuperaba la Ley Orgánica de Calidad de Educación (LOCE), del último Gobierno de Aznar. Incluye la vuelta al estudio obligatorio de la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión, con sus dos variantes, la confesional y la no confesional, y recupera los polémicos itinerarios educativos en la ESO, distintas vías formativas para los alumnos antes de acabar la educación básica.
El texto retoma los programas de iniciación profesional a los 15 años y plantea de nuevo la reválida, contra la que se manifestaron en la calle los estudiantes. Tampoco ha cambiado la repetición de curso con dos asignaturas suspensas en la secundaria, una medida de la LOCE que todavía sigue en vigor. Y pide que se vuelva a llamar preescolar al primer ciclo de la educación infantil. En el texto que trascendió, un "borrador", hay otro cambio peculiar: ya no se habla de secundaria obligatoria sino de Educación Secundaria General.
![La ministra de Educación, María Jesús San Segundo.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/OLYA5Y2L7QNOTBIH2E5HFVKYX4.jpg?auth=03d3f3b42eef4c24a57505aa6b8c96feec39a6ff52f6e4a71e4ad0323aebe75f&width=414)
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