El Gobierno acumula nueve meses de retraso en la liquidación de las Cámaras urbanas

El Gobierno acumula ya casi nueve meses de retraso en sus previsiones para liquidar las Cámaras de la Propiedad Urbana de Euskadi. Pese a que el cierre de esas entidades como corporaciones de derecho público figura como un compromiso del tripartito, el proceso está siendo muy lento. Fue en febrero cuando los departamentos de Vivienda y Hacienda se comprometieron en el Parlamento a presentar el proyecto de decreto de liquidación. El Gobierno está molesto por que las cámaras siguen gastando dinero para evitar su disolución, "en contra" de los intereses públicos.

El deambular por los diferentes departamentos del Gobierno del proyecto de decreto de liquidación de las cámaras está aumentando el nerviosismo entre sus empleados, los principales afectados por el cierre anunciado. Aunque saben que gran parte de ellos tienen el puesto de trabajo asegurado en el sector público, la belicosa postura que están adoptando los órganos directivos de las cámaras -sobre todo las de Guipúzcoa y Vizcaya, aunque también la de Álava ha anunciado que va a recurrir el decreto cuando lo apruebe el Gobierno vasco-, les está generando mucha incertidumbre.

Además, saben que una vez sea aprobado en el Consejo de Gobierno, van a tener que esperar a que se resuelvan los recursos judiciales anunciados por las tres instituciones. Curiosamente, el coste de los estudios jurídicos contra la disolución, previos a los recursos judiciales, y posiblemente los gastos de la defensa jurídica una vez presentados se van a hacer con cargo a unos presupuestos que aprueba la institución que pretende liquidar las cámaras, el Gobierno vasco.

Esos gastos, y otros como los derivados de la campaña publicitaria que despliega la Cámara de Vizcaya para captar socios, están provocando malestar en el Ejecutivo autónomo. Fuentes de Hacienda han indicado que en Vivienda se están empezando a estudiar medidas más radicales para evitar que algunas de las cámaras afronten elevados gastos en contra del propio Gobierno. Según fuentes jurídicas próximas al Ejecutivo, una de esas medidas propuestas es la de paralizar los presupuestos de los tres organismos y habilitar exclusivamente los créditos para el personal y gastos corrientes.

Esas mismas fuentes consideran que se "va a tirar el dinero" con los recursos ya que el fin de las Cámaras como corporaciones de derecho público, está respaldado por un decreto ley de 1994 y por varias sentencias judiciales firmes.

De hecho, un grupo de empleados de las cámaras de los tres territorios solicitó ya en 1996 al Gobierno vasco su integración como funcionarios, en virtud de la legislación básica del Estado, es decir el Real Decreto de 1994. El Ejecutivo vasco no les respondió y los empleados recurrieron la presunta desestimación por silencio administrativo ante la Sala del Contencioso del Superior, que falló en 2002 a favor de los trabajadores. El Gobierno vasco volvió a dar la callada por respuesta hasta que, 16 meses después, los mismos empleados pidieron una ejecución de la sentencia, que se cumplió el primero de noviembre de 2004 con la integración de 12 de ellos en el sector público.

La liquidación de las cámaras fue respaldada por unanimidad de todos los partidos en el Parlamento vasco el 27 de diciembre de 2004. Una decisión que ya había sido adoptada por Hacienda y Vivienda en septiembre de 2003. Esa decisión fue tomada con urgencia tras conocer una auditoría que habían encargado sobre la situación financiera, de gestión, de actividad, de personal y patrimonial de las tres cámaras.

La auditoría concluía que, debido a una "mala gestión, a una pérdida de actividad y a una exagerada estructura de gastos", sobre todo de la Cámara de Guipúzcoa, aunque en parte también a la de Vizcaya, "se encuentran en una delicada situación económica". "En los tres últimos ejercicios", añadía, "su patrimonio ha descendido en 1,4 millones de euros, y a esas pérdidas habría que añadir los costes de oportunidad por los rendimientos que cabría esperar de unos capitales ociosos de semejante magnitud". El informe estima que el valor de inventario que podría alcanzar el patrimonio es de 18,1 millones de euros, "más unas reservas ocultas superiores a los 9,5 millones de euros".

Fuentes de los empleados de las Cámaras de la Propiedad justifican la necesidad de una inmediata intervención pública en las cámaras porque, "como sigan a este ritmo, en siete u ocho años", sostienen, "se van a comer un patrimonio que debiera de ser de todos los vascos".