Gobierno, agricultores y la industria, contra la reforma del azúcar

Miles de remolacheros y trabajadores de la industria del azúcar, 12.000 para las organizaciones convocantes y unos 6.000 para la policía, se manifestaron en Madrid contra la propuesta comunitaria para la reforma de la OM del azúcar. La ministra de Agricultura, Elena Espinosa, se reunió con los representantes de los manifestantes, a quienes expresó su apoyo y el compromiso del Gobierno para defender sus peticiones en Bruselas.

Tras esta manifestación en Madrid, parece segura la celebración de una nueva movilización para el Consejo de Ministros del mes de noviembre en Bruselas, donde la presidencia del Reino Unido y la comisaria de Agricultura, Mariann Fischer, quieren aprobar a toda costa la reforma de este sector.

La reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del azúcar, como sucediera en 1998 con la del aceite de oliva, ha supuesto la total coincidencia de las posiciones entre el sector productor, la industria, el conjunto de empresas que suministran medios de producción y la Administración. Fruto de esas posiciones unitarias fue la constitución de la Mesa del Azúcar, que convocó la manifestación de ayer en Madrid.

La reforma que plantea Bruselas parte de un hecho: la cuota de producción de azúcar de la UE es 17,4 millones de toneladas y, sin embargo, la producción real supera los 20 millones. A esa cifra se suman elevadas importaciones con reducción arancelaria de los países productores del Asia Caribe Pacífico (ACP), -1,6 millones de toneladas- principalmente de azúcar de caña, y las provenientes de los Balcanes -300.000 toneladas-. Es decir, la Unión Eeuropea tiene unos elevados excedentes, lo que le obliga a exportar a bajos precios.

Frente a este problema, Bruselas propone rebajar la producción en seis millones de toneladas. Para ello, plantea reducir los precios de la remolacha un 43%, pasando de 43,63 euros por tonelada (48,19 en España) a 25,05 euros en dos años, y un 39% los del azúcar (de 631,9 a 385,5 euros por tonelada). Esa rebaja se compensaría en un 60% con una ayuda directa al abandono de la producción de remolacha a razón de 12,5 euros por tonelada, lo que supondría una ayuda sin necesidad de producir de casi 1.000 euros por hectárea. Una medida que para el sector, la industria y la Administración llevaría al abandono del cultivo.

Todos coinciden en que la aplicación de esas medidas puede suponer la eliminación de una buena parte, más del 30%, de la superficie remolachera, la eliminación de industrias y, en conjunto, la supresión de un tejido económico muy importante que en el medio rural gira en el entorno del cultivo y la transformación de la remolacha azucarera, con 20.000 agricultores, 3.000 trabajadores en las fábricas y un total de empleo indirecto de unas 100.000 personas.

El sector coincide en señalar que se trata de una propuesta de reforma injusta en cuanto su aplicación en los términos actuales supondría hacer pagar los platos rotos de los desajustes en los mercados comunitarios del azúcar a los países que tienen los menores rendimientos y que no generan excedentes. Según la postura española, lo lógico sería que los países con excedentes de producción, como Francia y Alemania, deberían recortarla, en lugar de aplicar una reforma que lo que hace es penalizar a países con déficit como España, que tiene que importar en torno al 20% de lo que consume (1,2 millones de toneladas al año).

De acuerdo con estos planteamientos, la manifestación contra la propuesta de reforma del azúcar contó con la presencia del presidente de Asaja, Pedro Barato; el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos; el secretario general de COAG, Miguel López; el presidente de la Confederación Nacional de Remolacheros, Eugenio Molina; el presidente de la Confederación de Cooperativas Agrarias, Ricardo Martín, así como representantes de CC OO y UGT y directivos de industrias azucareras.

En sus intervenciones ante los miles de manifestantes, todos los representantes agrarios coincidieron en señalar la posición unitaria del sector en defensa del cultivo y en contra de todo proceso de "reconversión salvaje" como es el propuesto por la UE, así como en su insistencia ante el Gobierno para que siga defendiendo los intereses del conjunto del sector en Bruselas. Para los representantes agrarios, la propuesta de reforma comunitaria es injustificada e injusta.

Desde el punto de vista de su oportunidad, se considera que no tiene sentido aprobar una reforma tan dura como ésta, que en el fondo es un cambio total de la regulación del mercado, antes de que se celebre la próxima cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Hong Kong, prevista para mediados de diciembre. El sector estima que se debería esperar a ver los resultados de esa cumbre y no adelantarse con unos cambios más allá de los que se puedan acordar.