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Columna
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Estatutos

Tengo la impresión que se ha perdido el sentido. Intereses partidistas e ignorancia tratan de imponerse sobre decencia. No importa que los ciudadanos conozcan los hechos, sólo que se coloquen a un lado u otro de la raya. La Constitución se utiliza para separar. Ahora ha tocado con el Estatuto catalán. Cualquiera que lea este texto extrae la conclusión -la manifieste o no- de que Cataluña busca su soberanía. Así lo anuncian las competencias que reclama, y lo rubrica el concepto de nación que exige.

Sin embargo, extrapolar esta propuesta de Estatuto, que sufrirá el control constitucional del Parlamento español y cuenta con la vigilancia del Tribunal Constitucional, a la propuesta de reforma del Estatuto de Andalucía es radicalmente falso. Para muestra un botón: La Justicia.

La regulación en el Estatuto catalán nada tiene que ver con las propuestas andaluzas de los grupos parlamentarios ni del PSOE ni del PP. Sólo se acercan las de IU y PA. No lo son. Fundir, pues, ambas reformas en una sola es confundir y tratar de limitar el derecho de los andaluces a contar con una autonomía fuerte y descentralizada mediante el engaño.

Andalucía, y lo he dicho más de una vez, necesita y exige un Tribunal Superior que sea su última instancia. Su parlamento aprueba leyes en Andalucía y para Andalucía. Lógico es que su máximo intérprete sea el TSJA. Lógico, también, que interprete y apliquen leyes del Estado los jueces. Son jueces del Estado. No son de Andalucía. Cuestión distinta -y es lo relevante- es que en su aplicación e interpretación pudieran quebrar la uniformidad de la doctrina del Estado. En este caso, y para este caso, está el Tribunal Supremo. Y este pan no se niega en la propuesta de reforma andaluza. La propuesta del PSOE es clara. Dice: "sin perjuicio de los recursos de casación para la unificación de doctrina que puedan corresponder al Tribunal Supremo" (Título III, en la propuesta).

Por ello, no se entiende la preocupación del presidente del Tribunal Supremo con la unificación de doctrina -que está protegida en la reforma- ni los esfuerzos que muchos están haciendo para identificar Estatutos catalán y andaluz, salvo que lo que realmente se pretenda es sacar las cosas y a los ciudadanos de quicio con unos objetivos que sólo tienen que ver con el corporativismo y con una historia ya acabada.

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