Una ley obligará a los bufetes a dar de alta a todos sus abogados

El Senado dio luz verde ayer a una norma que, si es finalmente aprobada, dejaría sin efecto eventuales multas de la Inspección de Trabajo a casi una decena de grandes bufetes de Madrid por un importe cercano a los 12 millones de euros. La enmienda presentada por el Ministerio de Justicia a la trasposición de una directiva comunitaria obligará a los despachos a dar de alta en tres meses a los abogados que trabajen en ellos o para ellos.

Inspectores de trabajo han visitado este año algunos de los grandes despachos de Madrid, ciudad donde ejercen 44.000 de los aproximadamente 150.000 letrados que hay en España. En casi una decena de ellos trabajan más de 200 letrados.

Los inspectores observaron que la gran mayoría de estos grandes despachos, salvo uno (con 1.200 abogados), se regían por las normas del Estatuto General de la Abogacía. Este texto establece que las relaciones entre abogados pueden concertarse en régimen de colaboración pactada o por cuenta ajena (es decir, sometidos al Estatuto de los Trabajadores).

El criterio de los inspectores es que los abogados que trabajan para otros y bajo su ámbito de organización deben estar dados de alta en la Seguridad Social. Cuando visitaron los despachos vieron que casi nadie estaba dado de alta, por los que abrieron las respectivas actas. De ellas, según fuentes jurídicas, podrían derivarse sanciones que rondan los 12 millones de euros. En tres casos las actas ya están cerradas; en los otros, en trámite. Aunque los inspectores han visitado hasta ahora una docena de grandes despachos, su idea es extender sus inspecciones hasta el centenar y no limitarlas a los bufetes mayores.

Ante estas inspecciones y las multas que pudieran derivarse de ellas, los abogados alegaron que ellos estaban acogidos al Estatuto de la Abogacía y advirtieron de que, si la Inspección les imponía sanciones, las recurrirían ante los tribunales laborales.

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, y el decano de los abogados de Madrid, Luis Martí, dialogaron con Justicia para dar una salida a este asunto. La solución finalmente buscada es una norma que figura "como añadido de una ley que nada tiene que ver con el mundo del derecho", explica José Mariano Benítez de Lugo, presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (considerada próxima al PSOE).

Un portavoz de Justicia señaló ayer que la enmienda cuenta con el respaldo del PP y trata de regular "la naturaleza jurídica de la relación entre los dueños de los despachos y el resto de abogados que trabajan en ellos". Ahora, los letrados que no son socios figuran unidos al despacho mediante un contrato civil o mercantil (el bufete no abona las cuotas a la Seguridad Social), de acuerdo con el Estatuto de la Abogacía. "Más del 15% de los abogados se hallan en esa situación", según este portavoz.

Justicia entiende que la naturaleza de la relación debe ser "de carácter laboral". Añade que el objetivo de la enmienda es que se dé de alta en la Seguridad Social a los abogados que no sean socios del despacho en un plazo de tres meses a partir de la vigencia de la citada ley. Esta misma norma establece que "los procedimientos sancionadores y de liquidación de cuotas a la Seguridad Social" que estén "en trámite" a la entrada en vigor la ley quedarán en nada. Eso sí, siempre y cuando se dé de alta a los abogados en un plazo de tres meses. "Esta enmienda", según Benítez de Lugo, "perjudica a esos trabajadores y consagra una situación de privilegio para los grandes bufetes". Además, critica el procedimiento empleado para tramitar esta ley, porque "evita un primer debate serio en el Congreso". "La razón de esta enmienda no es tanto resolver situaciones de abuso laboral, sino solventar un problema que tienen los grandes despachos con la Inspección de Trabajo", añade.