Columna
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Riesgos

Quienes hace unos meses aseguraban que la reforma del EACV respondía al propósito consensuado entre PSOE y PP de marcar límites a los que viniesen detrás, ahora se ha visto que pecaban un poco de presuntuosidad, porque nada de lo que estaba ocurriendo entonces en Catalunya presagiaba que las fuerzas políticas y sociales implicadas en la reforma estuviesen pendientes de lo que estaba ocurriendo o podía ocurrir fuera de allí. Es decir, que si alguna vez hubo pacto en la cumbre para que los valencianos sirviésemos de ejemplo, eso excluía a Catalunya del compromiso, pues resultaba bastante improbable que por entonces Maragall se hubiese comprometido con el PSOE a actuar de freno ante las exigencias de ERC o los trágalas de CiU.

El EACV pasó el trámite de su toma en consideración sin más advertencias que las de algunas minorías parlamentarias sobre el déficit democrático que mantiene, o los anuncios de enmiendas en temas referentes a la lengua propia de los valencianos, y se ganó los aplausos casi unánimes del parlamento, a pesar de que algunas de sus cláusulas, a ojos de expertos poco generosos con las referencias a los derechos históricos de nuestra Nacionalitat, sean tan inconstitucionales como las que andan en boca de los termidorianos del modelo autonómico español.

En cualquier caso, la suerte de las cláusulas del EACV se podrá comprobar en el debate parlamentario del articulado, que va a preceder al estudio del EAC en más de dos meses.

Pero no es menester esperar a la suerte de la referencia a nuestros Furs en el texto definitivo del EACV para saber lo que le espera al EAC, pues en la ya inminente sesión de toma en consideración los grupos parlamentarios de mayor entidad (PSOE y PP) estoy totalmente convencido que van a coincidir en señalar que la referencia a la Nació Catalana en el articulado del Estatut (art. 1) no es compatible con la Constitución, y que una serie de competencias que el EAC detrae del Estado por diferentes vías, tampoco.

Y dicho esto, yo que soy poco sospechoso de españolismo y aun menos de entusiasta del centralismo político, digo que a mí, que soy o era nacionalista de una nación que ahora sólo es Nacionalitat y cuyo nombre responde más a una obra pía que a una entidad política, me parece que el término Nació Catalana no es compatible con el de Nación Española que figura en la CE. Y, en todo caso, si de lo que hay que hablar es de reformar la CE, o será mediante un pacto de Estado que lleve a un lugar conocido y asumible por la sociedad española el asunto, o el plan Maragall -o como se le quiera llamar-, sufrirá un sumarísimo parlamentario en el que salvar el trámite de toma en consideración del proyecto le va a costar la supresión de sus dos docenas de cláusulas inconstitucionales en el texto final; eso, si no lo retiran antes para evitar más sofocos y más campaña de desgaste del Gobierno por parte de un PP al que se le ha servido en bandeja su tema preferido con encajes de blonda y pirámides de intención de voto favorable.

Y bien, ya puestos, no me extrañará que nuestros Furs caigan del texto en ofrenda anticipada a lo que va a ser la orgía de alfanjes (no falanges) que en modo de enmiendas van a lanzarse contra el EAC. Con lo bonita y atrevida que quedaba la expresa derogación del Decreto de Nueva Planta de 1707 en el EAC, y mucho me temo que las Cortes lo van a dejar vigente a cuenta de darles un (inútil) ejemplo admonitorio a los que proclaman cándida y unilateralmente la plurinacionalidad de España.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0018, 18 de octubre de 2005.

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