La mafia calabresa declara la guerra a los políticos

El asesinato del vicepresidente regional de Calabria, Francesco Fortugno, abrió el domingo "una nueva fase de homicidios políticos" por parte de la mafia calabresa, la llamada Ndrangheta. Giovanni Russo Spena, miembro de la Comisión Antimafia de la Cámara de los Diputados, declaró ayer que esa nueva fase había sido anunciada con abundantes amenazas y respondía a la presión que el nuevo Gobierno regional calabrés, de centro-izquierda, estaba ejerciendo sobre las redes mafiosas.

Para el ministro del Interior, Giuseppe Pisanu, no cabía duda sobre la identidad de quienes ordenaron el asesinato de Fortugno, que recibió cinco disparos a quemarropa por parte de un hombre encapuchado cuando acababa de depositar su voto para las primarias de La Unión. "Este atroz e insoportable delito ofrece una trágica imagen de la seguridad y del orden público en esta región atormentada, en la que la Ndrangheta ejerce su siniestro poder", declaró Pisanu durante una visita a Reggio Calabria.

El ministro prometió reforzar el despliegue policial, pero añadió que no se podía ganar la guerra a la Ndrangheta "sin más riqueza, sin más puestos de trabajo y sin mayor vertebración social".

La Ndrangheta es considerada actualmente la organización criminal más próspera de Italia, por encima de la Camorra napolitana y la Mafia siciliana. Recibe inmensos ingresos del tráfico de cocaína y su facturación, calculada en unos 30.000 millones de euros anuales, es muy superior al producto interior bruto de Calabria.

Se sospecha que el asesinato de Fortugno, médico de profesión y dedicado, como vicepresidente, al control de la Seguridad Social, podría estar directamente relacionado con los enlaces mafiosos en el sector sanitario. Como ejemplo se recuerda que en la pasada primavera, cuando el centroizquierda ganó el Gobierno calabrés, la nueva Administración quiso despedir a varios centenares de funcionarios públicos contratados por el Gobierno cesante en sus últimos días: la reacción de la Ndrangheta fue furibunda y se tradujo en un torrente de amenazas.

Otro motivo de inquietud para la mafia calabresa es la decisión del nuevo Gobierno regional de constituirse en parte civil en todos los procesos contra miembros de la Ndrangheta. El Gobierno de Reggio Calabria exige en esos juicios una indemnización por "daño a la imagen externa" de la región, y en dos sentencias ya le han sido adjudicadas sendas compensaciones de 500.000 euros.