Padres, docentes y centros exigen en el Congreso un pacto en educación

Las organizaciones educativas han reclamado en el Congreso a los partidos que firmen un pacto que dé estabilidad al sistema de enseñanza y reduzca las cotas de fracaso escolar. La Ley Orgánica de Educación (LOE) ha entrado en trámite parlamentario y previsiblemente quedará aprobada antes de que finalice el año. El plazo para que los partidos presenten enmiendas finaliza mañana. El texto pasará su primer debate en el Congreso el próximo 20 de octubre.

La presidenta de la asociación laica de padres de alumnos (Ceapa), Lola Abelló, dijo que la educación ha de ser un "asunto de Estado" y subrayó que "echa de menos una apuesta económica mucho mayor, medidas para que los padres puedan conciliar la vida familiar y laboral y el impulso a la autonomía de los centros educativos". El discurso del presidente de la asociación católica de padres de alumnos (Concapa), Luis Carbonel, se dirigió a atacar la ley elaborada por el Gobierno. "La LOE provocará una fractura social de imprevisibles consecuencias y eso es condenar la ley al fracaso". Abogó también por el pacto el secretario general de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza y Educación y Gestión, Manuel de Castro: "Se necesita un acuerdo político y social que aborde con sentido común las necesidades y los problemas de la escuela", aunque "no a cualquier precio", dijo.

Los diputados han escuchado también la petición de un acuerdo educativo por parte de la presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, Isabel Bazo, si bien matizó que "no hace falta inventar lo ya inventado".

Todos los sindicatos coincidieron en considerar "insuficiente" la memoria económica que acompaña a la LOE y reclamaron una ley de financiación que garantice una inversión educativa anual de, al menos, un 6% del PIB. El Gobierno ha calculado el coste que tendrán las medidas educativas de mejora y la puesta en práctica de la LOE hasta el año 2010 y la suma supera los 6.100 millones en cinco años. "Una de las garantías del éxito educativo es la inversión económica y estamos muy por debajo de la media europea", denunció el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, José Campos. El secretario general de los Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STES), Augusto Serrano, censuró que "cerca de la mitad" de las inversiones previstas en la memoria sean para concertar la enseñanza infantil (3 a 6 años). El líder de la Federación de Enseñanza de UGT, Carlos López Cortiñas, exigió a la Administración central y a las autonomías "un pacto de financiación". Y el presidente de Enseñanza de CSI-CSIF, Eliseo Moreno, reclamó apoyo a la escuela pública y una ley realista con una financiación adecuada. El vicepresidente del sindicato ANPE, Nicolás Fernández Guisado, echó en falta criterios para incentivar a los profesores y un plan para mejorar la convivencia escolar.

Luis Guridi, vicepresidente de la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER), expuso, de manera cruda, "las muchas situaciones irregulares acumuladas estos años" y las denuncias que se han visto "obligados" a presentar ante los tribunales. "Los profesores de religión no quieren privilegios, sólo el mismo trato que al resto de los trabajadores, o sea la aplicación del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Función Pública.

Los diputados también escucharon en el Congreso la opinión de expertos en educación, como el responsable del Informe Pisa, Andreas Schleicher. Y no faltó la voz de la educación concertada laica. El presidente de las cooperativas de enseñanza, Carlos Sierra, de acuerdo con el pacto por la educación, pidió "la creación de un servicio público educativo en el que todos los centros sostenidos con fondos públicos tengan iguales derechos y obligaciones".