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COLUMNA

El contexto de la política económica

Convendría que la urgencia por resolver algunos problemas -la inflación o el déficit por cuenta corriente- no hiciese pasar desapercibido el Programa Nacional de Reformas (PNR), aprobado por el Consejo de Ministros el pasado jueves. El PNR es un documento notable, que enmarca los problemas y soluciones de la economía española, incluidos los citados: es una especie de contexto de la política económica a aplicar a medio plazo.

En marzo pasado, el Consejo Europeo planteó la necesidad de activar la Agenda de Lisboa, basándose en el informe Kok, presentado a los mandatarios europeos en noviembre de 2004. El Consejo centró sus objetivos en el crecimiento y el empleo, teniendo como referencias permanentes la cohesión social de la UE y el desarrollo sostenible. Como consecuencia, propuso que la Comisión Europea elaborara un Programa comunitario de Lisboa, y que cada Estado presentara antes del 15 de octubre de 2005 su respectivo PNR. El Gobierno español nombró un coordinador general, Miguel Sebastián, director de la Oficina Económica de la Presidencia, a quien se denominó señor Lisboa, que ha trabajado en el seno de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Este PNR que aprobó el Consejo de Ministros será enviado a Bruselas.

Los objetivos son muy ambiciosos: siempre con el horizonte del año 2010, la convergencia plena en renta per cápita con la UE y una tasa de ocupación española similar a la planteada en Lisboa (un 66% de la población activa). En 1990 el PIB per cápita de España se situaba en el 87,6% y aumentó hasta el 92,7% en 2000. La evolución desde entonces ha seguido una senda positiva gracias al diferencial de crecimiento que España ha mantenido con el resto de las economías europeas, hasta situarse en el actual 97% de la media de la UE de 25 miembros, o el 89,7% de la antigua UE-15; los resultados de esta convergencia estarán condicionados por las rápidas tasas de crecimiento que se esperan en los nuevos países miembros, como resultado de su incorporación al mercado único. Además, el ritmo de convergencia español deberá ser compatible con una mejora significativa del nivel de productividad.

El objetivo de la ocupación laboral está como sigue: la tasa de empleo en España era del 56,3% en 2001, y creció hasta el 61,1% actual; este incremento ha venido determinado por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y por la entrada de inmigrantes. Para el año límite, el PNR establece como finalidad alcanzar una tasa de empleo del 66%, lo que sólo será posible si sigue aumentando de forma considerable la participación de las mujeres en el mercado de trabajo.

El documento establece otra serie de objetivos-herramientas que coadyuvan a alcanzar los primeros, y que al ser muy tangibles cuantificarán el éxito o fracaso del programa: reducir el porcentaje de deuda pública en relación al PIB hasta el 34% en 2010, "al mismo tiempo que se reorienta el gasto público hacia aquellas actividades que fomenten el incremento de la productividad" (por cierto, ¿dónde ha quedado el objetivo electoral del PSOE de lograr la convergencia per cápita en gasto social?); aumentar la red ferroviaria hasta los 34,2 kilómetros por cada mil kilómetros cuadrados; reducir la tasa de accidentalidad en carreteras en un tercio; duplicar la inversión en I+D hasta el 2%; reducir a la mitad (hasta el 15%) la tasa de abandono escolar prematuro; aumentar la creación de empresas hasta un 50%, fomentando el espíritu emprendedor entre jóvenes, mujeres e inmigrantes, etcétera.

El borrador incorpora un punto adicional muy significativo: al tener que cumplir los compromisos de Kioto en el marco de un modelo de desarrollo sostenible, España aumentará la eficiencia energética y reducirá las emisiones de CO2 desde el 40% actual hasta el 24% en 2010.

Habrá que conocer el texto definitivo del PNR y compararlo con el de nuestros 24 socios de la UE para tener una opinión definitiva de hacia dónde vamos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 17 de octubre de 2005