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El tripartito se queja por el retraso en la rehabilitación de Companys

La Generalitat hará un informe para desautorizar las leyes franquistas

Hoy hace 65 años que el régimen franquista fusiló a Lluís Companys, presidente de la Generalitat republicana. Coincidiendo con el aniversario, fuentes del Gobierno catalán expresaron ayer su malestar por el hecho de que el Gobierno todavía "no haya restablecido la dignidad y el honor" de Companys. Hace un año, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega acudió al homenaje a Companys y prometió resolver el asunto antes del 65º aniversario.

El proceso de rehabilitación de Companys y de todos los que fueron ejecutados tras un juicio sumarísimo durante el franquismo se preveía largo, pero en todo caso, asegura la Generalitat, tenía que concluir este año. El Gobierno central abrió hace un año la vía para dar "satisfacción moral y jurídica a quienes, como el presidente Companys, se vieron sometidos a procesos claramente enfrentados a las mínimas reglas jurídicas que conforman la idea de un juicio justo". Pero no la ha cerrado todavía.

En el homenaje de 2004 al presidente republicano, Fernández de la Vega explicó que ante "la complejidad jurídica de la cuestión planteada y la necesidad de conciliar los valores constitucionales de justicia y seguridad jurídica", el Ejecutivo había trasladado el encargo a la comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, agradeció entonces la presencia de la vicepresidenta, un gesto insólito que implicaba el deseo de rehabilitar al político de más alto rango fusilado tras la Guerra Civil española.

El tripartito esperaba "restituir la dignidad" no sólo de Companys, sino también de todos los represaliados por sumarios del franquismo, mediante la elaboración de una ley que anulara todos los juicios sumarísimos. No obstante, esta posibilidad topaba con dificultades jurídicas. El Gobierno catalán está molesto ahora porque había recibido con satisfacción la contundencia con que Fernández de la Vega expresó su compromiso para reparar las cuestiones más delicadas que la transición dejó pendientes.

Sin Estado de derecho

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El primer consejero de la Generalitat, Josep Bargalló, anunció ayer, tras presidir la presentación del libro El president Companys, afusellat (Edicions 62) del historiador Josep Benet y a petición del autor, que el Gobierno catalán elaborará un informe jurídico para dejar en evidencia "la no existencia de un Estado de derecho durante el franquismo y, en consecuencia, la injusticia de las actuaciones del franquismo en el derecho internacional". Bargalló recalcó: "No podemos reconocer como justas las acciones de una dictadura, sea cual sea". Benet había ido más lejos porque proponía que el informe demostrara que "Franco fue un criminal de guerra". Durante el acto, también a requerimiento del historiador, Bargalló aseguró que el Centro de Historia Contemporánea de Cataluña, junto a centros de investigación universitarios, "trabajarán para tener un banco de datos" sobre el coste humano de la represión franquista.

Benet expresó su queja por no haber conseguido el pañuelo que Companys llevaba cuando murió fusilado ni las dos últimas fotos que se le hicieron durante el consejo de guerra. Bargalló explicó a los periodistas tras el acto que la Administración central se ha comprometido a entregar a la Generalitat los tres objetos en caso de que se localicen.

Benet se mostró satisfecho por la versión en castellano de la obra (Lluís Companys, presidente de Cataluña, fusilado; Península) que, según anunció Bargalló, presentará Nicolás Sartorius en Madrid el 27 de noviembre.

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