La Cámara de Cuentas detecta errores en la oficina de rehabilitación del casco histórico de Cádiz

Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha advertido errores en la contratación de obras por parte de la Oficina de Rehabilitación del casco histórico de Cádiz, dependiente de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). Según el órgano fiscalizador, la tramitación de las obras no se ha ajustado a la normativa propia de una administración pública. EPSA, que depende de la Consejería de Obras Públicas, ha anunciado que presentará alegaciones contra este informe. No obstante, la Junta califica los fallos detectados como "simples cuestiones de forma".

El informe, avanzado ayer por Diario de Cádiz, encuentra anomalías también en los numerosos añadidos no previstos "fundamentalmente por cambios de los programas de trabajo y plazos de la ejecución". Modificaciones que, en algunos programas, han supuesto incrementos del presupuesto inicial de hasta el 18%. La Cámara de Cuentas andaluza advierte además de que, en determinadas infraviviendas rehabilitadas, no consta la necesaria licencia de ocupación pisos.

La fiscalización corresponde al período 1999-2002, los primeros años de funcionamiento de la oficina, creada para la Junta para gestionar y coordinar el ambicioso programa de rehabilitación del casco histórico gaditano. Se ha actuado en unas 4.000 viviendas para lo que se han comprometido 131 millones de euros. El delegado de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, trató ayer de restar importancia al contenido de este documento. "Se refiere sólo a cuestiones formales porque la oficina siempre ha trabajado dentro de la legalidad".

Lorenzo aclaró que los errores advertidos en el informe se produjeron entre 1999 y 2001, cuando la Empresa Pública de Suelo, que debía regirse por la ley de contratos del Estado, usó el derecho privado para algunas de sus actuaciones. "En aquel momento, esta forma de actuar estaba avalada por la jurisprudencia existente y por informes internos que garantizaban que este procedimiento era correcto". Esta situación se modificó a partir de 2001.

De esta forma, la Cámara de Cuentas alerta de que algunas obras habían sido adjudicadas a empresas sin haberse acogido a una clasificación empresarial que exige la ley de contratos del Estado. O que las modificaciones presupuestarias se llevaron a cabo durante la obra y no en la liquidación una vez hubiesen concluido, como se exige.

El delegado de Obras Públicas confirmó que la EPSA ha presentado alegaciones ante la Cámara de Cuentas de Andalucía, por entender que su actuación fue la correcta y se limitó a seguir los criterios de sentencias anteriores o informes internos. Lorenzo insistió en que, al margen de "estas cuestiones formales", la oficina "funciona bien y está dando grandes resultados para Cádiz".