Necesaria colaboración

El problema de la inmigración ilegal de subsaharianos a través de Ceuta y Melilla afecta ante todo a España, pero es también un problema para Marruecos y para el conjunto de la Unión Europea. Un buen entendimiento entre Rabat y Madrid es condición necesaria pero no suficiente para resolverlo. Su dimensión requiere la cooperación de todos los países implicados, los de origen, los de tránsito y los de destino, que no se reducen únicamente a España. De ahí lo adecuado de la idea, lanzada ayer por los ministros español y marroquí, Moratinos y Benaissa, de una Conferencia Euro-Africana que tome medidas para controlar estos flujos de migración.

Buena parte de estas medidas pasan por ayudas financieras. Marruecos, como casi todos los países de la zona, no dispone de medios para controlar sus fronteras con Argelia y Mauritania, por donde entra a raudales esta inmigración que a menudo no puede devolver a sus países de origen por carecer de acuerdos bilaterales. La cooperación marroquí demostrada en estas últimas semanas no se había dado nunca. La presencia de 10.000 policías para evitar que estos inmigrantes pasaran a Ceuta y Melilla, plazas cuya soberanía española no reconoce Marruecos, indica una implicación sin precedentes. Si esta crisis hubiera estallado en los peores momentos de la relación bilateral durante los Gobiernos de Aznar, planes como los euro-africanos o la constitución de una comisión bilateral anunciados ayer ni siquiera se hubieran podido plantear.

Cabe recordar que entre 2000 y 2004, cuando el PP endureció su política de inmigración con la Ley de Extranjería, se produjo la mayor avalancha de entradas ilegales. Hablar ahora del efecto llamada en relación al reciente proceso de regularización es un tópico, que no dispensa de emprender las necesarias políticas de información en los países de origen de los inmigrantes. Porque una de las enseñanzas de esta crisis es que España y la UE deben hacer llegar a esos países la realidad de los riesgos de emprender la aventura de la entrada ilegal. Es una de las políticas complementarias de la regularización de la pasada primavera.

Sin olvidar que la auténtica llamada es la que produce la tremenda desigualdad económica que separa a ambas vertientes del Mediterráneo. Y esa distancia no admite soluciones a corto plazo, sino tan sólo medidas de emergencia para hacer compatible el respeto de las fronteras y el de los derechos humanos en todas las operaciones que se realizan en la zona. Era obligado que el Gobierno suspendiera la repatriación de subsaharianos hacia Marruecos después de las denuncias de algunas ONG sobre las condiciones en que se estaban realizando. Como lo es que el Gobierno no se desentienda del destino de los grupos de desplazados en distintos puntos del sur de Marruecos.

Todo lo que se haga para acrecentar la vigilancia sobre el trato que reciben estas poblaciones desplazadas será poco, pero no deja de ser sospechoso que quienes piden expulsiones fulminantes denuncien a la vez a Marruecos por atentar contra los derechos humanos. Cuando el PP estaba en el Gobierno no dudó en mandar a varias decenas de inmigrantes ilegales drogados y esposados -en violación de las normas internacionales- en un avión a, como ahora dice, "no se sabe dónde".