La Comisión Europea asegura que la nueva ley urbanística aún no cumple las directivas comunitarias

La Comisión europea consideró ayer que el proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV) vulnera la legislación europea, a pesar de que presenta "muchas mejoras" respecto a la legislación vigente de 1994. Ésta fue la valoración del Ejecutivo de la UE en el primer debate en la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo del Informe Fortou, que investiga 15.000 denuncias de propietarios de fincas sobre presuntos abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana. El informe, no vinculante, denuncia la utilización de métodos leoninos de expropiación y propone la creación de una comisión ad hoc que se encargue de las indemnizaciones a los afectados por los planes urbanísticos.

La LUV está "aún lejos" de cumplir la directiva europea de contratos públicos, destacó Matthias Petschke, representante de la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea, durante su intervención en el Parlamento Europeo. Petschke especificó que la LUV -en fase de tramitación en las Cortes Valencianas- debe incluir una serie de medidas que garanticen la transparencia y la publicidad de los concursos, entre las que destacó la especificación de los criterios en el pliego de condiciones del concurso, la publicidad de los criterios de adjudicación y la información a los interesados. La CE trabaja en un expediente abierto a España tras considerar que algunas adjudicaciones realizadas en cumplimiento de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), aprobada en 1994, vulneran las exigencias comunitarias.

El debate del Informe Fortou en la Comisión de Peticiones se produce después de que un grupo de eurodiputados -entre ellos la liberal francesa Janelly Fortou- viajara a Madrid y a la Comunidad Valenciana en junio para investigar las quejas de 15.000 propietarios que consideran vulnerados sus derechos.

El texto del informe considera "leoninos" los métodos de expropiación de terrenos, "con valoraciones muy bajas con el objeto de revender posteriormente a un precio de mercado elevado, y bajo condiciones de información que no permiten a los interesados reaccionar". Fortou destacó ayer en su intervención la falta "de respeto y consideración al ciudadano" de las autoridades valencianas.

El informe felicita, no obstante, a la Comunidad Valenciana por la redacción de una nueva ley urbanística que reemplazará a la LRAU. La Comisión Europea abrió hace unos meses un expediente informativo a España porque la LRAU no garantizaba estos aspectos.

Además de la eurodiputada liberal Janelly Fortou intervinieron en el Comité de Peticiones la secretaria autonómica de la Consejería de Territorio, Cristina Serrano, el Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, el presidente de la coordinadora de Abusos Urbanísticos No (AUN), Charles Svoboda, y José Crespo, también en representación de los afectados.

Del Rosal explicó las demandas de los propietarios que en su opinión aún deben referirse "claramente" en la LUV. Entre ellas citó la obligación de "notificación administrativa" a los propietarios sobre actividades urbanísticas en sus propiedades, la "aplicación expresa" de los requisitos de la ley española de contratación pública, "extremar el control" para que se valoren las propiedades afectadas según el mercado y fomentar que los propietarios constituyan "agrupaciones de interés urbanístico".

La secretaria autonómica Cristina Serrano explicó tras la sesión que la CE, tras conocer la redacción del anteproyecto de la LUV, emplazó hace una semana a la Generalitat para que en el plazo de un mes subsane una serie de cuestiones. "Nuestros servicios jurídicos están elaborándolo", dijo Serrano, quien insistió en que "existe voluntad" de la Generalitat "de recoger los que nos está diciendo la CE, pero todavía estamos en plazo". De hecho, la secretaria autonómica reconoció que el plazo de presentación de enmiendas se ha prorrogado varias veces a petición del PP precisamente por este motivo.

En el turno de intervenciones de los diferentes grupos políticos, el eurodiputado popular José Manuel García Margallo subrayó que en España existe un estado de derecho que se sustancia en la Administración de Justicia. Sobre las indemnizaciones, el eurodiputado apuntó que no se pueden plantear fuera de un fallo judicial. Carlos Iturgaiz, compañero de grupo, avaló la política del Consell "por derogar la LRAU, aprobada por el PSOE en 1994". Según Iturgaiz, la LUV "corregirá definitivamente la abusiva aplicación de la LRAU, que ha generado quejas en ciudadanos españoles y del resto de la UE".

El socialista Joan Calabuig reclamó que se depuren las responsabilidades políticas que correspondan "tanto por la falta de atención a los miles de ciudadanos afectados como por la aplicación sin control de la ley". Según el eurodiputado socialista, "no ha habido voluntad en los 10 años de gobierno del PP de desarrollar el reglamento urbanístico [de la LRAU] ni tampoco de aplicar los mecanismos de control de la ley". Calabuig pidió a la Generalitat que establezca los mecanismos necesarios para atender inmediatamente a los afectados y, de otra, la necesidad de que la LUV incorpore las recomendaciones del Síndic de Greuges, que, como reconoce la propia Consejería de Territorio se han aceptado ocho de un total de 12.

El eurodiputado del Los Verdes/ALE, David Hammerstein, denunció que la costa mediterránea se ha convertido "en el salvaje oeste europeo, donde pistoleros urbanísticos pisotean impunemente los derechos fundamentales y el medio ambiente de todos los valencianos". El europarlamentario verde anunció que su grupo pedirá en el periodo de enmiendas al informe de Fortou -el plazo de presentación acabará el 8 de noviembre y el texto se discutirá y votará en el Parlamento Europeo a mediados o finales de diciembre- una moratoria para todos los Programas de Actuación Integrada (PAI) que están tramitándose en estos momentos en la Comunidad Valenciana. Según Hammerstein, el informe abierto por la Comisión Europea a España por la aplicación de la LRAU podría ampliarse por sus consecuencias sobre los consumidores y sobre la legislación medioambiental.

Charles Svoboda, presidente de Abusos Urbanísticos No, la asociación que agrupa a la mayoría de los denunciantes, aseguró ayer en Bruselas que la "connivencia entre el Gobierno valenciano y los promotores inmobiliarios" deja indefensos a los propietarios, a los que según Svoboda, se les exige el pago de cuotas de urbanización "disparatadas". Los representantes de AUN pidieron más concreción en la ley que sustituirá la LUV y que se tramita en estos momentos en el Parlamento valenciano. El portavoz jurídico de AUN, Jaume Sendra, insistió en que ni la LRAU ni la LUV con su redacción actual "cumplen con la legislación europea y la estatal". Según el abogado de la coordinadora, "se está vulnerando no sólo los aspectos relacionados con la contratación de proyectos sino también los relativos a la competencia".