LOS PROBLEMAS DE LOS INMIGRANTES

ACNUR calcula que en Melilla hay 150 candidatos a asilo político

La adjunta al Defensor del Pueblo estudiará las muertes y repatriaciones

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que entre los subsaharianos del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla podrían contabilizarse entre 100 y 150 que desean solicitar asilo político. Deborah Elizondo, la encargada de la sección legal de ACNUR España mostró su preocupación por las trabas que podrían encontrar personas procedentes de países en conflicto, como Liberia o Costa de Marfil, para tramitar su petición de asilo.

"Comprendemos que haya un retraso por la cantidad de personas, pero tendrían que aumentar los medios", indicó Elizondo, que ayer comenzó una visita de tres días a Melilla,

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Elizondo recordó que los solicitantes de asilo tienen derecho a recibir asistencia letrada gratuita y un traductor. "Nos preocupa que en el afán de devolución se podrían haber llevado por delante personas que tendrían necesidad de protección", indicó.

María Luisa Cava de Llano, adjunta primera del Defensor del Pueblo, también llegó ayer a Melilla para interesarse por la situación de los inmigrantes subsaharianos. Después de acudir a la delegación de Gobierno, Cava de Llano aseguró que la institución estudiará con detenimiento el informe sobre las muertes desde el 28 de agosto de nueve africanos que intentaban cruzar la valla de Melilla (hubo al menos otras cuatro en Ceuta). "Hemos venido a ver si las cosas se están haciendo como se deben hacer, y aún no tenemos una opinión definitiva", señaló Cava de Llano.

La adjunta al Defensor se mostró muy crítica con las llamadas "expulsiones inmediatas", esto es la decisión de abrir una compuerta en la verja que separa España de Marruecos para devolver rápidamente a los inmigrantes que se han quedado atrapados en medio de la doble barrera de alambre de espinos. "Las devoluciones deben realizarse respetando la legalidad vigente", que no permite este tipo de medidas, aseguró.

Sin embargo, respecto a la repatriación de 70 subsaharianos, basada en un convenio con Marruecos, Cava de Llano prefiere pensar que se han hecho "con todas las garantías", aunque también estudiarán el informe del delegado del Gobierno.

La adjunta al defensor recuerda que sus competencias "se quedan en territorio español", aunque mostró su preocupación por lo que está sucediendo en Marruecos y anunció que podría dirigirse al Consejo Consultivo de Derechos Humanos de Marruecos si se confirman las irregularidades.

El obispo de Málaga, Antonio Dorado, por su parte, denunció ayer el trato que están recibiendo los inmigrantes. En un comunicado, el prelado del que depende la diócesis de Melilla reclamó la intervención de la ONU y la Comisión Europea para buscar "una solución acorde con su dignidad".

La adjunta al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano (derecha) en la frontera de Melilla.
La adjunta al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano (derecha) en la frontera de Melilla.

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