La apuesta arriesgada de Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero afronta un serio riesgo ante el debate en las Cortes del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña. Si fracasa, si los partidos no logran el consenso, lo más grave sería la conversión de un conflicto partidista en otro institucional, entre el Parlamento catalán y las Cortes. Si lo logran, se avanzará en una España que al reconocer su pluralidad esté más unida, según el entorno de Zapatero.

Zapatero ha sido criticado por no haber controlado al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y no haber calculado que el proceso de reforma del Estatuto iba a estar sometido a una carrera al alza entre partidos nacionalistas que compiten por el poder. Eso explicaría el texto de máximos que ha llegado a las Cortes.

Le preocupa más el debate sobre el modelo de financiación que el término nación

Zapatero se implicó en la reforma del Estatuto en la campaña catalana de 2003, y en el tramo final para la aprobación del texto en el Parlamento catalán. En el año y medio de su debate en Cataluña trató de que se respetase el procedimiento y apenas intervino. Sólo lo hizo una vez para criticar el modelo de financiación propuesto por la Generalitat, si bien ministros como Fernández de la Vega y Jordi Sevilla han realizado críticas puntuales. Ha pedido a los partidos nacionales que esperen a enmendarlo en las Cortes.

Zapatero confía ahora, según su entorno, en que la reforma del Estatuto logre el consenso en las Cortes por la necesidad de los partidos catalanes -con la excepción, quizás, del PP- de que el proyecto no fracase. La explicación de la apuesta arriesgada de Zapatero radica en su confianza en un proyecto político y en una historia heredada.

A primeros de 1998, el lehendakari José Antonio Ardanza presentó al presidente José María Aznar un plan con el que pretendía afrontar nuevas demandas de autogobierno y una guía para la normalización en Euskadi. Se le bautizó plan Ardanza. El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, lo juzgó audaz, pero se mostró favorable a debatirlo. No pensó lo mismo Aznar y dio portazo al plan. Meses después, el PNV sellaba con Batasuna el Pacto de Lizarra, con el aval de ETA, y, tras el fracaso de esta aventura, en 1999, el nuevo lehendakari, Juan José Ibarretxe, anuncia un plan soberanista: el plan Ibarretxe.

Esta historia marcó a Zapatero, entonces vocal de la Ejecutiva del PSOE. Pensó que si se hubiera negociado el plan Ardanza es probable que no hubiera venido después algo peor, como el plan Ibarretxe. Lo tiene tan grabado que lo recordó el jueves, en un coloquio: "A las nuevas demandas no se puede responder con parálisis. Esto supone retrocesos y riesgos".

De modo que, cuando en Cataluña se plantearon nuevas demandas de autogobierno y de revisión del modelo de financiación y se plasmaron en propuestas de reforma del Estatuto de Sau de todos los partidos, menos el PP, en 2002, Zapatero, elegido secretario general del PSOE dos años antes, no dudó en que las afrontaría cuando se materializasen en un proyecto pactado en Cataluña.

Aznar había hecho lo contrario, tras las elecciones catalanas de 1999. Aquéllas las ganó Jordi Pujol, pero, al no contar con mayoría, necesitó del PP para gobernar y Aznar le puso como condición que olvidara reformar el Estatuto. La política de cierre autonómico de Aznar tuvo serias consecuencias en Cataluña, donde creció la sensación de agravio.

Zapatero se encontró con esta herencia. En el reto también estaba implicado el PSC, que abogaba por un pacto, con ERC e IU-IV, encabezado por Maragall, como alternativa al Gobierno de Pujol. Este reto autonómico, que en Cataluña ya estaba en las ofertas electorales de los partidos en 1995 y 1999, también se planteaba en Andalucía -Chaves había anunciado en 2002 la reforma del Estatuto-; en la Comunidad Valenciana, donde el PP quería reformar su Estatuto para poder convocar elecciones; en Canarias y Galicia.

Para afrontar las nuevas reformas estatutarias y ante la cercanía de las elecciones catalanas de noviembre de 2003, Zapatero convocó a los líderes territoriales del PSOE para aunar posiciones. De allí salió la Declaración de Santillana del Mar, de agosto de 2003.

Zapatero, ex profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de León, redactó esa declaración. El texto no fija los contenidos de las reformas estatutarias. Lo que fija es el procedimiento para realizarlas: se harán con amplio consenso, se ajustarán a la Constitución y al interés general.

El programa electoral de las generales de 2004, que coordinó Zapatero, y que abordó el PSOE, tras la Declaración de Santillana del Mar, le aporta contenidos. Se resume en un aumento del autogobierno y de la cooperación entre las autonomías, con una oferta para los tres poderes: Conferencia de Presidentes, para el Ejecutivo; reforma del Senado, para el Legislativo, y el aumento del poder de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, en el Judicial.

Zapatero rehuyó que el proceso de reformas estatutarias conllevara una reforma constitucional. No quiso abrir el título octavo de la Constitución, sobre las autonomías. En su programa electoral se limitó a proponer dos reformas constituciones puntuales sobre las autonomías: la del Senado y la denominación de las comunidades en la Constitución. Desarrolló su discurso territorial desde que fue elegido líder socialista en julio de 2000, mucho antes de que Maragall y Chaves presionaran para que el PSOE asumiera las reformas estatutarias.

Zapatero se define como patriota constitucional y no nacionalista. "Rechaza la visión esencialista de España, de la que tanta gala hace el sector más radical del PP. Su orgullo como español procede de su pertenencia a una comunidad libre, que lucha por la justicia y la solidaridad. Por eso, le preocupa más el debate sobre el modelo de financiación que el término nación. Es una visión nueva, basada en el republicanismo cívico y en la tradición de la revolución democrática", señalan en su entorno.

Con esa visión, apuesta por la España plural. Cree que si las autonomías ven reconocida su identidad y su autogobierno, estarán más dispuestas a cooperar entre ellas y con el Estado. "Zapatero cree que las autonomías tienen una oportunidad histórica y que una solución pactada pueda servir, al menos, para una generación. Por eso confía en que los partidos pacten en las Cortes la revisión del texto del Estatuto catalán, que es un avance en esa dirección", dice su entorno.